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Concluimos el Diplomado “Impactos de la violencia, movilización de víctimas y demandas de justicia en Venezuela”: Un espacio de aprendizaje y reflexión crucial para el país

Estamos muy contentos y queremos compartir que concluimos el diplomado titulado “Impactos de la violencia, movilización de víctimas y demandas de justicia en Venezuela”, realizado en colaboración entre la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Red de Acción e Investigación por la Convivencia Ciudadana (REACIN).

El diplomado se llevó a cabo entre  el 25 de marzo y el 22 de julio, y contó con la participación de 25 personas seleccionadas y becadas al 100% por REACIN, entre más de 70 postulados, todas ellas vinculadas al trabajo con temas de violencia, víctimas, asistencia humanitaria y otras áreas afines.

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El grupo reunido presentaba una diversidad de perfiles, incluyendo profesionales en el campo de la seguridad y atención a víctimas, miembros de organizaciones sociales, periodistas, académicos/as y estudiantes. La variedad de enfoques y experiencias enriqueció ampliamente el desarrollo del programa y fomentó un diálogo interdisciplinario muy valioso.

El diplomado fue cuidadosamente coordinado por Andrea Chacón y Chelina Sepúlveda, quienes se ocuparon de la estructuración y la articulación  de los contenidos académicos y logísticos.

Además, el programa contó con la participación de reconocidos profesores/as y expertos/as en el ámbito, quienes aportaron su sólida experiencia y conocimientos especializados para enriquecer la formación de los participantes. Los/as profesores/as que contribuyeron su experiencia y conocimiento fueron:

– Verónica Zubillaga (Universidad Simón Bolívar – USB)

– Andrea Chacón (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – ITESM)

– Keymer Ávila (Universidad Central de Venezuela – UCV)

– Manuel Llorens (Universidad Católica Andrés Bello – UCAB)

– Francisco Sánchez (Universidad de Florida – UFL)

Asimismo, el diplomado contó con la  participación de seis invitados/as internacionales, expertos/as en diversos campos relacionados, quienes enriquecieron las discusiones con sus perspectivas globales:

– Vivian Khedari (Senior Mental Health Advisor, The New School NY)

– Ana Cepeda (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-ITESM)

– Ignacio Irazuzta (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-ITESM /Universidad del País Vasco-UPV/EHU)

– Gabriel Gatti (Universidad del País Vasco-UPV/EHU)

– Óscar Carbonell (Guernica Centre)

– Mariana Mora (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS)

El diplomado se estructuró en cinco módulos que abordaron temas cruciales en el contexto de la violencia en Venezuela:

Módulo 1. Violencia en Venezuela.

Módulo 2. Seguridad Ciudadana, Políticas, Policía y Violencia Institucional.

Módulo 3. Impactos y Respuestas a la Violencia en las Comunidades.

Módulo 4. Violencia y Subjetividad. La Perspectiva de las Víctimas.

Módulo 5. Búsqueda de verdad, sentidos de justicia y movilización de víctimas en América Latina.

Los módulos introductorios, los dos primeros, pretendían ubicar un contexto y lenguaje común para hablar de las violencias que ocurren en nuestra región y en nuestro país. A partir de ello, se inició el abordaje de los impactos y respuestas a la violencia en las comunidades, llevando la mirada a lo micro, entendiendo cómo se vive, experimenta y significa las violencias desde las comunidades, sus propias dinámicas y las personas vinculadas a ellas.

Por último, se abordaron y cuestionaron conceptos vinculados a la construcción social de las figuras de la víctima y el victimario, cómo estos conceptos se han relacionado a temas de ciudadanía, y de qué manera, a partir de ahí se construye agencia.

Finalmente, en el último módulo se abordaron temas de memoria, entendimiento de los sentidos de justicia, el acompañamiento a personas con experiencia de victimización y todo lo vinculado a búsqueda de verdad y movilización de víctimas.

Uno de los elementos más valorados por los/as participantes fue el tema del abordaje psicoemocional de personas víctimas de la violencia y del propio aprendizaje asociado a la propia gestión emocional y de contención de las personas que trabajamos en esta área.

La experiencia recibió una calificación altamente positiva por parte de los asistentes, quienes destacaron su utilidad y aplicabilidad en su quehacer diario, tanto en el ámbito académico como profesional y activista. El conocimiento adquirido y las reflexiones sostenidas auguran un impacto significativo en la búsqueda de la mejora de la situación en Venezuela.

Asimismo, los debates y reflexiones en torno a la construcción social de las figuras de la víctima y el victimario, tanto como su vinculación con la ciudadanía y la agencia, proporcionaron una visión crítica y profunda que dejó una huella significativa en los asistentes.

En nombre de la organización y los coordinadores, deseamos felicitar a todos los involucrados por el éxito de este diplomado y por su compromiso con la construcción de conocimiento y áreas de acción para la atención a temas vinculados con la violencia y las personas víctimas de ella.

Consecuencias de Balas (NO TAN) Perdidas

Cualquiera puede suponer que las lesiones o muertes a causa de las denominadas “balas perdidas” son un tema de interés en el contexto de un país como Venezuela, donde frecuentemente ocurren enfrentamientos entre distintos tipos de actores armados (estatales y no estatales), quienes disparan balas que pueden tomar cualquier rumbo: los cuerpos de aquellas personas con las que se enfrentan, o cuerpos ajenos a la disputa, pero que estaban en un lugar y en un momento trágicamente desafortunados.
Decimos que NO son balas TAN perdidas debido a que, finalmente, las balas están hechas para herir o para matar (más allá de si fue intencional o no). La que hiere o mata, aunque sea a la persona equivocada, es una munición que cumple su propósito. Por tanto, al ser una mercancía que causa letalidad, su simple comercialización y circulación implica un riesgo
latente que exige ser controlado y regulado por el Estado.

Lee más descargando el boletín Consecuencias de Balas (NO TAN) Perdidas en el siguiente enlace:

Taller Periodismo, Justicia y Paz

Durante este año, como parte de nuestra vocación por generar colaboraciones y programas formativos que fomenten el análisis crítico y el intercambio de ideas, hemos llevado a cabo el taller “Periodismo, Justicia y Paz” dedicado a periodistas, en dos ediciones y en modalidades diferentes.

La primera edición realizada de manera virtual, contó con el trabajo conjunto de Monitor de Víctimas, Runrunes y Foro Cívico, además de nuestra red. 

Durante un total de seis encuentros, llevados a cabo entre la última semana de febrero y las dos primeras de marzo, los periodistas participaron en sesiones con Cristian Correa, abogado del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); Michael Reed – Hurtado, abogado y periodista de la Universidad de Georgetown y Manuel Llorens, psicólogo clínico e investigador de nuestra red. Todas las sesiones contaron con la moderación de la periodista de investigación Ronna Risquez.

La sexta y última sesión de esta primera entrega del taller, reunió a dos periodistas internacionales de punta que han trabajado en contextos adversos en América Latina. Se trató de José Luis Sanz, corresponsal en Washington del diario El Faro; y Diana Durán, corresponsal en Bogotá de The Washington Post. 

Entre los temas abordados a lo largo de las seis sesiones estuvieron las obligaciones internacionales del Estado en materia de justicia; el rol de la Corte Penal Internacional y la complementariedad positiva; perspectivas sobre verdad, justicia, reparación y justicia restaurativa; formas de registro del sufrimiento, manejo de trauma y sobreexposición a la violencia e inclusión de sectores de la población tradicionalmente estigmatizados.

El taller contó con 30 participantes, tanto periodistas de distintos medios locales, como periodistas de la diáspora venezolana y estudiantes de Comunicación Social.

Meses más tarde, el 31 de mayo, llevamos a cabo una segunda edición del taller, esta vez de manera presencial en las instalaciones del Impact Hub Caracas. 

La convocatoria reunió a los participantes de la primera edición y a otros periodistas interesados. En esta oportunidad, el taller constó de una sesión, que contó con la presencia de Michael Reed-Hurtado, bajo el formato Q&A. 

Esta segunda edición del taller “Periodismo Justicia y Paz”, fue efectuada en alianza con Foro Cívico, y la sesión estuvo moderada por la politóloga y profesora Colette Capriles.

En ambas ediciones, se desarrollaron jornadas de reflexión, en rico intercambio con los periodistas participantes. Estos encuentros forman parte de la aspiración colectiva de estas organizaciones, apoyadas por las alianzas con abogados de reconocida trayectoria internacional, para seguir promoviendo espacios de encuentro, donde se ahonden los asuntos pertinentes y críticos para la  en la búsqueda de justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

Michael Reed

Michael Reed en Contrapunto: Justicia venezolana no ha sancionado a las cadenas de mando por violaciones de DDHH pero de que podría hacerlo, podría

En días recientes publicamos una entrevista a Cristian Correa, abogado del International Center for Transitional Justice (ICTJ), hecha por el medio digital Contrapunto.

Continuando en el marco de la conferencia Asegurando Justicia para Venezuela, que llevamos a cabo en julio del año en curso, esta vez publicamos una entrevista hecha por el mismo medio a Michael Reed-Hurtado.

Reed-Hurtado es un abogado colombo-estadounidense y Profesor de la Universidad de Georgetown. Fue uno de los invitados internacionales con quien compartimos durante las pasadas jornadas de julio.

«La demanda de justicia de la ciudadanía venezolana no la puede satisfacer la Corte Penal Internacional», subraya el abogado colombo-estadounidense, del Centro Guernica para la Justicia Internacional. Afirma que en Venezuela tan solo se inicia el largo y doloroso recorrido hacia el reconocimiento de las víctimas, «que implica confrontar la negación de distintos procesos de victimización y diversas formas de sufrimiento que se han extendido durante décadas»

Pareciera que Michael Reed-Hurtado no solo quiere nadar contra la corriente, sino también caer pesado. Cuando el abogado colombo-estadounidense, del Centro Guernica para la Justicia Internacional y la Universidad de Georgetown, afirma que «la demanda de justicia de la ciudadanía venezolana no la puede satisfacer la Corte Penal Internacional», más de un ceño seguramente se frunce.

Hace alusión no solo a la represión gubernamental contra las protestas en 2014 y 2017 y a los presos políticos, sino también a los operativos policiales contra comunidades empobrecidas. También, a las operaciones contra la insurgencia. «Hay muchas violaciones de derechos humanos que se han cometido en territorio venezolano durante muchísimo tiempo, y el ejercicio de responsabilidad en los sucesivos gobiernos ha sido débil o ausente. Hay un problema histórico de asunción de responsabilidad, hay un problema histórico en el que cuerpos de seguridad cometen crímenes de manera impune. Hay un pasado de represión contrainsurgente que no ha sido objeto de investigación», describe.

La conversación con contrapunto.com transcurre en dos tiempos. El primero, un diálogo por zoom. El segundo, por wasap. Ambos son consecuencia de las reflexiones generadas durante jornadas organizadas por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin).

Las expectativas sobre la CPI están apartadas de la realidad, asevera, y recuerda que el Estatuto de Roma parte de la complementariedad; es decir, que los procesos de justicia «se sigan en el foro doméstico». Por eso gran parte de la tarea es «promover esfuerzos concretos y reales de justicia en los países». Quien ignore este principio «está manipulando de manera intencional o no conoce lo suficiente para entender que el propósito de la CPI es no actuar, sino promover que las cosas se hagan en el foro doméstico».

No hay la menor duda, reitera, «de que se han cometido violaciones graves de derechos humanos en territorio venezolano, no hay la menor duda de que hay compromiso de las autoridades estatales en el planeamiento y ejecución, pero no todo se resuelve a golpe de derecho penal; ni siquiera con una, dos o tres acciones ejemplarizantes que pueda tomar la CPI».

Como abogado, remarca que se saca mucho más provecho al robustecer y promover acciones concretas en el el país que decir que se va a adelantar un caso y sostener la responsabilidad penal de cinco personas. «Esto no quiere decir que el derecho penal no tenga lugar en la respuesta a los problemas que plantea Venezuela», aclara.

El sistema de justicia no ha sancionado a las cadenas de mando por violaciones de derechos humanos. «No lo ha hecho, pero de que podría, podría», recuerda. Todo depende de capacidad técnica y voluntad política.

Mucha retórica y pocos dientes

«El uso del derecho penal internacional (DPI) para enmarcar las denuncias de violaciones manifiestas a los derechos humanos y otras situaciones derivadas del abuso de poder en Venezuela es extendido y se torna problemático. Por un lado, el derecho penal internacional es un poderoso recurso retórico que emociona y parece dar renovado vigor a las voces que claman justicia; por otro lado, es un recurso con pocos dientes y (algo) escandaloso», afirma.

En su opinión el derecho penal internacional «puede ser útil en el contexto venezolano, pero el radiante camino de promesas y expectativas que se ha tendido está repleto de delirios y trampas. El éxito retórico de este paradigma puede conducir a terrenos pantanosos. Por ejemplo: la politización y la instrumentalización de una rama del derecho internacional que carece de un corpus juris consolidado pueden llevar a evoluciones poco útiles (incluyendo su dilución, en la medida en que el ladrido del DPI es mucho más fuerte que su mordida)». También señala que la promesa de una CPI «que produce justicia cuando el sistema nacional protege a los presuntos responsables probablemente se puede aguar, contribuyendo, aún más, a la imagen de un órgano internacional inefectivo que, no ha sabido despegar (o aterrizar) en los contextos latinoamericanos».

Reed aclara que no quiere desanimar a nadie. «No se trata de desalentar a quienes en Venezuela promueven procurar justicia en relación con graves crímenes amparados por el poder, pero sí aterrizar algunas de las aspiraciones que se han extendido sobre la CPI».

Las instancias internacionales, «además de contribuir al reconocimiento de las violaciones y las personas victimizadas, elaboran el rastro de la injusticia y hacen explícito el incumplimiento de los compromisos internacionales por parte de Estados que, como el venezolano, niegan y ocultan las atrocidades y sus responsabilidades». Son «instancias valiosas, pero no reemplazan la (necesaria) acción estatal. Los mecanismos internacionales de protección (por ejemplo, los del sistema interamericano) limitan, controlan, condicionan y complementan la acción estatal, de acuerdo con compromisos soberanos; pero no la sustituyen».

Es decir, que las presiones internacionales «son medios para conseguir cambios en el plano nacional, no son un fin en sí mismo». Por ende, la acción de la CPI «debe maximizarse para fortalecer el proceso de procuración de justicia en Venezuela. La intervención de la CPI no debe ser vista como un fin en sí mismo; además, es un instrumento particularmente selectivo: de hacerse cargo de algunos casos, no escogerá más que un manojo. El resto debe tramitarse en sede nacional».

CPI: Muy específica

Según su análisis, en Venezuela «hay un universo amplio y variado de conductas que exigen la puesta en marcha de mecanismos efectivos de rendición de cuentas» y que no forman parte del examen de la CPI. «Se trata de conductas graves que requieren justicia, pero que no son crímenes de lesa humanidad o no son los crímenes de lesa humanidad sobre los cuales ha decidido enfocarse la Fiscalía. Estas tendrán que ser juzgadas, eventualmente, en sede nacional. Ante la perpetración masiva de conductas, la respuesta al cúmulo de casos no provendrá de un organismo internacional que aplica esta rama del derecho internacional público. Como en todas las otras realidades, la investigación y juzgamiento de esos casos recae sobre las autoridades nacionales».

La intervención de la CPI es muy específica, enfatiza. «La carga preponderante de investigación, juzgamiento y establecimiento de responsabilidades de conductas que acarrean crímenes internacionales recaerá, en todo caso, sobre las autoridades nacionales. Es decir, el proceso de hacer justicia será principalmente nacional. En resumidas cuentas, el proceso ante la CPI es lento, engorroso e incierto, y hay muchos factores (legales, políticos, económicos y de seguridad) que lo condicionan y que seguramente lo empantanarán. En el mejor de los casos, la ruta es farragosa e incierta y extraña para la mayoría de la ciudadanía venezolana. Además, el recorrido será resistido activamente».

Es hora de pensar, sostiene, «cómo se puede conducir este camino para que tenga efectos favorables en la búsqueda de la justicia en Venezuela: la activación de la competencia de la CPI no es un fin en sí mismo, es un medio para promover justicia en el plano nacional».

Una respuesta a las víctimas

¿A qué deben aspirar las personas victimizadas? «Las personas victimizadas deben aspirar a la realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y esas aspiraciones solo se pueden satisfacer mediante un proceso robusto de consecución de justicia. El proceso de reivindicación ya se inició; hay ciudadanas valientes y demandantes que encaran la negación oficial y demandan justicia por la muerte de sus familiares». E incluso en condiciones adversas «su proceso de reclamación es el punto de partida. Ahora, es el turno de la sociedad y del Estado: deben reaccionar. ¿Cómo las van a acoger? ¿Cómo van a reconocer su sufrimiento y cómo van a procesar sus reclamos?».

Con base en su experiencia, Reed-Hurtado asevera que, aunque se habla sobre víctimas, «en Venezuela tan solo se inicia el largo y doloroso recorrido hacia su reconocimiento, que implica confrontar la negación de distintos procesos de victimización y diversas formas de sufrimiento que se han extendido durante décadas. Siguen proliferando los discursos justificativos de la violencia; continúan negándose ciertos hechos; se sigue culpabilizando a ciertas víctimas; y, censurablemente, hay unas víctimas que siguen valiendo más que otras».

Esto indica que «el camino será largo y, poco o nada, se ha reflexionado sobre las implicaciones de tender ese recorrido en torno a una víctima-ideal, un modelo único (abstracto) que nada tiene que ver con el universo real, plural y diverso de las personas que han sido victimizadas en Venezuela».

Es deber del Estado venezolano, insiste, «desplegar el poder público de manera responsable y transparente para hacer justicia, según las pruebas, especialmente en el caso de patrones de perpetración sistemática, como lo ilustran las ejecuciones cometidas por miembros de los cuerpos de seguridad en contra de jóvenes pobres que habitan barrios marginales de diferentes centros urbanos».

Cristian Correa en Contrapunto: En Venezuela tenemos que dar garantías para que cualquier proceso de justicia no sea la justicia de los vencedores

El pasado mes de julio, llevamos a cabo la conferencia Asegurando Justicia en Venezuela, una jornada intensiva de tres días que convocó presencial y virtualmente a académicos, activistas de Derechos Humanos, periodistas y miembros de la sociedad organizada, dentro y fuera del país.
Bajo el objetivo de construir reflexiones entorno la violencia armada y su legado, y la búsqueda de justicia en Venezuela,  estos encuentros también se propusieron vislumbrar las rutas posibles para construir una sociedad más inclusiva y pacífica. 
Margarita López Maya (Universidad Central de Venezuela), Mariela Ramírez (Dale Letra), Geoff Ramsey (WOLA), Temir Porras (Paris School of International Affairs), Marino Alvarado (PROVEA), Luis Cedeño (Paz Activa), Benigno Alarcón (Centro de Estudios Políticos-UCAB), Michael Reed-Hurtado (Georgetown University) y Cristián Correa (International Center for Transitional Justice (ICTJ), fueron solo algunos de los ponentes que participaron en la conferencia.
Cristian Correa, abogado experto en Derechos Humanos del Centro Internacional de Justicia Transicional, fue entrevistado por Vanessa Davies, también ponente de uno de los días de la jornada.
Compartimos con ustedes la entrevista hecha para el medio digital Contrapunto.

Foto por Vanessa Davies

Del derecho penal se espera la capacidad de igualación de poder, porque la violencia refuerza el poder del perpetrador “y uno busca que el derecho penal equipare los poderes. Pero la equiparación del poder no está necesariamente en la sanción, sino en cómo el proceso ayuda a que ese personaje poderoso baje la cabeza, reconozca su responsabilidad, y en qué medida eso es más sanador para la víctima que saber que el perpetrador va a estar 25 años en la cárcel”

Si algo queda claro al escuchar a Cristián Correa, integrante del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), es que no hay fórmulas que funcionen para resolver todos los conflictos del mundo. Tampoco las hay para dar salidas al conflicto de Venezuela. Correa visitó Venezuela y participó en una actividad académica realizada la semana pasada en Caracas y organizada por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, la Universidad Simón Bolívar, WOLA, la Universidad de Tulane y la Universidad de Florida.

“Teóricamente pareciera que fuera necesario” un cambio político para la justicia, porque “son mecanismos que deben gozar de legitimidad amplia”, pero la realidad es que la vía para lograrlo “es comenzar a hacer cambios ahora”, afirma. “En todas las transiciones ha habido acciones y procesos sociales y políticos que se avanzan durante la existencia del régimen anterior, y que son los sientan las bases de los procesos que se pueden hacer después”.

Correa considera que para el contexto venezolano sería importante examinar “la Colombia de 2006”, en la que “hay una ley de justicia y paz, en la que hay presencia de paramilitares, en la que Uribe sigue siendo presidente, pero hay un proceso de reconocimiento de los desplazados y se ven forzados a hablar de reparación. No pueden desmovilizar a los paramilitares sin que haya un examen de responsabilidad penal y sin que haya alguna referencia a algo muy primigenio de reparación de justicia y paz, y luego, de reparación administrativa”.

Lo que se hizo en ese momento en Colombia, relata, fue determinante para lo que se avanzó posteriormente. Por eso “no puede uno exigir al proceso de negociación definir una agenda de la nada. Hay que iniciar acciones que sean ariete contra la resistencia de ambas partes de colocar estos temas en la mesa para forzar a tener que ver este tema, y tener que verlo de una forma propiamente venezolana”.

-¿Hacer qué cosas ahora?

-Reconocimiento de las experiencias de personas que han sufrido. Capacidad de juntar a personas que han sufrido, compartir esos sufrimientos y reconocer la experiencia común. Compartir que yo pude haber sido oprimido por uno, tú pudiste haber sido oprimido por otro, pero nuestra experiencia es común. Hacer procesos humanitarios, que reconocen a personas que han sufrido sin tener que poner el rótulo de si es o no es violación. Pero los números fuerzan a hacerse la pregunta.

-¿Encuentros de víctimas?

-Encuentros de víctimas, organización de víctimas, vínculos entre sociedad civil y víctimas.

-¿Para qué?

-Para generar mecanismos de presión a los actores políticos de que este problema hay que resolverlo de una forma que responda a las necesidades de esas víctimas. ¿Por qué? Si vamos a interrumpir los ciclos de violencia que han plagado al país en 60 años o en toda su historia es a través del reconocimiento de derechos de víctimas; se pueden reconocer esas historias y decir “esto no es simplemente un cambio de gobierno, esto es un cambio de cómo nos miramos y nos reconocemos”, especialmente en un país cruzado por diferencias sociales, por incapacidad de mirarse a los ojos con dignidad.

-¿Sería que las víctimas de todos puedan encontrarse y exigir que el tema esté en la agenda?

-Claro. Y agregaría la necesidad de recomponer ciertas necesidades básicas en lo humanitario, en los servicios de salud, en los servicios de educación, de agua, de electricidad. Es un área que les compete a todos, que todos necesitan y hay un interés común de que eso funcione. Y, también, hacerse cargo de los expulsados, y generar condiciones suficientes para que el retorno sea posible.

-¿Cuáles son las barreras para que las víctimas se encuentren? ¿Cómo se puede trabajar?

-La forma cómo se plantea el ser víctima es muy importante para ver si hay cosas que te unen o te dividen. Creo que la experiencia del sufrimiento común es algo que nos humaniza, que tenemos todos como seres humanos. Yo perdí un hijo, tú perdiste un hijo, y no importa tanto el cómo o el quién. Es esa experiencia. La capacidad de víctimas que tienen acceso a ciertas instancias de poder de hablar en favor de los derechos de las otras víctimas, porque no quiero que a otro le ocurra lo que me pasó a mí, o lo que le pasó a otro, o a mi hijo, o a mi hija. ¿Cómo fortalecer esa empatía común como seres humanos que hemos experimentado la pérdida, y que nos une esa pérdida?

Foto por Vanessa Davies

-¿Se necesitan organizaciones que intenten ese esfuerzo de encuentro?

-Hay una labor importante que está haciendo y que puede hacer con mayor fortaleza la sociedad civil. Hay que pedirles a los actores políticos dar espacio y comprometerse a no utilizar o enfatizar el que estas son tus víctimas y estas son mis víctimas. De la experiencia colombiana la mesa en La Habana es forzada a reconocer la experiencia común de víctimas cuando las víctimas llegan a ella y los confrontan a ambos: a gobierno y a FARC. Usted no diga que hace esto por mí. Que las víctimas confronten a su lado porque no escucha a las víctimas que ese lado ha causado.

-¿Eso le corresponde a la sociedad civil? ¿Tratar de hacer esos vasos comunicantes?

-Y les corresponde a los actores políticos dejar hacer y dar espacio, y comprometerse a no manipular el dolor para traer agua a su molino.

-¿Eso implica que el sistema de justicia actúe, o es otro tipo de reparación?

-Cuando hablamos de justicia distingo entre justicia penal y otras formas de justicia. Procesos como estos requieren examinar no solamente responsabilidades penales, sino responsabilidades políticas, responsabilidades históricas, complicidad de medios de prensa, de colegios de abogados, del pueblo, de fiscalía. Cuando hablamos de responsabilidad penal es como el sistema de salud: la cirugía es una pequeña medida, y para mí la cirugía es el derecho penal. Pero ¿qué pasa con las vacunaciones, las campañas de lavado de manos, la clínica local de primeros auxilios, el enfermero? Después tienes un hospital de base, la especialidades y la cirugía. La justicia es lo mismo. El tribunal penal y el fiscal son la cirugía final, y están todos los procesos de reparación que tienen que ser masivos y que deben ir mucho más allá de responsabilidades penales.

-¿Quién los ejecuta?

-En este momento se pueden empezar a hacer procesos de reconocimiento de verdad y de reencuentro de víctimas previos a establecer mecanismos. Y forzar a las partes que tienen la responsabilidad de ayudar a superar la crisis para establecer mecanismos que sean consensuados, que representen a todos, que tengan la autoridad moral para establecer formas de reconocimiento de responsabilidades, de escuchar a víctimas y que el país las escuche. Y luego de eso podemos empezar a revisar qué condiciones hay para hacer cirugía.

-¿No pondría ese punto como primero?

-Siempre hablamos que el derecho penal es el último recurso, y en estas discusiones es la primera pregunta aunque debe ser la última. El derecho penal nos produce tanta ansiedad, porque es fuerte en sus consecuencias. Pero es un elefante en una cristalería, es tremendamente peligroso. ¿Cómo canalizar el derecho penal para que sea una contribución a la pacificación de los próximos 50 años, y no un instrumento de revancha? La no instrumentalización del derecho penal es central. Hay que pensar que una cosa es investigación, otra cosa es la condena o asignación de responsabilidades y otra cosa es el castigo. Creo que investigar y juzgar es central, pero puede haber miles de formas para aplicar consecuencias.

Por ejemplo, insiste Correa, hay personas que no tuvieron capacidad para decir que no, “y eso hay que considerarlo”. Hay personas “que pueden estar dispuestas a colaborar”. Se pregunta: “¿Qué hacemos con aquellos que colaboran hasta el punto de ser capaces de enfrentar a las víctimas y pedir perdón?”.

Del derecho penal se espera, explica, la capacidad de igualación de poder, porque la violencia refuerza el poder del perpetrador “y uno busca que el derecho penal equipare los poderes. Pero la equiparación del poder no está necesariamente en la sanción, sino en cómo el proceso ayuda a que ese personaje poderoso baje la cabeza, reconozca su responsabilidad, y en qué medida eso es más sanador para la víctima que saber que el perpetrador va a estar 25 años en la cárcel”.

Cita los casos de gran corrupción, y se pregunta: ¿Es más importante el castigo, o lo más importante es que se devuelva el dinero mal habido? Los que entregan información, y que devuelven 60% de lo llevado, eso vale mucho más “que si lo seco en la cárcel”. Por eso “hablamos de una justicia que sea capaz de establecer condicionalidades que ayudan a la sanación”.

Para Correa “las víctimas tienen que estar en la mesa, pero estas son responsabilidades de Estado. ¿Cuándo un Estado está en condiciones de eso? Toma tiempo”. Hace alusión a los casos de Argentina y de Chile. “Las condiciones para hacer justicia en términos equitativos, justos e inclusivos toma tiempo”.

Hoy habría que trabajar “las garantías que tenemos que dar para que cualquier proceso de justicia no sea la justicia de los vencedores, que tengamos la capacidad de examinar lo más grave y desde una perspectiva restaurativa”, que se garantice equilibrio y que no sea venganza. Rememora que en Perú juzgaron a Abimael Guzmán y a Alberto Fujimori. A ambos.

El poder reparador de lo simbólico. Reflexiones para nuestro país

Desde nuestra red, gracias al trabajo de nuestros investigadores Francisco Sánchez y Verónica Zubillaga, y en alianza con Paz Activa, publicamos El poder reparador de lo simbólico. Reflexiones para nuestro país. Un documento que se concentra en el valor de lo simbólico en el marco de un proceso de reparación marcado por la violencia y la pérdida.

El trabajo, que contiene comentarios de Cristian Correa del Centro Internacional de Justicia Transicional, se forma sobre la base de testimonios de mujeres, cuyos hijos han sido víctimas de operativos policiales, y del registro que se ha hecho en esas mismas comunidades que han sido blanco de estas acciones sostenidas de violencia.

En Reacin, el uso desproporcionado de la violencia en manos de cuerpos de seguridad del Estado y las terribles consecuencias que estas dinámicas generan en la sociedad, han sido foco central de nuestra acción investigativa. En diversos artículos de opinión y entrevistas para medios, nuestros investigadores han alertado sobre la urgencia de gestar políticas públicas que incidan directamente en el respeto sistemático de los Derechos Humanos, y por extensión, en la no normalización de la violencia.

Esta vez, este trabajo nos ha ofrecido la oportunidad de seguir reflexionando sobre la posición de la víctima, sobre el sosiego que buscan a través de la justicia.

Descarga el documento a continuación:

Las víctimas invisibles de la violencia armada: una mirada sobre los lesionados por balas en Caracas

Para existir frente al Estado es necesario ser “contado”, es decir, la existencia de estadísticas que den pie a la acción y control desde lo político y lo público, para así construir cualquier situación en una problemática social que debe ser mirada y atendida.

Como lo he reiterado en numerosas veces, en Venezuela, el acceso a estadísticas exhaustivas, confiables, transparentes y detalladas sobre cualquier tema vinculado a la violencia es complicado, por no decir inexistente.

Esta situación no es distinta para el caso de las personas que son lesionadas por balas en el país; no existen estadísticas oficiales que evidencien el número, contexto y situación de los lesionados por balas, por lo que, finalmente, estas personas son convertidas en víctimas invisibles de un Estado que no los construye como ciudadanos o víctimas ni toma responsabilidades frente a la ausencia en su función del monopolio de la violencia.

Por esto, como parte de mi trabajo doctoral, se hizo un esfuerzo en construir datos estadísticos a partir de registros administrativos de dos hospitales y un centro de rehabilitación en Caracas, con el fin de dibujar el panorama de los heridos y dimensionar esta problemática en la ciudad, evidenciando que las principales víctimas son hombres jóvenes de sectores vulnerables y precarios, siguiendo la misma dinámica mostrada por los homicidios. Todo esto es un esfuerzo para hacer visibles a estas víctimas invisibles en el espacio público e invisibilizados por y para el Estado venezolano; personas que ni siquiera se constituyen como víctimas sobre las cuales habría que hablar, pensar o exigir políticas desde la esfera pública.

Breve descripción metodológica

Como se mencionó anteriormente, los datos construidos tienen como origen registros administrativos de dos hospitales y un centro de rehabilitación de Caracas; así, en

uno de estos hospitales se tuvo acceso a los “libros” de entrada de emergencias de politraumatismos entre 2017 y 2019, y en el segundo, a las historias médicas de los pacientes lesionados por causas externas (no asociadas al propio cuerpo) entre 2018 y 2019. Es importante mencionar que éstas fueron las fuentes de información autorizadas para el acceso a los datos porque no existían datos transcritos o digitalizados sobre lesionados por balas.

Se registraron los ingresos por heridas de bala, armas blancas, agresiones (golpes, ocasionados por otras personas u objetos contundentes), linchamientos, heridas causadas por la activación de granadas y heridas por perdigones. Finalmente, se recopilaron datos de 219 personas ingresadas al centro de rehabilitación entre 2016 y 2018, y 6.132 casos en los hospitales, entre 2017 y 2019.

Una mirada sobre a los lesionados por balas en Caracas

Entre 2016 y 2018, ingresaron al centro de rehabilitación consultado 219 personas para ser hospitalizadas e iniciar su proceso de rehabilitación, todas ellas sobrevivientes a lesiones ocasionadas por balas, y a consecuencia de ello, sus cuerpos quedaron con algún tipo de discapacidad, leve o intensa, que puede ser temporal o permanente y que debe ser tratada con rehabilitación integral.

Así, se tiene que las personas ingresadas a este centro siguen el perfil de los afectados por los homicidios y la violencia en general: en el 92% de los casos son hombres con edades comprendidas entre 15 y 44 años (87% en promedio).

Aunque el porcentaje de mujeres lesionadas ingresadas a ese centro de rehabilitación es muy bajo, la mayoría de ellas se encuentran entre los 25 y 44 años.

En cuanto a los dos hospitales estudiados, se recolectaron datos de 6.132 casos registrados, entre 2017 y 2019, la mayoría de las personas ingresadas fue a causa de heridas por armas de fuego, seguida de casos de agresiones (golpes) y heridas por armas blancas.

Tabla 1. Caracas. Frecuencia y porcentaje de las causas de politraumatismos ocasionados por violencia de personas ingresadas en dos hospitales caraqueños, 2017 a 2019.

Fuente: Chacón, 2021

Si se observan estas cifras por año, se encuentra que los casos de heridos por armas de fuego siempre superan al resto de las causas de politraumatismos por violencia, en cada uno de los años estudiados, lo que habla de la importancia del abordaje de este tema, no sólo desde la muerte, sino también desde la lesión y la vida que sigue a partir de ella.

El perfil de los lesionados por armas de fuego

Cuando se analizan los datos recolectados según el sexo de las personas heridas, tenemos que, en el caso de las armas de fuego, 86% fueron varones y 8% fueron mujeres. En las agresiones, el porcentaje de mujeres aumenta, y en las heridas por arma blanca, ocurren en el 82% de los casos en los varones y 16% en mujeres.

Gráfico 1. Caracas. Frecuencia de casos de heridos por armas de fuego, agresiones y armas blancas según sexo, 2017 a 2019.

Fuente: Chacón, 2021.

Es de notar que la violencia que es potencialmente más letal es aquella a la que afecta en mayor medida a los varones, mientras que entre las mujeres las balas no son tan frecuentes como lo pueden ser las agresiones.

Y, en el caso de las edades de las personas ingresadas en estos hospitales, surge un elemento interesante: las lesiones por arma de fuego empiezan a aparecer a partir del grupo de edad de 5 a 9 años, desde allí su presencia se intensifica hasta llegar a su clímax entre los 20 y 24 años. A partir de ese momento empieza a disminuir, siendo superado por las heridas por arma blanca y agresiones a partir de los 35 años. En adelante, las personas ingresadas estaban lesionadas, principalmente, por agresiones. Es decir, en los adultos a partir de los 35 años son menos frecuentes las heridas por balas, y con el tiempo disminuye la presencia de las armas blancas, prevaleciendo las agresiones.

Por el contrario, en los más jóvenes, de los 10 a 34 años, la herida por arma de fuego supera por creces a las otras dos modalidades de violencia interpersonal, y la intensidad de su presencia va aumentando a medida que aumentan las edades.

Gráfico 2. Caracas. Frecuencia de casos de heridos por armas de fuego, agresiones y armas blancas según grupos quinquenales de edad, 2017 a 2019.

Fuente: Chacón, 2021.

Siguiendo las mismas tendencias que pueden ser observadas para los homicidios en Venezuela (en América Latina, en general) las principales víctimas afectadas por las balas son varones con edades comprendidas entre los 15 y 34 años, justamente los momentos más productivos en términos académicos y económicos en las trayectorias de vida de las personas.

Los datos sobre el hecho

En principio, se tiene que de las personas ingresadas a estos centros asistenciales sólo 7.1% llegó sin signos vitales, mientras que 92.5% llegaron vivos (no se tuvo registro del 0.4% de los casos). Esto, de alguna manera, puede hablar de una posible tasa de supervivencia en las heridas de bala que debe ser considerado.

Por otro lado, se tiene que entre las dificultades que debe superar el lesionado por bala para sobrevivir y recibir asistencia médica en Caracas (y, en Venezuela en general), es ser apoyado y trasladado por un tercero hasta los centros asistenciales luego de que ocurre el hecho violento, debido a que, dada la crisis económica del país, las ambulancias son escasas. En este sentido, se encontró que en más de la mitad de los casos registrados fueron asistidos y trasladados por funcionarios policiales o militares (51.2%) , 43% por personas conocidas por la víctima, 3.8% por desconocidos y el 2% restante por bomberos, protección civil y paramédicos.

Destaca el porcentaje de personas asistidas y trasladadas por funcionarios policiales o militares. Aunque no se cuenta con las evidencias para afirmar contundentemente que quienes hieren a las personas son estos mismos funcionarios, dadas las políticas de mano dura e intensamente militarizadas aplicadas por el gobierno bolivariano desde, al menos, 2015, se pudiese entender que la presencia de ellos pudiese estar relacionada con el hecho de violencia, es decir que, los policías o militares son los que se encontraban en la escena de los disparos, y terminan siendo los que trasladan a las personas. Esto puede apoyarse con los datos del siguiente gráfico.

Gráfico 3. Caracas. Porcentaje de funcionarios policiales o militares que asistieron y trasladaron a heridos por armas de fuego a los centros asistenciales estudiados según su cuerpo de pertenencia, 2017 a 2019.

Fuente: Chacón, 2021.

Relacionado a lo anterior, es importante señalar que, en los registros, pudieron encontrarse casos de heridos llevados por los policías o militares que, de alguna manera, ocultaban su identidad institucional; los funcionarios llegaban en carros sin placas o se negaban a suministrar su número de placa institucional o nombre. Esto ocurrió en 10 de los casos de heridos por armas de fuego registrados, dos de ellos llegaron sin signos vitales a la sala de emergencias.

Es de destacar que, en promedio, aproximadamente 25.1% de las personas que llegaron a emergencias sin signos vitales estaban registradas como trasladadas por funcionarios policiales o militares, en comparación al 2.3% cuando en el caso de que el herido haya sido trasladado por familiares, vecinos, amigos o conocidos.

Cuando se profundiza aún más en los datos se encuentra que en los casos trasladados por policías o militares, el CICPC (41%) y el FAES (21%) son quienes transportan la mayor cantidad de personas sin signos vitales a las salas de emergencia de los hospitales estudiados.

La ubicación geográfica de los lesionados

Las parroquias El Junquito, Catedral, La Vega, Macarao, Antímano, Santa Rosalía, El Valle, Coche, San Juan y El Paraíso son las diez que mayor cantidad de lesionados concentra; además, este ranking incluye al municipio Petare del estado Miranda. Estos cuentan con tasas que van desde 51,3 por cada 100.000 habitantes en El Junquito, hasta 12,3 en Caricuao.

Tabla 2. Zona Metropolitana de Caracas. Tasa (por cada 100.000 personas) de residencia de los lesionados por armas de fuego ingresados en los hospitales estudiados, 2017 a 2019

* Municipios del estado Miranda.
Fuente: Chacón, 2021.

Los datos aquí presentados y construidos a partir de registros administrativos permiten tener una idea general de qué es lo que está ocurriendo con los lesionados por balas en Caracas, sin embargo, se hace urgente, tomar medidas para hacer visibles y reconocer a estas personas como víctimas de la violencia armada en el país, generar políticas públicas para su atención, controlar el flujo continuo e incesante de armas y municiones y construir políticas de seguridad ciudadana coherentes con los derechos humanos.

Keymer Ávila y Manuel Llorens: Katábasis, un retrato de las profundidades de nuestro infierno

“We lived happily during the war.

And when they bombed other people’s houses we,

protested,

but not enough, we opposed them, but not

enough.”

Ilya Kaminsky

Observamos un pasillo a unos diez metros de distancia. Funcionarios uniformados sostienen a un hombre por ambos brazos, su cuerpo cuelga. Es un pasillo sucio en un entorno precario. Lo vemos desde atrás. Unos metros más allá, lo que parece ser otro policía uniformado observa. Está frente a la cámara pero no sabe que lo están filmando. La mano que sostiene la cámara del teléfono tiembla. Después de unos segundos de suspenso, suena un disparo y el cuerpo se derrumba sobre sí mismo. Se ha ejecutado a un hombre frente a la cámara. Las imágenes son repugnantes. Es un asesinato premeditado, a sangre fría de un joven, aparentemente pobre, completamente rendido, cometido por un grupo de policías que dominan la escena.

Un asesinato que se asemeja a las miles de denuncias de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en Venezuela. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, utiliza distintas fuentes oficiales para concluir que las fuerzas de seguridad han ejecutado a miles de civiles al año (5.995 en 2016, 4.998 en 2017, 5.287 en 2018). Muchos de esos asesinatos fueron clasificados como enfrentamientos con la policía o “resistencia a la autoridad”, sin embargo, los testigos describen muchos episodios como el del video, donde los jóvenes fueron sacados arrastrados de sus casas y ejecutados a quemarropa frente a familiares y vecinos. Por su parte, el informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, detalla página tras página actos aterradores y asesinatos flagrantes a sangre fía de jóvenes presuntamente delincuentes -y de otros que no lo eran-, realizados sin previo juicio, juez, ni pruebas.

Es difícil leer el informe, igual que lo es observar el video. Pero el descenso a los infiernos va un paso más allá, si leemos los comentarios de los ciudadanos comunes a los hilos de Twitter que reportan las ejecuciones. “No creo que los asesinados fueran ‘inocentes’. Mi respeto a los policías”; “en mi opinión es un malandro menos para la sociedad y perdóname pero no se puede pedir por sus derechos humanos”; “si fue una rata, entonces felicitaciones a esos nobles policías”, y así.

Informes del hecho reportaron que el ciudadano asesinado, de nombre Dimilson Guzmán, fue detenido por una comisión de la Policía Nacional durante un operativo en los Valles del Tuy, donde ha sucedido el mayor incremento de homicidios en los últimos años. Supuestamente, era miembro de una pandilla local. Los reportes iniciales describieron el evento, como suele ocurrir, como un “enfrentamiento”.

Unas horas más tarde, para empeorar todo, un ex-fiscal publicó en su cuenta de Twitter un audio de un oficial de policía comentando el video. En él, el presunto oficial describe con voz didáctica y tranquila, sus impresiones sobre los errores cometidos por la policía, no refiriéndose a su violencia, sino a su torpe manejo del procedimiento para encubrir las pruebas de la ejecución, sugiriendo la capacitación sistemática de agentes de seguridad en el asesinato de los detenidos.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó de inmediato sobre la detención de los agentes de policía implicados en el asesinato. Aplaudiríamos la actuación veloz si no hubiese un déficit tremendo de investigaciones en casos previos. En diversos trabajos hemos denunciado cómo una tercera parte de los homicidios que ocurren en el país son consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. ‘Monitor de Víctimas’, un proyecto que está recopilando los detalles de los homicidios, informa que los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad son, de hecho, en la actualidad, la principal causa de asesinatos en Caracas. Si este fenómeno se contrasta con la situación de otros países de la región, Venezuela se encuentra entre los primeros lugares, teniendo más muertes por intervención de la fuerza pública, en números absolutos, que Brasil, que tiene siete veces más población.

Este es, lamentablemente, un evento bastante común en nuestro infierno. Es difícil no creer que esto haya conducido a una investigación y a arrestos porque la filmación llegó a las redes sociales. El número de asesinatos policiales es descomunal, al igual que la falta de respuesta institucional.

Vale la pena también contrastar la falta de indignación y hasta felicitación que realiza parte de la opinión pública en nuestro país, con la indignación y protestas colectivas surgidas a raíz de los asesinatos policiales en EE.UU y Colombia. Quizás así podemos entender lo mucho que la violencia se ha infiltrado en nuestra cultura, desensibilizándonos ante el sufrimiento ajeno. Mostrando como, no solo nuestras instituciones están pervertidas, sino que nuestra pérdida de coexistencia pacífica ha naturalizado el horror, de manera que minimizamos su gravedad con tres líneas de superioridad moral e hipótesis de mundo justo en una publicación por Twitter. Ciegos ante el hecho de que los molinos de viento del autoritarismo, el militarismo y los abusos de las fuerzas de seguridad son impulsados por el apoyo a estos actos cotidianos de horror.

El video tembloroso es un retrato de las profundidades de nuestro infierno. No es un espectáculo amable. Pero clama, venezolanos y ciudadanos del mundo, por nuestra indignación, nuestro horror, nuestra reacción.

Francisco Sánchez en La Vida de Nos: ¿De cuánto se ha perdido Yajaira?

Recientemente, nuestro investigador Francisco Sánchez publicó un trabajo especial para el portal La Vida de Nos, un relato sobre el dolor que viven las familias de la víctimas de la violencia en manos de cuerpos de seguridad del Estado.

Sánchez —en su trabajo como psicólogo con incidencia en las comunidades, y en su necesidad de generar registros— nos habla sobre la elaboración del duelo. Sobre la manera en la que Yajaira, madre de un joven asesinado por la policía mientras estaba en su casa, aborda la pérdida.

El testimonio de Yajaira es, al mismo tiempo, el testimonio de muchas madres que, con el infierno en la memoria, emprenden una búsqueda incasable de justicia.

Ilustraciones por Ivanna Balzán

La mañana del 14 de marzo de 2013 unos policías echaron abajo la puerta de la casa de Yajaira Martínez, persiguieron a su hijo hasta la platabanda de la vivienda y allí le dispararon. Han pasado exactamente ocho años y un mes, un tiempo en el que ella no ha hecho más que concentrarse en tratar de hallar justicia: una búsqueda que la ha llevado a callejones vacíos y sin salida.

Como la de muchas mujeres de los barrios de Venezuela, la vida de Yajaira Martínez se tejía alrededor de temores y preocupaciones: cómo llevar comida a casa, cómo encontrar los productos que escaseaban cada vez más, cómo trabajar y no descuidar a los hijos, cómo mantenerlos alejados del peligro y de que no se metieran en vainas. Pero el 14 marzo de 2013 su cotidianidad se llenó de más que miedos y preocupaciones: se vio envuelta por una neblina, esa que aparece cuando la angustia se apodera de la realidad. 

El comentario de que la policía estaba entrando a las casas “haciendo desastres” era el centro de las conversaciones en el barrio. Esa mañana, la familia se preparaba para un día común: ¿en dónde hacer la cola?, ¿hasta qué lugar del este de Caracas podrían llegar con el dinero en efectivo que tenían para pasajes?, ¿a las personas con qué terminal de número cédula de identidad les tocaba comprar ese día? Yajaira siempre les inculcó a sus hijos que la escuela debía ser su prioridad. Pero a veces les permitía faltar para que la acompañaran a las colas. Mejor cuatro personas que una, decía, porque de ese modo podían hacer hasta dos colas a la vez, y por lo tanto, comprar más productos.

Entonces vino la escena que, como todas las escenas de terror, es entrecortada.

Los policías doblaron y destrozaron la puerta de latón de la entrada. Después, entraron en la casa. Encontraron a Yajaira en la cocina y a Matilde y a Darío, sus hijos, en la sala. Ella de 9 años y él de 18. Los apuntaron con sus bichas. Matilde y Darío corrieron a la platabanda y dos funcionarios los persiguieron. Sonaron sus botas por las escaleras de cemento. Yajaira gritaba en la cocina, pedía auxilio. La mandaron a callar a fuerza de un arma apuntándole al rostro. En la platabanda Darío separó a su hermana: la alejó, empujándola al suelo. La salvó. A él lo tenían apuntado. Intentó lanzarse a un callejón y fue cuando los policías escupieron fuego de sus armas. No hubo palabras. Él cayó al callejón y desde arriba siguieron disparando. La ventana de la cocina da con ese callejón, así que Yajaira escuchó todo. Matilde quedó tendida en la platabanda, ensordecida con el estruendo, solo una ráfaga. Cubrió sus oídos, pero no tapó sus ojos.

La imagen sigue viva.

La recuerda cada 14 de marzo, aunque sus sueños la repiten con arbitrariedad.

La vida perdió sazón, recuerda Yajaira, la vida perdió sazón.

Los cumpleaños dejaron de ser celebraciones y se convirtieron en rituales para recordarse no decaer. Las fotografías ya no son recuerdos de los encuentros familiares, pasaron a ser evidencia recogida, hojas guardadas en una carpeta amarilla manchada con café. El cuarto de Darío se convirtió en un templo de oración en el que mantienen sus cosas intactas: la ropa, el rosario, un par de zapatos, una mesa de noche llena de los pequeños objetos. Todo como buscando evitar lo inevitable: el paso del tiempo. 

Algunas velas encendidas dan color a un pequeño altar al lado de la puerta de entrada. Imágenes y flores como ofrendas. Allí están algunos recortes de prensa, algunas imágenes de él de niño, de chamo, de adolescente. “No más muertes, salvemos la vida”, se lee en una hoja de papel pegada con cinta al pie del altar.

Nos repetimos hasta el cansancio que la muerte es parte de la vida y que solo se necesita tiempo para sanar. Hay muertes que paran la vida, la mutilan y la rompen en pedazos. Y la labor de recomponer estas piezas requiere algo más que tiempo.

Yajaira vive con su familia en la otra Venezuela. No la petrolera. No la de la sabrosura y lo chévere. No la de las playas y la naturaleza espectacular. No la del rojo y el azul en riña perpetua. Tampoco aquella de los recuerdos de opulencia. Ella nació, creció y formó su hogar en Coche, en el suroeste Caracas. Trabajando en casas de familia y ayudando en cocinas de escuelas encontró el sustento. Sus hijos nacieron en una Venezuela donde la materia prima son las balas.

Hablar sobre la muerte es difícil, dice ella, pero más difícil es todo lo que viene después de la muerte. Las patrullas rodeando la cuadra. Los vecinos asomados murmurando sin preguntar qué pasó. El frío de las comisarías y las eternas horas esperando. El dolor del entierro anticipado. El miedo a la profanación de la tumba. Los policías y sus preguntas que entran como cuchillos al corazón:

—Señora, ¿pero usted sabía que su hijo era un malandro?

—Pero él se enfrentó a la comisión, señora, ¿cómo nos dice que no?

—¿No será que usted lo defiende por ser su mamá?

Una muerte nunca es solo una cifra, nunca es solo un cuerpo. Una muerte como la de Darío es una herida pensada. Con una muerte así, la pregunta “¿por qué nos hacen esto?” pareciera no tener respuestas.

—Fue tanto mi dolor —cuenta Yajaria— que tuve que salir de la casa a buscar respuestas. No sabía qué era eso de los derechos humanos, pero aprendí que debo luchar por lo mío; que teníamos derechos y nos los quitaron; que había muchas otras como yo; que a tantas otras mujeres les pasaría esto. Por eso busco la forma de parar tanta muerte.

Decir que la vida cambia después del asesinato de un hijo es poco.Para intentar recomponer su vida, Yajaira comenzó a buscar justicia.

—Recomponer mi vida pasa por restaurar el nombre de mi hijo. No tenían que matarlo. No era malandro. No es verdad.

Así emprendió esta lucha que lleva ocho años. Ocho años que se dicen con una velocidad que niega lo vivido. Tantas visitas al Ministerio Público, a fiscalías, a la Defensoría del Pueblo, a ONG que defienden derechos humanos. Buscando justicia se ha visto en callejones vacíos y sin salida.

No volvió a tener un trabajo fijo. Cada intento de trabajar era interrumpido por un llamado de urgencia: hay que llevar fotocopias a la fiscalía, la ONG pidió una reunión, cambiaron al fiscal de nuevo.

El miedo a que se repitiera otra muerte se apoderó de la familia. Su hijo mayor, que tenía 22 años cuando asesinaron a Darío, se fue del país. La menor, que tenía 9, cumplió 16 viviendo entre la sombra que la policía sembró en casa aquel día de marzo. El marido acompaña todas las locuras que se le ocurren a ella: perseguir la justicia, apoyar a otras víctimas, crearse una cuenta de Twitter.

En esa búsqueda nos conocimos.

Yajaira quería llevar su caso a instancias que pudieran dar alguna respuesta y también llevar su mensaje a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Era 2014. En Venezuela vimos cómo policías con máscaras de calaveras bajaban de los barrios, con cuerpos amontonados como los muertos por una peste.

Yo comenzaba a investigar sobre los familiares de aquellos que eran asesinados por armas de fuego en Venezuela. Mi trabajo como psicólogo me abría las puertas para escuchar las historias de los estragos de la violencia en el país. Sentía la necesidad de registrar estos testimonios de horror, pero también de resistencia de muchas mujeres que se hacían cargo de sus familias luego de los asesinatos.

Nos conocimos en una pequeña protesta. Me acerqué a donde estaba ella con otras mujeres recortando fotos de sus hijos y pegándolas en una cartulina negra. Aquel día conversamos mucho. A partir de entonces comenzamos a vernos. Supe que su vida transcurría entre las oficinas policiales y gubernamentales. Me di cuenta de que Yajaira tenía un conocimiento de las leyes y de todos esos agotadores temas penales que resultaría envidiable a muchos especialistas.

Ella me hablaba de todo, pero evitaba hablar de su familia, al menos de la que le quedaba con vida. Sus días transcurrían mientras esperaba. La espera por otra respuesta negativa de la fiscalía, por otro recurso denegado, por otro reclamo sin eco en las cavernas del Estado venezolano.

Comenzamos un trabajo conjunto: buscamos en muchas comunidades a otras personas que vivieron situaciones similares a la de ella. Nuestros encuentros servían para que ella volviese la mirada hacia atrás, para hablar de su dolor, para conocer a otras víctimas y documentar todo ese presente que vivíamos.

A Matilda, el estruendo de las ráfagas del 14 de marzo no solo le arrebató a su hermano, sino también el tiempo de su madre. No le era fácil verla tan concentrada únicamente en esas diligencias burocráticas. A partir de entonces, Matilda dejó de ser la consentida. Las panquecas en la mesa del domingo en la mañana fueron cambiadas por archivos policiales, recortes de periódicos amarillentos y muchos nombres de jóvenes asesinados. Las conversaciones por teléfono de su madre ya no fueron con sus tías o vecinas. No había quejas por las cosas de antes y, en su lugar, entró el discurso de los derechos humanos. La gente que visitaba la casa también cambió: ahora era común levantarse y ver a periodistas, a activistas o a otras víctimas hablando sobre sus vidas.

Matilda comenzó a tener otros anhelos. No visitar fiscalías, morgues, ni estar en rezos. Al contrario: quería bailar y cantar.

Hace un año, el 14 de marzo de 2020, nos encontramos para visitar la tumba de Darío en el Cementerio General del Sur. Estábamos en los albores de la cuarentena por la pandemia de covid-19; no teníamos idea de lo que estaba por comenzar.  

—El traslado de la tumba hasta un lugar más cercano a la entrada costó mucho, pero da mucha tranquilidad saber que puedes cuidarla —me dijo Yajaira.

Allí estábamos Matilde, su padre, Yajaira y yo.

Matilde acomodaba algunas cosas sobre la tumba del hermano: un papel bond con un “Feliz cumpleaños. Te extrañamos”una velita encendida y una foto de él sonriendo.

Yajaira vestía una franela con el rostro de su hijo estampado, reproducción de una vieja fotografía donde él sale sonriente. La usa en todas las actividades importantes en honor a su hijo. No éramos los únicos ese día en el cementerio. De fondo se escuchaba salsa, olía a sancocho, a empanadas y ron. Era como ver a un colectivo de limpieza y acomodo en varias tumbas.

Se acercaron unos conocidos en una moto. Se abrazaban. Se consolaban. Yajaira dice que las víctimas se reconocen de lejitos y por eso se apoyan. Uno de los hombres gritó: “¡Ponte una salsa ahí que está llegando la tristeza!”. Y tenía razón, todo parecía una triste celebración a la vida en medio de la muerte.

Quise tomar una fotografía a la familia, pero Matilde se negaba. Retratarse en esas circunstancias no le hacía gracia. La madre insistió e insistió hasta que la muchacha accedió. Allí quedó la imagen. No era una fotografía de un acto, de un trabajo, de un encuentro de activistas: era un retrato familiar. Íntimo.

Luego de algunas horas de estar en el cementerio, nos despedimos y cada uno tomó su camino.

Al conversar por teléfono unos días después, Yajaria me pidió la fotografía. Al verla, enmudeció por algunos segundos. Luego suspiró. Estaba sorprendida, incrédula de ver a la mujer que estaba a su lado.

—En la espera por la justicia se me ha pasado la vida —dijo—. Ya no solo la mía, se me pasó también la vida de ella. ¡Mírala cómo ha crecido! ¿De cuánto me he perdido…?

Los nombres de los protagonistas de esta historia han sido cambiados para proteger sus identidades.

El registro sanitario de las víctimas invisibles de la violencia armada: los lesionados por armas de fuego. Un testimonio de investigación

El contexto y situación de los lesionados por arma de fuego en el país

En Venezuela, la violencia armada se vive, se padece, y cega muchísimas vidas, aunque no se sabe con precisión cuántas y de qué manera. Como tampoco se sabe la cuantía de armas en el país, su uso, situación y ubicación.

No se saben detalles de las víctimas de la violencia armada porque ésta ha dejado de ser noticia -con algunas excepciones, dependiendo de las dimensiones del hecho o quizá de quién sea la víctima-. Ni siquiera se puede conocer con precisión cuántas víctimas, pues desde hace más de una década no es posible acceder a estadísticas policiales oficiales, específicas y confiables que nos permitan, primero, entender cómo están construidos esos datos —qué categorizaciones hay detrás de ellas—; y segundo, entender las dimensiones de este fenómeno y consecuencias que genera.

Esta situación se intensifica cuando queremos indagar sobre las personas que son lesionadas por armas de fuego en el país. No existen estadísticas oficiales que nos permitan definir el número de personas que son alcanzadas por balas en un año, como tampoco podemos dimensionar las consecuencias que esos disparos tuvieron en el cuerpo y trayectorias de vida de esas personas.

En nuestro país, no podemos contar a “los que quedan vivos” luego de que la violencia armada hace su aparición. Esta ha sido mi preocupación en los últimos años.

Para que se pueda entender por qué estoy preguntando por los lesionados por armas de fuego en Venezuela y por qué he dedicado mi investigación doctoral al tema, es conveniente que haga referencia a las estimaciones que se hacen sobre este tema en relación a contextos de violencia armada:

“Se calcula que, por cada joven muerto a consecuencia de la violencia, entre 20 y 40 sufren lesiones que requieren tratamiento.” (Organización Mundial de la Salud, 2002).

“…se estima que por cada fallecimiento hay al menos 3 heridas incapacitantes.” (Lichte et al. 2010).

Ahora, hagamos el ejercicio. Siguiendo las estimaciones que propone la OMS, si deseamos vislumbrar un rango de personas lesionadas por armas de fuego en Venezuela entre el año 2000 y 2017, este iría, a grandes rangos, entre 4,5 millones y 9 millones de personas, dependiendo de la fuente que utilicemos para la aproximación (Observatorio Venezolano de la Seguridad o Anuarios de Mortalidad). Esto significaría que entre un sexto y un tercio de la población podría haber sufrido una lesión por armas de fuego.

Estas personas heridas por balas, pueden tener diversas consecuencias en sus cuerpos a partir del hecho, siendo las más extremas la presencia de algún tipo de discapacidad que genere limitaciones en la movilidad o en la cognición.

A esto, debemos sumarle que las víctimas de las lesiones sigue la misma tendencia que se registra para las muertes violentas ocasionadas por armas de fuego: los afectados en mayor proporción son varones con edades comprendidas entre los 15 y 44 años (con mayores tasas entre los 15 y 24 años). Justamente, las edades que pueden considerarse fundamentales para formarse y de productividad, en todos los sentidos, en la vida de una persona. Así, la lesión llega para modificar las vidas, cuerpos y posibles trayectorias de los jóvenes venezolanos, e incluso más, la economía del país al trágicamente perder esta capacidad productiva.

Después de precisar la relevancia que tiene esta problemática en el país, quisiera explicar cuál ha sido uno de los grandes desafíos y hallazgos del trabajo de investigación que he llevado a cabo.

Foto por Francisco Sánchez

Un testimonio del rastreo de información

Para poder entender el contexto de las lesiones ocasionadas por armas de fuego, el primer paso fue buscar estadísticas oficiales, que como ya he mencionado, no existen. Este es el primer hallazgo de esta investigación. Esta inexistencia habla de la invisibilidad de las víctimas frente a un Estado que no reconoce su situación como problema; que no las registra y que no genera políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida, bastante vulnerables y precarias como los pude constatar en mi trabajo de campo.

A partir de allí, me propuse construir estadísticas que mostraran un panorama, así fuera parcial, de lo que ocurre con esta dinámica. Así, investigué cuáles eran los hospitales en los que se atienden y refieren a los lesionados por armas de fuego (por disponibilidad de insumos médicos principalmente). Identifiqué dos de los centros sanitarios más importantes de la ciudad y luego de semanas de gestiones, pude tener acceso a dos tipos de registros administrativos: los libros de entrada de emergencia de politraumatismos en uno, y a las historias médicas de pacientes, en el otro.

Ambas fuentes de información administrativa son registradas de forma rudimentaria, evidenciando duramente la precariedad sanitaria en el país: el registro se hace a mano, en papel, muchas veces reciclado, como alternativa a la falta de materiales de oficina. Se lleva sin mayores criterios de estandarización para el asentamiento de la información. Algunas veces se registran algunos datos del paciente, en otras no. Sin embargo, lo importante estaba allí: la causa de la herida o el traumatismo, la edad, el sexo del paciente y la fecha de ingreso.

Este trabajo artesanal, me permitió construir un contexto estadístico (parcial) para entender qué ocurre en Caracas en relación con los lesionados por balas, armas blancas y agresiones. Pero además, con ello pude realizar observación etnográfica del registro del dato estadístico, ya que día a día, al asistir a los hospitales para hacer mi propio registro de la información, pude observar dinámicas interesantes en relación al paciente, el trabajo administrativo, el manejo de la crisis dentro de las actividades cotidianas del hospital, entre otras.

En este sentido, no sólo logré contar con números que me permitan comprender y comunicar esta problemática, sino que pude entender que la trayectoria del dato estadístico de la lesión por bala, es corta, coyuntural y limitada. No llega a constituirse como una estadística sino se trata simplemente de un dato administrativo registrado y almacenado en cajas en los archivos, susceptibles a degradarse de los hospitales.

Foto por Francisco Sánchez

Ese dato administrativo no se digitaliza, transcribe, sistematiza, procesa, analiza o publica. Es un número más registrado en los “cuadernos” para el manejo del hospital, que no llega a constituirse en evidencia que pueda ser insumo para hacer visibles a las víctimas no letales de la violencia armada, y en consecuencia, constituirlas como foco de políticas públicas o simplemente, establecerlos en el centro del debate e interés público.

La presencia o ausencia de estadísticas oficiales producidas por las entidades oficiales constituye la diferencia entre “existir” (o no) frente al Estado. En el caso de los lesionados podría definirse como inexistencia total, constituyéndose así como “víctimas invisibles” y no debatibles de la violencia armada.

Al no existir, no sólo se niega la definición de ellos como víctimas sino además, se les niega la posibilidad de poder ser apoyados por políticas para su recuperación (y la vida posterior) al ser alcanzados por balas de armas de fuego sin control. En este sentido, se hace urgente y necesario el registro sistemático y periódico de los heridos por armas de fuego para visibilizar su situación y la gravedad de la dinámica de la violencia armada presente en el país.