La violencia armada es un tema prioritario en nuestra agenda de investigación, pues el efecto devastador de las armas de fuego en nuestro país es evidente: Venezuela, después de Puerto Rico es el país del continente americano que tiene la mayor proporción de homicidios causadas por armas de fuego (Small Arms Survey 2012). 

Asimismo, uno de los hallazgos de nuestras investigaciones es la identificación de la mutación de una violencia que anteriormente se concentraba en las ciudades, hacia una violencia distribuida en zonas calientes rurales. Uno de los focos de nuestros trabajos de investigación futuros constituyen aquellas expresiones armadas que permiten vislumbrar una violencia mucho mas “organizada” y estructurada perpetrada por diferentes actores: desde los órganos de seguridad del estado hasta organizaciones delictivas –conocidas en el medio periodístico venezolano como las megabandas—, pasando por diversos grupos armados irregulares que han proliferado en el país.

La severa crisis económica en Venezuela, evidente a partir del año 2014, ha contribuido a la expansión de mercados informales e ilegales como alternativa a la contracción de la economía formal. Mercado de drogas ilícitas, de productos regulados redirigidos al mercado negro, de productos robados y de sexo, habrían crecido como parte de estrategias de supervivencia o amparados por sectores vinculados con cuerpos de seguridad o grupos armados. Este es el foco de uno de nuestros próximos estudios.

La organización más sofisticada del mundo criminal en el país a su vez ha originado una fase de operativos militares, marcadamente más letales que los del pasado. Esta situación la hemos  hemos documentado en trabajos recientes  (Antillano y Ávila, 2017; Ávila, 2017; Zubillaga y Hanson, 2018).  Los Operativos militares letales han tendido a institucionalizarse en unas nuevas fuerzas policiales denominadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía (FAES). Las fuerzas policiales venezolanas se han convertido en una de las más letales de la región como lo documenta Monitor de Fuerza Letal (2019). 

Las FAES, han sido expresamente mencionadas en el último informe de la Alta Comisionado de la Oficina de Derechos Humanos Michele Bachelet, en el que se recomendó su eliminación y procesos de investigación y de reparación a víctimas. Nuestras investigaciones han arrojado no solo un número muy alto de víctimas de distintas expresiones de violencia en el país, sino situaciones muy diversas de victimización. Sobre la base de los registros que hemos realizado, hemos encontrado a una gran cantidad de esas víctimas que claman por justicia, sanación, reparación y protección.