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Michael Reed

Michael Reed en Contrapunto: Justicia venezolana no ha sancionado a las cadenas de mando por violaciones de DDHH pero de que podría hacerlo, podría

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En días recientes publicamos una entrevista a Cristian Correa, abogado del International Center for Transitional Justice (ICTJ), hecha por el medio digital Contrapunto.

Continuando en el marco de la conferencia Asegurando Justicia para Venezuela, que llevamos a cabo en julio del año en curso, esta vez publicamos una entrevista hecha por el mismo medio a Michael Reed-Hurtado.

Reed-Hurtado es un abogado colombo-estadounidense y Profesor de la Universidad de Georgetown. Fue uno de los invitados internacionales con quien compartimos durante las pasadas jornadas de julio.

«La demanda de justicia de la ciudadanía venezolana no la puede satisfacer la Corte Penal Internacional», subraya el abogado colombo-estadounidense, del Centro Guernica para la Justicia Internacional. Afirma que en Venezuela tan solo se inicia el largo y doloroso recorrido hacia el reconocimiento de las víctimas, «que implica confrontar la negación de distintos procesos de victimización y diversas formas de sufrimiento que se han extendido durante décadas»

Pareciera que Michael Reed-Hurtado no solo quiere nadar contra la corriente, sino también caer pesado. Cuando el abogado colombo-estadounidense, del Centro Guernica para la Justicia Internacional y la Universidad de Georgetown, afirma que «la demanda de justicia de la ciudadanía venezolana no la puede satisfacer la Corte Penal Internacional», más de un ceño seguramente se frunce.

Hace alusión no solo a la represión gubernamental contra las protestas en 2014 y 2017 y a los presos políticos, sino también a los operativos policiales contra comunidades empobrecidas. También, a las operaciones contra la insurgencia. «Hay muchas violaciones de derechos humanos que se han cometido en territorio venezolano durante muchísimo tiempo, y el ejercicio de responsabilidad en los sucesivos gobiernos ha sido débil o ausente. Hay un problema histórico de asunción de responsabilidad, hay un problema histórico en el que cuerpos de seguridad cometen crímenes de manera impune. Hay un pasado de represión contrainsurgente que no ha sido objeto de investigación», describe.

La conversación con contrapunto.com transcurre en dos tiempos. El primero, un diálogo por zoom. El segundo, por wasap. Ambos son consecuencia de las reflexiones generadas durante jornadas organizadas por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin).

Las expectativas sobre la CPI están apartadas de la realidad, asevera, y recuerda que el Estatuto de Roma parte de la complementariedad; es decir, que los procesos de justicia «se sigan en el foro doméstico». Por eso gran parte de la tarea es «promover esfuerzos concretos y reales de justicia en los países». Quien ignore este principio «está manipulando de manera intencional o no conoce lo suficiente para entender que el propósito de la CPI es no actuar, sino promover que las cosas se hagan en el foro doméstico».

No hay la menor duda, reitera, «de que se han cometido violaciones graves de derechos humanos en territorio venezolano, no hay la menor duda de que hay compromiso de las autoridades estatales en el planeamiento y ejecución, pero no todo se resuelve a golpe de derecho penal; ni siquiera con una, dos o tres acciones ejemplarizantes que pueda tomar la CPI».

Como abogado, remarca que se saca mucho más provecho al robustecer y promover acciones concretas en el el país que decir que se va a adelantar un caso y sostener la responsabilidad penal de cinco personas. «Esto no quiere decir que el derecho penal no tenga lugar en la respuesta a los problemas que plantea Venezuela», aclara.

El sistema de justicia no ha sancionado a las cadenas de mando por violaciones de derechos humanos. «No lo ha hecho, pero de que podría, podría», recuerda. Todo depende de capacidad técnica y voluntad política.

Mucha retórica y pocos dientes

«El uso del derecho penal internacional (DPI) para enmarcar las denuncias de violaciones manifiestas a los derechos humanos y otras situaciones derivadas del abuso de poder en Venezuela es extendido y se torna problemático. Por un lado, el derecho penal internacional es un poderoso recurso retórico que emociona y parece dar renovado vigor a las voces que claman justicia; por otro lado, es un recurso con pocos dientes y (algo) escandaloso», afirma.

En su opinión el derecho penal internacional «puede ser útil en el contexto venezolano, pero el radiante camino de promesas y expectativas que se ha tendido está repleto de delirios y trampas. El éxito retórico de este paradigma puede conducir a terrenos pantanosos. Por ejemplo: la politización y la instrumentalización de una rama del derecho internacional que carece de un corpus juris consolidado pueden llevar a evoluciones poco útiles (incluyendo su dilución, en la medida en que el ladrido del DPI es mucho más fuerte que su mordida)». También señala que la promesa de una CPI «que produce justicia cuando el sistema nacional protege a los presuntos responsables probablemente se puede aguar, contribuyendo, aún más, a la imagen de un órgano internacional inefectivo que, no ha sabido despegar (o aterrizar) en los contextos latinoamericanos».

Reed aclara que no quiere desanimar a nadie. «No se trata de desalentar a quienes en Venezuela promueven procurar justicia en relación con graves crímenes amparados por el poder, pero sí aterrizar algunas de las aspiraciones que se han extendido sobre la CPI».

Las instancias internacionales, «además de contribuir al reconocimiento de las violaciones y las personas victimizadas, elaboran el rastro de la injusticia y hacen explícito el incumplimiento de los compromisos internacionales por parte de Estados que, como el venezolano, niegan y ocultan las atrocidades y sus responsabilidades». Son «instancias valiosas, pero no reemplazan la (necesaria) acción estatal. Los mecanismos internacionales de protección (por ejemplo, los del sistema interamericano) limitan, controlan, condicionan y complementan la acción estatal, de acuerdo con compromisos soberanos; pero no la sustituyen».

Es decir, que las presiones internacionales «son medios para conseguir cambios en el plano nacional, no son un fin en sí mismo». Por ende, la acción de la CPI «debe maximizarse para fortalecer el proceso de procuración de justicia en Venezuela. La intervención de la CPI no debe ser vista como un fin en sí mismo; además, es un instrumento particularmente selectivo: de hacerse cargo de algunos casos, no escogerá más que un manojo. El resto debe tramitarse en sede nacional».

CPI: Muy específica

Según su análisis, en Venezuela «hay un universo amplio y variado de conductas que exigen la puesta en marcha de mecanismos efectivos de rendición de cuentas» y que no forman parte del examen de la CPI. «Se trata de conductas graves que requieren justicia, pero que no son crímenes de lesa humanidad o no son los crímenes de lesa humanidad sobre los cuales ha decidido enfocarse la Fiscalía. Estas tendrán que ser juzgadas, eventualmente, en sede nacional. Ante la perpetración masiva de conductas, la respuesta al cúmulo de casos no provendrá de un organismo internacional que aplica esta rama del derecho internacional público. Como en todas las otras realidades, la investigación y juzgamiento de esos casos recae sobre las autoridades nacionales».

La intervención de la CPI es muy específica, enfatiza. «La carga preponderante de investigación, juzgamiento y establecimiento de responsabilidades de conductas que acarrean crímenes internacionales recaerá, en todo caso, sobre las autoridades nacionales. Es decir, el proceso de hacer justicia será principalmente nacional. En resumidas cuentas, el proceso ante la CPI es lento, engorroso e incierto, y hay muchos factores (legales, políticos, económicos y de seguridad) que lo condicionan y que seguramente lo empantanarán. En el mejor de los casos, la ruta es farragosa e incierta y extraña para la mayoría de la ciudadanía venezolana. Además, el recorrido será resistido activamente».

Es hora de pensar, sostiene, «cómo se puede conducir este camino para que tenga efectos favorables en la búsqueda de la justicia en Venezuela: la activación de la competencia de la CPI no es un fin en sí mismo, es un medio para promover justicia en el plano nacional».

Una respuesta a las víctimas

¿A qué deben aspirar las personas victimizadas? «Las personas victimizadas deben aspirar a la realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y esas aspiraciones solo se pueden satisfacer mediante un proceso robusto de consecución de justicia. El proceso de reivindicación ya se inició; hay ciudadanas valientes y demandantes que encaran la negación oficial y demandan justicia por la muerte de sus familiares». E incluso en condiciones adversas «su proceso de reclamación es el punto de partida. Ahora, es el turno de la sociedad y del Estado: deben reaccionar. ¿Cómo las van a acoger? ¿Cómo van a reconocer su sufrimiento y cómo van a procesar sus reclamos?».

Con base en su experiencia, Reed-Hurtado asevera que, aunque se habla sobre víctimas, «en Venezuela tan solo se inicia el largo y doloroso recorrido hacia su reconocimiento, que implica confrontar la negación de distintos procesos de victimización y diversas formas de sufrimiento que se han extendido durante décadas. Siguen proliferando los discursos justificativos de la violencia; continúan negándose ciertos hechos; se sigue culpabilizando a ciertas víctimas; y, censurablemente, hay unas víctimas que siguen valiendo más que otras».

Esto indica que «el camino será largo y, poco o nada, se ha reflexionado sobre las implicaciones de tender ese recorrido en torno a una víctima-ideal, un modelo único (abstracto) que nada tiene que ver con el universo real, plural y diverso de las personas que han sido victimizadas en Venezuela».

Es deber del Estado venezolano, insiste, «desplegar el poder público de manera responsable y transparente para hacer justicia, según las pruebas, especialmente en el caso de patrones de perpetración sistemática, como lo ilustran las ejecuciones cometidas por miembros de los cuerpos de seguridad en contra de jóvenes pobres que habitan barrios marginales de diferentes centros urbanos».

Cristian Correa en Contrapunto: En Venezuela tenemos que dar garantías para que cualquier proceso de justicia no sea la justicia de los vencedores

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El pasado mes de julio, llevamos a cabo la conferencia Asegurando Justicia en Venezuela, una jornada intensiva de tres días que convocó presencial y virtualmente a académicos, activistas de Derechos Humanos, periodistas y miembros de la sociedad organizada, dentro y fuera del país.
Bajo el objetivo de construir reflexiones entorno la violencia armada y su legado, y la búsqueda de justicia en Venezuela,  estos encuentros también se propusieron vislumbrar las rutas posibles para construir una sociedad más inclusiva y pacífica. 
Margarita López Maya (Universidad Central de Venezuela), Mariela Ramírez (Dale Letra), Geoff Ramsey (WOLA), Temir Porras (Paris School of International Affairs), Marino Alvarado (PROVEA), Luis Cedeño (Paz Activa), Benigno Alarcón (Centro de Estudios Políticos-UCAB), Michael Reed-Hurtado (Georgetown University) y Cristián Correa (International Center for Transitional Justice (ICTJ), fueron solo algunos de los ponentes que participaron en la conferencia.
Cristian Correa, abogado experto en Derechos Humanos del Centro Internacional de Justicia Transicional, fue entrevistado por Vanessa Davies, también ponente de uno de los días de la jornada.
Compartimos con ustedes la entrevista hecha para el medio digital Contrapunto.

Foto por Vanessa Davies

Del derecho penal se espera la capacidad de igualación de poder, porque la violencia refuerza el poder del perpetrador “y uno busca que el derecho penal equipare los poderes. Pero la equiparación del poder no está necesariamente en la sanción, sino en cómo el proceso ayuda a que ese personaje poderoso baje la cabeza, reconozca su responsabilidad, y en qué medida eso es más sanador para la víctima que saber que el perpetrador va a estar 25 años en la cárcel”

Si algo queda claro al escuchar a Cristián Correa, integrante del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), es que no hay fórmulas que funcionen para resolver todos los conflictos del mundo. Tampoco las hay para dar salidas al conflicto de Venezuela. Correa visitó Venezuela y participó en una actividad académica realizada la semana pasada en Caracas y organizada por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, la Universidad Simón Bolívar, WOLA, la Universidad de Tulane y la Universidad de Florida.

“Teóricamente pareciera que fuera necesario” un cambio político para la justicia, porque “son mecanismos que deben gozar de legitimidad amplia”, pero la realidad es que la vía para lograrlo “es comenzar a hacer cambios ahora”, afirma. “En todas las transiciones ha habido acciones y procesos sociales y políticos que se avanzan durante la existencia del régimen anterior, y que son los sientan las bases de los procesos que se pueden hacer después”.

Correa considera que para el contexto venezolano sería importante examinar “la Colombia de 2006”, en la que “hay una ley de justicia y paz, en la que hay presencia de paramilitares, en la que Uribe sigue siendo presidente, pero hay un proceso de reconocimiento de los desplazados y se ven forzados a hablar de reparación. No pueden desmovilizar a los paramilitares sin que haya un examen de responsabilidad penal y sin que haya alguna referencia a algo muy primigenio de reparación de justicia y paz, y luego, de reparación administrativa”.

Lo que se hizo en ese momento en Colombia, relata, fue determinante para lo que se avanzó posteriormente. Por eso “no puede uno exigir al proceso de negociación definir una agenda de la nada. Hay que iniciar acciones que sean ariete contra la resistencia de ambas partes de colocar estos temas en la mesa para forzar a tener que ver este tema, y tener que verlo de una forma propiamente venezolana”.

-¿Hacer qué cosas ahora?

-Reconocimiento de las experiencias de personas que han sufrido. Capacidad de juntar a personas que han sufrido, compartir esos sufrimientos y reconocer la experiencia común. Compartir que yo pude haber sido oprimido por uno, tú pudiste haber sido oprimido por otro, pero nuestra experiencia es común. Hacer procesos humanitarios, que reconocen a personas que han sufrido sin tener que poner el rótulo de si es o no es violación. Pero los números fuerzan a hacerse la pregunta.

-¿Encuentros de víctimas?

-Encuentros de víctimas, organización de víctimas, vínculos entre sociedad civil y víctimas.

-¿Para qué?

-Para generar mecanismos de presión a los actores políticos de que este problema hay que resolverlo de una forma que responda a las necesidades de esas víctimas. ¿Por qué? Si vamos a interrumpir los ciclos de violencia que han plagado al país en 60 años o en toda su historia es a través del reconocimiento de derechos de víctimas; se pueden reconocer esas historias y decir “esto no es simplemente un cambio de gobierno, esto es un cambio de cómo nos miramos y nos reconocemos”, especialmente en un país cruzado por diferencias sociales, por incapacidad de mirarse a los ojos con dignidad.

-¿Sería que las víctimas de todos puedan encontrarse y exigir que el tema esté en la agenda?

-Claro. Y agregaría la necesidad de recomponer ciertas necesidades básicas en lo humanitario, en los servicios de salud, en los servicios de educación, de agua, de electricidad. Es un área que les compete a todos, que todos necesitan y hay un interés común de que eso funcione. Y, también, hacerse cargo de los expulsados, y generar condiciones suficientes para que el retorno sea posible.

-¿Cuáles son las barreras para que las víctimas se encuentren? ¿Cómo se puede trabajar?

-La forma cómo se plantea el ser víctima es muy importante para ver si hay cosas que te unen o te dividen. Creo que la experiencia del sufrimiento común es algo que nos humaniza, que tenemos todos como seres humanos. Yo perdí un hijo, tú perdiste un hijo, y no importa tanto el cómo o el quién. Es esa experiencia. La capacidad de víctimas que tienen acceso a ciertas instancias de poder de hablar en favor de los derechos de las otras víctimas, porque no quiero que a otro le ocurra lo que me pasó a mí, o lo que le pasó a otro, o a mi hijo, o a mi hija. ¿Cómo fortalecer esa empatía común como seres humanos que hemos experimentado la pérdida, y que nos une esa pérdida?

Foto por Vanessa Davies

-¿Se necesitan organizaciones que intenten ese esfuerzo de encuentro?

-Hay una labor importante que está haciendo y que puede hacer con mayor fortaleza la sociedad civil. Hay que pedirles a los actores políticos dar espacio y comprometerse a no utilizar o enfatizar el que estas son tus víctimas y estas son mis víctimas. De la experiencia colombiana la mesa en La Habana es forzada a reconocer la experiencia común de víctimas cuando las víctimas llegan a ella y los confrontan a ambos: a gobierno y a FARC. Usted no diga que hace esto por mí. Que las víctimas confronten a su lado porque no escucha a las víctimas que ese lado ha causado.

-¿Eso le corresponde a la sociedad civil? ¿Tratar de hacer esos vasos comunicantes?

-Y les corresponde a los actores políticos dejar hacer y dar espacio, y comprometerse a no manipular el dolor para traer agua a su molino.

-¿Eso implica que el sistema de justicia actúe, o es otro tipo de reparación?

-Cuando hablamos de justicia distingo entre justicia penal y otras formas de justicia. Procesos como estos requieren examinar no solamente responsabilidades penales, sino responsabilidades políticas, responsabilidades históricas, complicidad de medios de prensa, de colegios de abogados, del pueblo, de fiscalía. Cuando hablamos de responsabilidad penal es como el sistema de salud: la cirugía es una pequeña medida, y para mí la cirugía es el derecho penal. Pero ¿qué pasa con las vacunaciones, las campañas de lavado de manos, la clínica local de primeros auxilios, el enfermero? Después tienes un hospital de base, la especialidades y la cirugía. La justicia es lo mismo. El tribunal penal y el fiscal son la cirugía final, y están todos los procesos de reparación que tienen que ser masivos y que deben ir mucho más allá de responsabilidades penales.

-¿Quién los ejecuta?

-En este momento se pueden empezar a hacer procesos de reconocimiento de verdad y de reencuentro de víctimas previos a establecer mecanismos. Y forzar a las partes que tienen la responsabilidad de ayudar a superar la crisis para establecer mecanismos que sean consensuados, que representen a todos, que tengan la autoridad moral para establecer formas de reconocimiento de responsabilidades, de escuchar a víctimas y que el país las escuche. Y luego de eso podemos empezar a revisar qué condiciones hay para hacer cirugía.

-¿No pondría ese punto como primero?

-Siempre hablamos que el derecho penal es el último recurso, y en estas discusiones es la primera pregunta aunque debe ser la última. El derecho penal nos produce tanta ansiedad, porque es fuerte en sus consecuencias. Pero es un elefante en una cristalería, es tremendamente peligroso. ¿Cómo canalizar el derecho penal para que sea una contribución a la pacificación de los próximos 50 años, y no un instrumento de revancha? La no instrumentalización del derecho penal es central. Hay que pensar que una cosa es investigación, otra cosa es la condena o asignación de responsabilidades y otra cosa es el castigo. Creo que investigar y juzgar es central, pero puede haber miles de formas para aplicar consecuencias.

Por ejemplo, insiste Correa, hay personas que no tuvieron capacidad para decir que no, “y eso hay que considerarlo”. Hay personas “que pueden estar dispuestas a colaborar”. Se pregunta: “¿Qué hacemos con aquellos que colaboran hasta el punto de ser capaces de enfrentar a las víctimas y pedir perdón?”.

Del derecho penal se espera, explica, la capacidad de igualación de poder, porque la violencia refuerza el poder del perpetrador “y uno busca que el derecho penal equipare los poderes. Pero la equiparación del poder no está necesariamente en la sanción, sino en cómo el proceso ayuda a que ese personaje poderoso baje la cabeza, reconozca su responsabilidad, y en qué medida eso es más sanador para la víctima que saber que el perpetrador va a estar 25 años en la cárcel”.

Cita los casos de gran corrupción, y se pregunta: ¿Es más importante el castigo, o lo más importante es que se devuelva el dinero mal habido? Los que entregan información, y que devuelven 60% de lo llevado, eso vale mucho más “que si lo seco en la cárcel”. Por eso “hablamos de una justicia que sea capaz de establecer condicionalidades que ayudan a la sanación”.

Para Correa “las víctimas tienen que estar en la mesa, pero estas son responsabilidades de Estado. ¿Cuándo un Estado está en condiciones de eso? Toma tiempo”. Hace alusión a los casos de Argentina y de Chile. “Las condiciones para hacer justicia en términos equitativos, justos e inclusivos toma tiempo”.

Hoy habría que trabajar “las garantías que tenemos que dar para que cualquier proceso de justicia no sea la justicia de los vencedores, que tengamos la capacidad de examinar lo más grave y desde una perspectiva restaurativa”, que se garantice equilibrio y que no sea venganza. Rememora que en Perú juzgaron a Abimael Guzmán y a Alberto Fujimori. A ambos.