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Consecuencias de Balas (NO TAN) Perdidas

Cualquiera puede suponer que las lesiones o muertes a causa de las denominadas “balas perdidas” son un tema de interés en el contexto de un país como Venezuela, donde frecuentemente ocurren enfrentamientos entre distintos tipos de actores armados (estatales y no estatales), quienes disparan balas que pueden tomar cualquier rumbo: los cuerpos de aquellas personas con las que se enfrentan, o cuerpos ajenos a la disputa, pero que estaban en un lugar y en un momento trágicamente desafortunados.
Decimos que NO son balas TAN perdidas debido a que, finalmente, las balas están hechas para herir o para matar (más allá de si fue intencional o no). La que hiere o mata, aunque sea a la persona equivocada, es una munición que cumple su propósito. Por tanto, al ser una mercancía que causa letalidad, su simple comercialización y circulación implica un riesgo
latente que exige ser controlado y regulado por el Estado.

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El FAES no depende de nadie

La violencia como práctica sistemática promovida desde el Estado, a través de sus cuerpos de seguridad, ha sido un tema transversal en nuestro trabajo investigativo.

Este mismo año hemos publicado La Muerte Nuestra de Cada Día, libro bajo el sello de la Editorial de la Universidad del Rosario en el que confluyen las miradas de distintos investigadores dedicados de la violencia armada en Venezuela. Lo que incluye, entre otros tópicos, la reforma policial y el uso de la fuerza letal en la Venezuela post-Chávez.

Esta vez, nuestro investigador Keymer Ávila, trae un trabajo que en palabras de Jorge Rosell Senhenn, Magistrado Presidente Emérito de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia “no es una denuncia, sino una dramática evidencia de las muertes que han generado las FAES y otros cuerpos policiales (…) en donde resalta la «tolerancia institucional», que no es más que la impunidad que cubre estos crímenes”.

Para descargar la investigación, hacer click en el siguiente enlace.

Manuel Llorens en Papel Literario: secuelas culturales de la violencia crónica

“Interesa atender a la violencia venezolana no solo por los episodios terribles y las consecuencias más evidentes. Interesa comprender las consecuencias que esa violencia generan en la conformación de nuestra manera de vivir, de relacionarnos entre nosotros, sus efectos en la cultura”

A comienzos de julio Caracas estuvo sometida a enfrentamientos armados que detuvieron la ciudad, cerraron la circulación por distintas zonas y mandaron a la gente en estampida, a buscar refugio. No mucho antes, en abril, bombardeos y enfrentamientos, entre grupos disidentes de la FARC y las Fuerzas Armadas venezolanas, fueron reportados en la frontera de Apure con Colombia.

Entre las imágenes que circularon por redes sociales los días de zozobra, pudimos observar mujeres con bolsos improvisados e hijos pequeños en los brazos tratando de huir de los enfrentamientos. A su vez, en dos semanas se reportaron hasta 5.000 personas que cruzaron apuradamente la frontera hacia Colombia desde Apure, intentando salvar sus vidas. Se trata de comunidades resquebrajadas por miedo, impotencia y dolor.

A los pocos días del enfrentamiento, en medio de las incursiones de la policía en el barrio, reportajes describieron a la Cota 905 como un vecindario fantasma, con algunos hogares vacíos, abandonados por familias que salieron despavoridas, así como casas habitadas pero silenciosas, esperando aterrados que un escuadrón tumbara sus puertas. Los que se atrevieron a hablar con la prensa lo hicieron en susurros. El ambiente es de terror sigiloso. El tiroteo terminó, pero la amenaza de la policía –la misma que ha ejecutado extrajudicialmente a miles de jóvenes en estos años–.


Se ha informado que, de aproximadamente 60 fallecidos a partir de los tiroteos, solo 6 han sido confirmados como miembros de las bandas delictivas. Los reportes de ejecuciones por parte de la policía a jóvenes en sus propios hogares, se asemeja a las múltiples denuncias detalladas en los informes de la Comisión de las Naciones Unidas. Pero además de la suma de horror estatal y el horror delincuencial, llama la atención las respuestas que publican las personas en respuesta a estas denuncias. Respuestas que minimizan el horror de las ejecuciones extrajudiciales acusando a distancia de que “seguramente eran malandros, no los vengan a defender ahora”. Algunos aplauden y aúpan la retaliación indiscriminada.

Interesa atender a la violencia venezolana no solo por los episodios terribles y las consecuencias más evidentes. Interesa comprender las consecuencias que esa violencia generan en la conformación de nuestra manera de vivir, de relacionarnos entre nosotros, sus efectos en la cultura.


En las investigaciones que venimos realizando uno de los focos ha sido comprender cómo la violencia crónica afecta a las comunidades, cómo transforma nuestros estilos de vida.

En una serie de estudios etnográficos realizamos observación y entrevistas en tres comunidades que han sido afectadas gravemente por la violencia. En primer lugar, trabajamos en Los Valles del Tuy, que es la zona en que aumentó a más velocidad el homicidio en los últimos años. En segundo lugar, investigamos la serie de linchamientos que sucedieron en la urbanización de Los Ruices a partir del 2015 y, finalmente, un sector de La Vega acosado por la violencia

Si bien es cierto que en cada caso las expresiones de violencia fueron muy distintas, hay semejanzas en varias consecuencias del funcionamiento de las comunidades. En Los
Ruices los vecinos nos contaron su impotencia y hastío ante la cantidad de robos que han padecido. Con ambivalencia hablaron del horror de presenciar linchamientos en las cuadras donde vivían tanto como la justificación de entender que era una reacción a la sensación de desprotección.

El desamparo vivido, acentuado luego de las protestas de 2014 en que la Guardia, junto a los colectivos armados, intimidaron a los residentes de la zona, aumentó la cohesión interna de Los Ruices y la desconfianza en las autoridades. Un grafiti apareció en la pared de una construcción que advertía: “Los Ruices se respeta”. Lo que condujo a que algunos miembros de la comunidad se organizaran y ejecutaran acciones de linchamientos. Un grupo se armó con bates y palos, movidos por la convicción de estar haciendo justicia, dispuestos a salir ante la señal de robo, para descargar su impotencia y frustración en el cuerpo del presunto victimario.

En La Vega, compartimos por tres años con varias comunidades que sufrían el acoso de varias pandillas rivales que ocupaban espacios contiguos en la zona. Los vecinos nos contaron el asedio constante, las muchas veces que se vieron atrapados entre fuego cruzado, las invasiones de las bandas de un sector a otro buscando venganza, la sensación continua estar vigilados por los grupos armados que colocan gariteros en las entradas y salidas del sector. Un vecino nos dijo, “yo trato de no saber mucho, no escucho, no veo”, para explicar como cualquier pedazo de información puede conducir a que se le señale de traidor o “sapo”.

En ese ambiente paranoico, la gente habla en susurros y mira de reojo, tratando de continuar con la vida. Una escuela maravillosa, conducida por unas monjas, funge de espacio de tregua e intenta negociar un poco de aire para respirar. En ocasiones se hacen los velatorios allí, para evitar que la banda contraria aproveche el ritual para asesinar a sus contrarios.

Pero aún más significativa es el hecho de que, como en Los Ruices, las opiniones de los vecinos sobre los jóvenes violentos son ambivalentes. A pesar del temor continuo que imponen, en un lugar carente de instituciones, un conocido violento, dispuesto a morir por proteger su sector, puede representar la versión más concreta de seguridad. En algunas de las conversaciones con niños que pudimos registrar, nos explicaban, refiriéndose a los malandros de su sector: “ellos nos cuidan, son buenos con nosotros,
nos dan comida”. La policía no hace mucho por cambiar estas percepciones. Los registros de continuas incursiones violentas que atropellan a justos por pecadores son reportados por todas las comunidades.

En Los Valles del Tuy registramos situaciones aún más dramáticas, de bandas terriblemente violentas que tienen acosada a la población, al punto de haber invadido algunas por completo y obligado a los residentes a abandonar sus casas. Una persona nos contó en una entrevista, “ya no tenemos vecinos, ya que todos decidieron huir”. Muchos espacios están controlados por alcabalas improvisadas que restringen las salidas y entradas. Todos refieren sentirse continuamente vigilados y temerosos de los actos de horror con que las bandas intimidan a todos. Una mujer desplazada de su sector nos contó que diez hombres armados llegaron a su casa, uno con una granada: “Estaba con mi esposo y mis hijos. Entré al cuarto y les dije ‘ay, hijos, nos vinieron a matar’”. Las comunidades nos transmitieron el terror continuo en que viven.

Viven en un péndulo constante entre la guerra y la paz. Por un lado, viven aterrados y desarrollan estrategias de sobrevivencia como las de un país en guerra, por otra, intentan continuar con sus rutinas como si todo fuera normal.

Pero los impactos en la convivencia y el funcionamiento de las comunidades son dramáticos. El miedo que hace que la gente hable en susurros y esté continuamente alerta a cualquier señal de amenaza, los cambios de horarios y rutinas para evitar los lugares y horas de riesgo, el aislamiento dentro de los hogares, el esfuerzo por enseñar a los hijos a desconfiar y a protegerse, el escepticismo en la bondad de los otros y la absoluta desconfianza en el Estado, así como la decisión de tomar la justicia en las propias manos apoyando los violentos locales, configuran patrones de vida que alteran profundamente la cultura.

Ignacio Martín-Baró, psicólogo social y sacerdote jesuita que estudió el impacto en la población de la Guerra Civil en El Salvador lo describió como trauma psico-social. El término subraya que los daños no se evidenciaban solamente en los individuos sino también en el tejido social. De todas las consecuencias nefastas que venimos describiendo, subrayemos dos particularmente preocupantes.

En primer lugar, Martín-Baró habló de la “militarización de la mente”. Se refería a las actitudes y creencias que se instalan en aquellos que crecen en lugares donde la violencia es la norma. Se refiere a la conclusión de que, solo recurriendo a la fuerza, solo respondiendo a la violencia con más violencia, se pueden resolver los conflictos. Una creencia que se expresa en la idealización del hombre fuerte, la exaltación de las armas, la celebración de la guerra. Lo militar termina arropando lo civil. El militarismo, que no se refiere al aparato militar, sino a las actitudes que sostienen una sociedad que enfatiza lo militar, se instala en la exaltación de la fuerza sobre la razón, el clamor por cuerpos de seguridad cada vez más férreos, el clamor de “ojo por ojo”, sobre la ética del cuidado.

Paradójicamente, el crecimiento de lo militar, no va de la mano de la instalación del orden que la fantasía militarista pregona. Como ha sucedido en otros países latinoamericanos y africanos, lo militar más bien va de la mano con el deterioro del estado de derecho y el abandono de amplias zonas del país. Es precisamente la lógica militarista la que deteriora la institucionalidad y deja al país a la deriva, dividido en feudos comandados por diversas fuerzas oficiales o paraestatales. Venezuela es prueba fiel del fracaso estrepitoso que ha representado la lógica militarista. Es la mano dura y no su falta la que nos metió en este lío.

Finalmente, la violencia conduce a la deshumanización. Los comentarios que alientan los operativos de violencia indiscriminada de la policía desprecian el terrible sufrimiento de los miembros de esas comunidades, colocando a todos sus miembros en el mismo saco estigmatizado. Provocan una herida doble, a la de sufrir los horrores de la violencia le suman la deshumanización de desconocer las injusticias padecidas.

Estas consideraciones, que podrían lucir lejanas de una publicación cultural, no lo son ya que la lucha por la palabra, es una tarea de resistencia, una apuesta a una cultura basada en la ciudadanía, es un esfuerzo crucial para rehumanizarnos y resistir al militarismo que nos han impuesto. El arte es el cultivo de la imaginación, de la posibilidad de pensar el mundo desde ojos ajenos, puede ser un ejercicio de empatía. Ante estos ciclos terribles de violencia que se han instalado en nuestra cultura, necesitamos de ciudadanos, escritores y políticos como Andrés Eloy Blanco, que, confrontado con los horrores de la violencia y el militarismo que padeció en carne propia, respondió con su
“Canto bajo el olivo”:

Por mí, ni un odio, hijo mío,
ni un solo rencor por mí,
no derramar ni la sangre
que cabe en un colibrí,
ni andar cobrándole al hijo
la cuenta del padre ruin
y no olvidar que las hijas
del que me hiciera sufrir
para ti han de ser sagradas
como las hijas del Cid.

Presentación del libro La muerte nuestra de cada día

El pasado mes de febrero se llevó a cabo, de manera online, la presentación de nuestro libro La muerte nuestra de cada día, de la mano de la Editorial de la Universidad del Rosario.

Se trata una reedición de Dicen que están matando gente en Venezuela, presentado en el 2020 bajo el sello de Editorial Dahbar. 

La muerte nuestra de cada día, contiene dos capítulos adicionales con autores de lujo:  Roberto Briceño León y Luis Gerardo Gabaldón.  Nuestros investigadores Keymer Ávila, Rebecca Hanson, Manuel Llorens, Francisco Sánchez, Chelina Sepúlveda, John Souto y  Verónica Zubillaga, conservan sus capítulos relacionados con la violencia armada y las políticas de seguridad ciudadana en el país.

El libro reúne a un equipo de investigadores que han venido estudiando, muy de cerca, la violencia armada en el país desde hace años. En sus páginas se intenta ofrecer una mirada amplia y diversa que recorre desde las secuelas íntimas en la vida concreta de los implicados, los impactos de la exacerbada militarización en el país, hasta los retos cuantitativos de medir la violencia, pasando por sus efectos en la convivencia.

El encuentro virtual estuvo hilado por los pertinentes comentarios de los profesores Arlene Tickner, Michael Reed-Hurtado. Ambos en compañía de nuestros investigadores y también editores académicos del libro Verónica Zubillaga, Manuel Llorens y Francisco Sánchez.

A continuación el link del registro de la presentación.

Presentación La muerte nuestra de cada día

Dinámicas criminales

Seminario Dinámicas criminales y grupos armados en Venezuela: lógicas, patrones y reconfiguraciones

Hace semanas atrás llevamos a cabo el seminario Dinámicas criminales y grupos armados en Venezuela: lógicas patrones y reconfiguraciones. Todo dentro del marco de la formación, como uno de los ejes transversales de nuestro trabajo.
El encuentro estuvo moderado José Manuel Roche, de la Universidad de Oxford. Dentro de los expositores estaban nuestra investigadora Verónica Zubillaga. Además de José Luis Fernández; Annette Ilder, de la Universidad de Oxford; y Andrés Antillano de la Universidad Central de Venezuela.
A continuación, compartimos la relatoría del seminario.

Foto por Leo Ramirez

– Presentación de los ponentes por parte de José Manuel –

– Verónica: gracias por la introducción, así como el saludo cordial. REACIN es un grupo de investigadores que desde hace décadas colaboramos juntos. Realizamos investigaciones etnográficas sobre diversos temas en relación a la seguridad ciudadana, como por ejemplo estrategias en la búsqueda del desarme. También somos investigadores buscando incidir.

1. Primer ponente: José Luis. Sociólogo, quien coloca énfasis en sistematizar los datos de la violencia en Venezuela.

– José Luis: ahora les mostraré algunos gráficos que recogen la tasa de muertes por armas de fuego. Generalmente arriba veremos el comportamiento estructural y abajo el coyuntural. Si observamos las cifras desde finales del siglo XX encontramos que desde 1989 no ha existido otro cambio o pico tan drástico en las cifras de muertes. También se ve que a partir del 2005 la tasa se estabilizó considerablemente. Esto último nos permite contrastar con la idea de que la violencia es un fenómeno indetenible. Más bien hay un elemento coyuntural que la permite y después se estabiliza. La idea fundamental que les quiero transmitir es que la violencia no es inevitable.

Por otro lado, a inicios del siglo XXI se había llegado a un consenso: que la violencia era un fenómeno principalmente urbano, sobre todo en el área metropolitana. Sin embargo, en las últimas investigaciones he visto, siendo la cifra proporción de muertes por armas de fuego, que al inicio la misma si era mayor en la geografía urbana en comparación con la rural, pero con el pasar del tiempo lograron intersectarse estas líneas y ahora la proporción es más alta en sectores rurales.

Adicionalmente, hay que entender que, en dichos sectores rurales, así como los urbanos, la violencia se comporta de forma distinta. Esto quiere decir que no es posible hacer uso de las mismas políticas públicas para intervenir el problema de la violencia en Caracas, que las que se usen para el Arco Minero.

A través de datos del Monitor de Víctimas también encontramos un comportamiento particular de la violencia desde el 2017 hasta el 2021, donde visualizamos tres pendientes. La última, es en el tramo de la cuarentena, donde al inicio la letalidad sube, pero luego baja y se estabiliza. En ese sentido, parece que hay un desplazamiento de las economías ilícitas. También permite, de nuevo, ver que el comportamiento de la violencia varía de acuerdo a las distintas circunstancias, no es un fenómenos lineal y progresivo.

2. Annette Idler. Universidad de Oxford.

– José Manuel le pregunta por lo que vio en su trabajo de campo en la frontera colombo-venezolana –

– Annette: he visto la presencia de distintos grupos armados. Por lo menos ahora, con los enfrentamientos en Apure que comenzaron el 21 de marzo. Allí es posible ver disidentes de la FARC, policías venezolanos, civiles o personas que forman parte de las comunidades allá. En esa problemática, hasta ahora han fallecido 9 guerrilleros, 8 policías y 5000 civiles han huido a la frontera de Colombia. Con esto, podemos visualizar una lógica transfronteriza de manera histórica. Con la FARC, ELN, los grupos paramilitares, etc. Luego en los años 90 se ven relaciones entre ELN, FVL y las comunidades aledañas. Trabajaban de manera transfronteriza.

Estas formas de operar en realidad le convienen a los actores armados, ya que es un nicho perfecto para la impunidad y, de la mano con esto, la entrada y continuación de las economías ilícitas.

Ahora, se establecen tres formas de orden entre los grupos que operan entre la frontera: de amistad, que implica que entre distintos grupos armados hay una coexistencia pacífica; rivalidad, donde las alianzas entre dichos grupos son frágiles; por último, de combate, donde hay una franca problemática entre los grupos, como es el caso de la Fuerza Armada y las disidencias de la FARC en este momento.

Esta relación transfronteriza, más cuando se tratan de relaciones de rivalidad o combate, tiene impactos significativos en las comunidades aledañas. En primer lugar, hay un aumento en las tasas de violencia del sector y, por ende, mayores desplazamientos. En segundo lugar, es susceptible a la violencia selectiva, siendo un ejemplo de esto el sicariato. Esto a su vez aumenta la desconfianza entre personas de la comunidad y una erosión del tejido social a largo plazo, si bien a corto plazo puede fungir como “un acuerdo”.

En tercer lugar, menor capacidad por parte de los integrantes de la comunidad de actuar libremente, ya que los grupos que dominan la zona generan una especie de contrato de seguridad ciudadana. En éste, los grupos armados pueden prestar seguridad, respeto, entre otros a la población local, pero luego han de poner sus reglas y la población debe obedecer.

Por último, al cerrar la frontera puede generarse una doble crisis que impacta a las comunidades: la de la emergencia humanitaria y la de la inseguridad. Cerrar la frontera amplía la violencia y la impunidad, sobre todo en el caso de las mujeres. Deben pasar por vías informales, como las trochas, y eso más bien genera mayor inseguridad en sus vidas.

– Promoción del libro de Annette, el cual será publicado en mayo: “Fronteras rojas”-

Foto por Leo Ramírez

3. Andrés Antillano.

– Andrés Antillano: ocurre una mutación de las bandas criminales y hay cuatro grandes cambios para entender lo que sucede actualmente en el delito:

1. Cae de forma significativa el delito predatorio, ya que son más los riesgos que trae que los beneficios. Había alto riesgo de detección y punición por parte de la policía, así como pocas oportunidades económicas. Hay mayores mercados ilícitos, extorsión y acuerdos entre bandas. Lo único que aumentaron fueron los feminicidios.

2. Se da un cambio en la geografía del delito, tal como planteaba José. Se manifiesta en otras zonas e incluso de forma predominante en la ciudad.

3. Ocurre un cambio en la organización del delito. Ya no es uno de grupos pequeños, sino que se genera el delito organizado, el cual puede lidiar con la violencia policial.

4. Hay un cambio de lógica. Inicialmente había una racionalidad expresiva, donde había una lógica guerrera y se buscaba reputación o que el sujeto armado se reafirmara en su exclusión. Se pasa a una lógica empresarial, la cual está orientada a aumentar el lucro y el control.

Ahora, hay tres variables que contribuyen a estos cambios:

1. La violencia policial crece en el 2014. Con esto es importante realizar actividades ilícitas menos visibles, que brillen menos, fortalecer las articulaciones entre bandas, así como acuerdos entre actores estatales. Aquí se ve cómo la mano dura transformó el delito.

2. La contracción económica que surge en el país. Se reducen los blancos atractivos y esto hace que el delito convencional mengue y actividades inelásticas se creen. Allí entra el mercado de drogas o el de alimentos. Aumenta la extorsión, secuestro de personas con alta nivel socioeconómico, así como el control fronterizo. Esto a su vez requiere y, por ende, genera mayor organización.

3. La transformación del lumpen. Las personas que se encontraban en la periferia ahora son centrales y es lo más atractivo.

4. Verónica Zubillaga.

– Verónica Zubillaga: hablaré sobre el impacto que tienen las políticas militarizadas en la forma como se organizan las comunidades y su relación con los actores armados. Para esto, voy a comparar dos comunidades que están en Caracas. Una de éstas recibió sistemáticas políticas de mano dura, lo cual generó que se reorganizaran de una manera mucho mejor planificada y contundente. Caso distinto es el de otra comunidad que queda en el centro de la ciudad. No se manifestaron estas políticas de manera sistemática y de la mano con esto, tampoco un reordenamiento de los grupos armados.

Un elemento comparativo fundamental es el papel de las mujeres en la comunidad. En el primer caso donde hay una gobernanza criminal establecida, es decir, un régimen armado claramente instituido que permea o mueve la vida social y económica, los niños y las mujeres conviven con esto y allí se instaura una ley del silencio. Esto quiere decir que hay unas normas claras y castigos severos para quienes violenten dichas normas. De hecho, los vecinos usan metáforas como: “tienen las reglas, tienen la ley”.

Por ejemplo, está prohibido: robar, los abusos sexuales o la violencia doméstica. En este sentido, si surge una problemática de este tipo, hay una jerarquía en la que estos asumen las funciones del Estado, son los tribunales, son las dádivas de la comunidad. En este espacio, las mujeres se encuentran sometidas. No hay espacio para negociar.

Por otro lado, en la segunda comunidad las mujeres pudieron juntarse para realizar comisiones de convivencia que permitiesen el cese al fuego. En este sentido, hacen un trabajo en redes que posibilita frenar la violencia a través de parte de su poder local como: su rol de madre, el chisme, regular las bandas. Esto contrasta de manera drástica con la otra comunidad, donde parece que la reorganización del grupo criminal más bien posibilita una situación de guerra que secuestra los recursos cotidianos que tienen las mujeres para regular la violencia. Aquí se ve claramente el daño que generan las políticas militarizadas en la vida cotidiana de las comunidades.

-Soluciones:

-José Luis: primero, para pensar en soluciones hay que entender que lo que origina o lo que se asocia a la violencia no es igual para todas las regiones geográficas. Así, habría que crear constelaciones de la violencia. Eso es lo que quiero crear con mi nuevo trabajo, 5 o 6 tipos de constelaciones de la violencia y, con esto, también ver su mutación. El malandro vivaz ya caducó. No se expresa así, ahora es una lógica mucho más burocrática. Creo que sería valioso ver cómo formalizar indicadores para ver cómo se llega de una violencia a la otra; de la culebra a una violencia mucho más organizada.

-Verónica: hay dos tipos de soluciones: las que son desde arriba y las que son desde abajo. Las primeras son las que vendrían desde el Estado. Actualmente hay conflictividad dentro del mismo, no sólo entre civiles. A su vez, un truncamiento de las políticas. Se generó una reforma policial y luego una contrareforma que es la FAES. Lo mismo pasa con políticas de regulación de armas. Allí se registra la conflictividad y las contradicciones de las “revolución pacífica, pero armada”. Ahora ¿qué clamamos? Una reforma policial, procesos de justicia transicional, entre otros aspectos.

Luego están las soluciones por debajo, donde está el cómo incidir en que jóvenes varones logren encontrar un nicho fuera de las bandas armadas. Este aspecto ha sido olvidado o abandonado por el Estado. La idea es fortalecer las redes comunitarias, tanto para jóvenes como para mujeres.

-Annette: el primer problema es el cierre de la frontera. En la relación entre Colombia y Venezuela se denota la dificultad para el intercambio de la información. El caso de Apure es un gran ejemplo. Este cierre también acentúa la violencia en estos sectores porque las trochas se vuelven más importantes, y les da mayor poder a los grupos que controlan.

En el contexto de Ecuador, por ejemplo, se formalizaron algunos cruces que facilitaron la economía legal. Por otro lado, las economías ilícitas serían por medio de la frontera. Por lo que hay que invertir en mayor desarrollo e infraestructura en estas áreas, así como más incentivos en la economía legal.

-Andrés: en el 2015 las mujeres operaban dentro de los mercados ilícitos. La policía había matado a todos los jóvenes, por lo que las mujeres sustituyeron a sus parejas. Pero ahora no creo que sea así. Se establecen nuevas estructuras muy masculinizadas. Ya la mujer no está dentro de los negocios, sino que es una ficha de cambio, una especie de trofeo o de medalla. Hay una conversión de la mujer.

Por otro lado, está el tema de las zonas de paz, donde en realidad la policía no dejó de ir a las comunidades. Siguió yendo, pero ahora extorsiona. Se constituye un ciclo en el que hay encarcelamiento masivo y políticas de mano dura. Con esto viene un cambio en la expectativa. Antes el malandro tenía el trabajo lícito dentro de sus expectativas, pero ya no. Ahora es en lo ilegal, ya que en el momento en el que tiene el poder económico, también tendrá el político. Se generan soberanías que cumplen funciones del Estado.

Foto por Leo Ramírez

-Pregunta-

-Anette: la expansión de la guerrilla ha sucedido históricamente. Pero desde el 2016, con el proceso de paz en Colombia, las guerrillas movilizaron a sus familias para protegerlos. Dicho proceso de paz y el de crisis ha sido clave para expandirse.

Pero allí emerge un reclutamiento de adolescentes, como venezolanos en la frontera, a los que le dan incentivos como: motos, celulares, estatus, entre otros, pero también ocurre trata de personas.

-Zubillaga: hay un problema de disponibilidad y falta de control de armas de fuego. Esto afecta la vida de las mujeres en las comunidades. Ellas también comienzan a tener armas de fuego y reciben los conflictos previos. O también son víctimas, encuentran un arma y viven con la fantasía de que vengarán a su hijo asesinado.

-Andrés: tenemos que acabar con la visión mecanicista de que hay un cartel más grande afuera que viene aquí a controlar. Una globalización o redes globales del delito.

Por otro lado, no migraron los malandros. Existe una salida en general que permite que los efectos de la crisis se alivien y luego esto tiene un efecto en las comunidades.

Por último, como ya se ha dicho, en la década pasada existió una excesiva encarcelación que se les escapa de las manos y tratan de resolverlo con políticas de mano dura. Esto fue problemático. De las acciones de la policía se generaron mecanismos informales, pero sumamente organizados para controlar los territorios.

-José: como ya dije, hay una violencia que es estructural y otra que es coyuntural. Por ejemplo, en el Arauca están los dos lados. Cuando eres un hombre joven en un sector popular estás prácticamente destinado a incorporarte en la dinámica de la violencia. Eso es estructural. Ahora, lo coyuntural es complejo, no porque sea difícil, sino porque son elementos que no van a variar de acuerdo al contexto. Entonces en Arauca será distinto a lo que sucede en Caracas.

Las ausencias del Estado venezolano: vulnerabilidad e indefensión de los lesionados por balas en Caracas.

En Venezuela, las víctimas no-fatales de la violencia armada son invisibles frente a la mirada y acciones del Estado. Este, por un lado, no asume las responsabilidades pertinentes hacia las personas que fueron afectadas por la ausencia de políticas de control de armas y municiones; y por el otro, no protege a las víctimas luego de que la bala hizo estragos en los cuerpos de las personas.

La invisibilidad llega a al punto en que ni siquiera existe una estadística sanitaria oficial que muestre un panorama sobre los heridos de bala en el país y sus contextos. Como se señaló en un texto previo publicado para este portal, esto es definitorio, ya que constituye la diferencia entre “existir” o no frente al Estado.

Las vulnerabilidades y carencias exacerbadas.

Las balas no solamente se llevan por delante los cuerpos, sino también las metas y sueños de aquellos a los que hiere, marcando las trayectorias de vida de las personas. Esto ocurre con mayor intensidad cuando la bala genera algún tipo de discapacidad, para lo cual las personas deben reconstruirse como tal, aprender a manejar un cuerpo nuevo en entornos que pueden ser bastante hostiles, especialmente en lo urbano.

A esto debemos sumarle la crisis socioeconómica y de infraestructura que se vive en el país. Imagine entonces, pasar de la noche a la mañana a un nuevo cuerpo en un contexto en donde los servicios sanitarios y de rehabilitación están bastante limitados, o en donde la calidad ha disminuido. En donde el acceso a los insumos médicos —como sondas, cojines y anti escaras— y a las medicinas es limitado, y debe ser financiado por la persona. Un contexto en el que el acceso a las ayudas técnicas desde las instituciones del Estado —como sillas de ruedas, muletas y andaderas— implica largas listas de espera que pueden llevar años. En una ciudad hostil para las personas con discapacidad; con un transporte público que limita el acceso día con día —metro sin escaleras eléctricas, ascensores sin funcionar, etc.— entre otras muchas cosas. Las líneas de este texto se me podrían acabar escribiendo todas las dificultades y obstáculos a los que quedan expuestas las personas con discapacidad en el país.

Aunque en Venezuela se cuenta con una “Ley para las personas con discapacidad” desde 2006, y se espera una reforma de esta para el año 2021, la protección desde el Estado que allí se contempla, en términos de políticas sociales y de inclusión, es prácticamente inexistente. En el trabajo de campo realizado entre 2018 y 2019 en Caracas, pude ser testigo de cómo las personas heridas por balas y con algún tipo de discapacidad difícilmente logran abrirse espacio en el mercado laboral formal, llegando a depender de la informalidad y sus importantes condiciones precarias de inestabilidad y la vulnerabilidad frente amenazas en la calle y las limitaciones para la movilidad en la ciudad. O bien, a depender de grupos de apoyo y familiares para su sustento y la adquisición de medicinas, insumos, ayudas técnicas, etc.

Algunas de las personas con discapacidad que conocí durante mi trabajo de investigación reciben una especie de pensión de la llamada “Misión José Gregorio Hernández”, focalizada en personas con discapacidad con bajos recursos y localizadas en sectores no urbanos del país (MPPEFCE, 2021). Esta es pagada a través de la plataforma Patria, previa aprobación del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONAPDIS). Para mayo de 2021, este monto es de Bs. 1.080.000 mensuales, lo cual se traduce en $USD 0,37 teniendo como referencia el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), el día 17 de mayo de 2021.

Esta breve descripción del panorama la he hecho con la idea de dimensionar los niveles de precariedad, carencia y vulnerabilidad a los que esta población está expuesta, en medio de la desidia e invisibilización de las que son víctimas desde el Estado.

Los no “contados”

Como se mencionó anteriormente, en Venezuela no existen registros oficiales publicados sobre los heridos por bala; solamente existe el registro administrativo hospitalario, pero que no es sistematizado para la construcción de una estadística que haga visibles a estas víctimas de la violencia.

Por tal razón, dentro del trabajo de investigación que realicé, desarrollé una arista cuantitativa con la idea de construir estadísticas parciales sobre esta situación, como un haz de luz en medio de la desinformación y la invisibilización. Esta tarea la realicé sistematizando los registros administrativos de dos importantes hospitales de la ciudad de Caracas en el año 2019. Allí, logré registrar información de heridos por bala, armas blancas y agresión fundamentalmente, entre los años 2017 y 2019.

Asimismo, pude obtener información del ingreso de personas heridas por bala con algún tipo de discapacidad (temporal o permanente) en un centro de rehabilitación de Caracas, entre 2016 y 2018.

En el caso de los registros hospitalarios, aunque los datos para los años 2017 y 2019 fueron parciales, se logró registrar 6.132 casos, de los cuales 41% fueron por herida de bala, 30% por agresión y 29% por armas blancas. Y, en el centro de rehabilitación, entre 2016 y 2019 se registró el ingreso de 219 personas heridas por balas.

Los heridos, en ambos registros, eran hombres (92% para el centro de rehabilitación y 86% en los hospitales) con edades comprendidas entre los 15 y 34, siguiendo las mismas tendencias que pueden encontrarse para el caso de los homicidios.

Por otro lado, es importante mencionar que las mujeres son las principales víctimas de heridas por arma blanca, con una tendencia que inicia a los 10 años. Además, las agresiones empiezan a superar en frecuencia a las balas y armas blancas a partir de los 40 años, siendo la forma de violencia principal utilizada hacia las personas de la tercera edad.

Para la localización geográfica de la ocurrencia de heridos por bala, se logró calcular una tasa (por cada 100.000 habitantes) a nivel parroquial; allí se posiciona en el primer  

lugar de ocurrencia El Junquito (51,3), seguido por Catedral (44.3), La Vega (32), Macarao (27,1) y Antímano (21,8), para completar el ranking de las cinco parroquias con mayor incidencia.

Además, se identificó que en estos dos hospitales, no sólo trataban de emergencia a personas que residían en Caracas, sino también de estados aledaños como Miranda y Vargas, y estados con mayor lejanía como Zulia, Táchira, Trujillo, Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Guárico, Bolívar, Monagas y Sucre.

Luego de este brevísimo recorrido por la situación de las personas lesionadas por balas y al dimensionar las magnitudes de ocurrencia del fenómeno, solamente queda pensar en los niveles de precariedad y vulnerabilidad a los que el Estado venezolano expone a estas personas a través de la negación e invisibilidad de la problemática de las víctimas no-fatales de las armas de fuego. El Estado está ausente y deslindándose de las responsabilidades que, por ley, debe asumir.

Todo este panorama convierte a estas víctimas invisibles en no-ciudadanos, por lo que se hace urgente la generación de sistemas estadísticos nacionales para el registro de víctimas fatales y no fatales de la violencia y políticas públicas que, por un lado, atiendan a las personas lesionadas por balas para su inclusión en la vida social como sujetos de derecho, y por el otro, limiten y controlen la presencia de armas y municiones en las calles.

Dicen que están matando gente en Venezuela: análisis, registro, reflexión y denuncia de un país que se empeña en resistir

Un nuevo libro, escrito por nuestros investigadores y bajo el sello de Editorial Dahbar llega al país: Dicen que están matando gente en VenezuelaViolencia Armada y políticas de Seguridad Ciudadana.

Luego de ser lanzado en España semanas atrás, el libro llega a casa, y contiene buena parte del padecimiento que atraviesa Venezuela, la indiferencia ante las heridas que el atropello deja en el camino, la omnipotencia del poder que se exhibe con sorna frente a sus víctimas. La manera en que el Estado no sólo es protagonista en la perpetración de muertes, sino que además se burla de los atropellados.

El libro puede adquirirse en las librerías de España y a través de Amazon. Además puede obtenerse físicamente en Venezuela en las librerías Kalathos, Sopa de Letras, El Buscón, Viscaya o enviando un correo electrónico a [email protected].

A continuación, el registro del foro llevado a cabo en diciembre pasado, en el marco del lanzamiento del libro.

Se trató de una conversación conducida por las periodistas Vanessa Davies de Contrapunto y Ronna Rísquez de Monitor de Víctimas. Y con la participación de Sergio Dahbar, de Editorial Dahbar; Verónica Zubillaga y Manuel Llorens, ambos autores e investigadores de Reacin.

Relatoría

Ronna: ¿de dónde viene el nombre del libro?

Verónica: viene de una conversación con niños con los que conversaba John Souto. Una niña indica “dicen que están matando gente, pero en verdad están matando malandros”. Revela un poco la naturalización de la muerte y la justificación de ciertas matanzas. Es una forma de denuncia hacia la naturalización de la muerte. Toda denuncia implica alzar la voz y reclamar justicia. Es una búsqueda por encontrar un horizonte de convivencia.

Manuel: viene de una intensa discusión. Parte del libro es una producción colectiva integrada por distintos autores con diversas profesiones y miradas distintas. Es un título sugerente: cuando el mundo voltea a ver a Venezuela, es haciéndose esas preguntas. Es una invitación desde la curiosidad.

Vanessa: hay un Estado penal exacerbado, pero no se relaciona con el comportamiento a nivel económico ¿cómo entendemos esto? (Para Verónica).

Sobre la violencia crónica y la ciudadanía híbrida (Para Manuel).

Verónica: ha ocurrido un auge de la violencia policial. Paradójicamente surgen una reforma policial en el 2010 ante la denuncia por las redadas, pero al mismo tiempo, se dan con mucha fuerza los operativos policiales, como el madrugonazo al hampa. A su vez, ocurre el colapso de los precios petroleros. Para el año 2014-2015 ocurre una nueva fase de militarización de la seguridad. Ya es el mismo Estado el que trunca los procesos de reforma. Debe venir otra vez una discusión sobre las reformas de las instituciones de seguridad.

Manuel: hay que ver el impacto que tiene la violencia en el funcionamiento de las comunidades. Es algo sostenido en el tiempo, que genera unas formas de ejercer la ciudadanía. Hay un código de la ley, pero también un código local, informal, que controla. Se instaura una dualidad entre responder mediante la vía formal o no hacerlo. Lo que hemos visto es que la violencia crónica genera: mayor resguardo, relaciones de mayor desconfianza (por ejemplo, una persona que le robaron la casa y en la misma conversación indican que pudo ser un mismo vecino que “lo pichó”), más fragmentación, menor concepción de que ante situaciones violentas existirán instituciones que van a responder, no hay espacios de acuerdos colectivos, etc. Esto hace pensar en opciones alternativas.

Ronna: capítulo 2: ¿cuáles fueron esas señales de resistencia que percibieron en la comunidad? (Para Manuel)

Manuel: ante situaciones adversas hay fuerzas antagónicas que se resisten. Cuando miramos desde el foco de la violencia podemos perder de vista esas formas de resistencia. Personas que activamente hace cosas: vínculos, confianza, logran espacios seguros, negociar salidas. Sería imposible investigar sin estas entradas.

Pensando en nuestra organización, la idea que queremos transmitir se asocia con una forma de resistencia, de que necesitamos articularnos entre muchos para poder salir de la violencia.

Verónica: complementando la idea, es necesario un trabajo en redes y también mirar nuestro pasado.

Vanessa: ¿quién es la víctima? Es el que dice el Estado proteger ¿por qué se llega a esa ruptura? (Para Verónica)

¿Policía y malandro dan igual de miedo? ¿Quién es la autoridad? (Para Manuel)

Verónica: la gran esperanza de la revolución era la deuda de inclusión que viene desde el pasado. Ocurre una etapa redistributiva (por ejemplo, las misiones) y donde el destino de Venezuela se vinculaba a la renta petrolera. A su vez, como país tenemos la importancia de lo militar como proceso. Lo militar se vuelve una manera de entender el mundo, evidenciándose en los discursos y prácticas. Esto, aunado a un momento de crisis, se vincula con el uso de estrategias extremas de manera urgente. De la misma forma, se asocia con la llegada del mundo ilícito. En este sentido, ocurre un fracaso en la respuesta de la deuda que tenemos con los sectores vulnerables. El 21% de las muertes son por la policía y la mayoría de los asesinados son jóvenes varones de estos sectores.

Manuel: ¿quién es la autoridad? En la comunidad las personas se preguntan esto a diario. Se preguntan a qué autoridad acudo. En Los Ruices un vecino se describe como muy activo. Un día fue a un parque con su hijo y vio a un grupo de personas vendiendo drogas, por lo que acudió a la policía. Días después uno de los integrantes va hasta la puerta de su casa y le dice que “le echó paja con la policía”. Esto permite ver que acudir a la institución sólo te deja más vulnerable, por lo que su reacción fue mudarse un tiempo después. En algunos casos incluso le tienen más miedo a la policía que a los delincuentes. Ocurre una desestructuración de lo formal.

Ronna: debajo de la Cota, piden que ante una situación adversa vaya el Coqui ¿cómo es el proceso de justicia?

Manuel: esto se ve con más claridad en el capítulo de Francisco, al hablar sobre las víctimas. No hay una respuesta seria por parte del Estado, así que las víctimas no sólo viven un asesinato injustificado, sino que además tienen poco acceso a la justicia.

Verónica: esto se ha dado también en otros países: Río de Janeiro, Medellín. En la literatura se habla de gobernanzas criminales, donde cumplen soberanías territoriales: no se trata de ser un Estado en sí mismo, sino de cumplir funciones que el Estado debería cumplir.

Preguntas adicionales:

¿?: ¿cómo es en otros estados del país?

José Luis Fernández: mi trabajo es sobre todo desde lo cuantitativo. He visto diferentes perfiles de cómo ha avanzado en distintas zonas. Trato de romper con la visión de que la violencia es única. En Caracas hubo un crecimiento de la violencia, pero luego se dio en la periferia, como es el caso de Valles del Tuy. Se dio un momento de cambio en la violencia. Solía ser urbana, pero pasó a expandirse en otras regiones. Es el caso de Barlovento, donde la violencia por armas de fuego es más fuerte que en Caracas. También en Paria, con los fallecidos tras la migración forzosa. También por armas de fuego debajo del lago de Maracaibo.

Verónica: además, Andrés Antillano y Francisco han realizado un trabajo en la zona de la frontera que complementa los datos cuantitativos. Hacen una mirada microscópica, viendo los aspectos locales.

¿?: rol de las mujeres.

Verónica: han contribuido con los pactos o treguas con grupos armados. Pero esto es posible cuando hay historia de redes institucionales. Las mujeres han asumido el rol de mediar estos pactos en las comunidades. Esto se puede ver de forma más detallada en el capítulo de Francisco, donde se ve el rol de las mujeres en el reclamo de justicia.

Francisco: yo con esto sólo agregaría evitar caer en el romance de la resistencia. Y también entender que cada vez estas luchas son más privadas que públicas y que, más allá de lo que se intente, necesitamos de otras ayudas o de otras instancias.

Ronna: igual el efecto que genera en los niños. También por acá preguntan ¿cuál ha sido el efecto de las zonas de paz?

Verónica: mucha desprotección. Las políticas de mano dura han generado alianzas entre bandas ante una guerra declarada. Las zonas de paz consolidan la autonomía de las bandas territoriales.

Vanessa: lo decía también Bachelet ¿el problema son las siglas del operativo o la política? Es decir, ¿desaparece la FAES y ya o el problema es distinto?

Keymer: no es un problema de siglas. Si sólo vez la OLP, por ejemplo, vez sólo el 15% de las muertes. Dejas por fuera las demás. Este es un problema que se va arrastrando, como si fuesen unas muñecas rusas. Lo que vemos se asocia con una política anterior y lo que hace es transformarse, pero tomando en cuenta lo anterior.

La FAES llega en el 2017 con las protestas. En ese marco es que se anuncia el grupo táctico. Pero fue necesario los grupos anteriores, hay que ver la historia. Ahora, lo que distingue al FAES es la exhibición en las matanzas.

Cuando revisamos los datos por cuerpo policial, la FAES no supera al 30-40% y además allí participan distintos cuerpos. Cuando los vemos todos, nos damos cuenta que los cuerpos de seguridad del Estado son responsables del 70%, por lo que hay que ver la diversidad, también para ejercer la denuncia de cada grupo. Si no toleramos uno, eso también genera impacto y permite trasmitir el mensaje de que tampoco toleraríamos acciones similares por parte de otros cuerpos. La idea es no mostrar o generar tolerancia.

Cierre:

Sergio: personas están muy atrapadas en lo cotidiano y estos temas pueden pasar a un segundo plano.

Verónica: forjar memoria. No es romantizar las iniciativas, pero sí reconocerlas para reconstruir.

Manuel: reconocerlas para permitir el cambio.

Dicen que están matando gente en Venezuela en la FLOC 2020

En el marco de la reciente edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC), organizada por la UCAB, llevamos a cabo la presentación de nuestro libro Dicen que están matando gente en Venezuela.

Se trata de un libro que revisa un espectro amplio de expresiones de violencia que incluyen el impacto de la violencia crónica en distintas comunidades y los efectos que tiene en la convivencia; las reacciones de las madres de hijos asesinados por las fuerzas policiales y sus esfuerzos por hacer justicia. También se enfoca en el deterioro del proceso de reforma policial y retrata y analiza cómo las fuerzas policiales se han constituído en un actor que ejercen una matanza de manera sistemática. Finalmente, hace un registro cuantitativo de las muertes por armas de fuego, permitiendo distinguir las diferencias según las distintas regiones, con énfasis en la evolución de la violencia en la frontera.

El encuentro en la FLOC, de poco más de una hora, contó con la participación de Sergio Dahbar y Manuel Llorens. En esta conversación quedó en evidencia, aún más, que Dicen que están matando gente en Venezuela no es un libro escrito desde desaliento. Surge de un país que se empeña en resistir. Como las madres que se reúnen en el cementerio a celebrar el cumpleaños de sus hijos asesinados para ofrecerse consuelo y los periodistas, abogados e investigadores que luchan por mostrar lo que el poder quiere mantener oculto.

Keymer Ávila en El Diario: ¿Qué pasó en La Vega?

Las recientes intervenciones policiales en La Vega y la Cota 905 han generado múltiples debates. Las balas cruzadas llenan de zozobra y preocupación a estas comunidades y sus alrededores.

Keymer Ávila, investigador de nuestra red, encargado de la línea de investigación sobre violencia institucional, nos ofrece una introducción panorámica a este tema, más allá de la coyuntura, lo anecdótico e incluso de enfoques meramente policiales. ¿Cuáles son los ciclos de violencia que subyacen en estos acontecimientos? ¿Cuáles son los principales actores involucrados? ¿Cuáles son las tramas que se tejen entre éstos? ¿Se puede reducir estos eventos solo a enfrentamientos entre bandas o entre éstas y la policía? Ávila nos da algunas claves que sirven de marco para abordar estos fenómenos, donde podrían luego insertarse algunos análisis más específicos o locales. Todo en un artículo de su autoría publicado en el medio digital El Diario.

Artículo

Lo primero que debemos aclarar es que para hablar de un caso concreto como el de La Vega hay que hacer un trabajo de campo dentro de la propia comunidad, casi que de carácter policial, no es nuestro caso. Hecha esta advertencia intentaremos hacer en la primera parte un acercamiento macro sobre este tipo de fenómenos que parecen hacerse cada vez más recurrentes en los grandes barrios de nuestras ciudades, cada uno con sus lógicas y particularidades propias. En la segunda nos acercaremos a las informaciones que nos han llegado de esa comunidad y a las interrogantes que se plantean sobre el caso concreto.

Ya en otro espacio consideramos tres claves dentro de las cuales pueden insertarse, luego explicaciones más territoriales y locales, incluso coyunturales, pero que tendrán en común estos elementos: el contexto de profunda violencia estructural que padecemos los venezolanos, la estructura de oportunidades ilícitas que el propio sistema ofrece y la violencia institucional que le es funcional a las dos anteriores

En primer lugar tenemos la violencia estructural que excluye a las mayorías del país y las condena a precarias condiciones de vida. A los jóvenes no se les ofrece ningún tipo de oportunidades ni opciones de futuro en el mundo lícito. 

Dentro de este nivel macro, hay que considerar el segundo aspecto: la estructura de las oportunidades ilícitas. Las grandes bandas dotadas con armas de guerra no pueden existir sin el apoyo del mundo lícito, este es uno de los puntos más básicos de las teorías de las subculturas criminales desde los años sesenta del siglo pasado. Determinados sectores del mundo “lícito” tienen una relación funcional con las actividades y existencia de las bandas, esto pasa por otorgarles soportes sociales, institucionales, económicos, políticos, entre otros. Es decir, garantías para operar de manera impune, colaboración de cuerpos policiales y militares, complicidad de fiscales y jueces. 

Es importante resaltar que esto no tiene que ver con ideologías ni programas políticos, es solo un asunto de negocios, de mercados ilícitos comunes. Es así que se van conformando las llamadas gobernanzas criminales, que no es un fenómeno particular nuestro, pueden verse también en varias ciudades en Centroamérica, Brasil, Colombia y México.

Estas alianzas no son estables, en ocasiones estos intereses en común pueden entrar en conflicto generando guerras irregulares entre estos bandos. Esos acuerdos precarios pueden quebrarse por distintas circunstancias, eso parece que fue lo que ocurrió en La Vega y también hace unos meses en Petare.

Finalmente, la tercera arista que completa este círculo vicioso es la violencia institucional. Esta última es uno de los principales instrumentos de manutención y reproducción de la violencia estructural. En determinados momentos de crisis de legitimidad es funcional visibilizar e instrumentalizar a la violencia delictiva como forma de distraer la atención de otros problemas más difíciles de abordar, en ese sentido los delincuentes, o los que cumplen con el estereotipo que los prejuicios de clase y raza establecen sobre lo que supuestamente es un delincuente -joven, racializado y pobre-, sirven como oportunos chivos expiatorios.

Las cifras e indicadores existentes nos demuestran, en primer lugar, que la mayoría de las muertes a manos de los cuerpos de seguridad no son enfrentamientos con grupos delictivos equivalentes, son más la consecuencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal por parte de estos organismos. Los casos de enfrentamientos con grupos delictivos son excepcionales. El problema radica cuando a través de la excepción se busca justificar la actuación rutinaria y la masacre por goteo que se encuentra en marcha contra los sectores carenciados de la sociedad.

El saldo es la muerte de miles de personasla radicalización y mutación de las bandas que se hacen más violentas y con mayores arsenales, junto al empoderamiento cada vez más grande de los aparatos policiales y militares que terminan haciendo su voluntad. ¿Quiénes salen perdiendo? Todos nosotros, los ciudadanos de a pie que terminamos a su merced.

En este contexto general pueden insertarse luego casos particulares con sus propias lógicas territoriales. Ahora abordaremos algunas preguntas que nos han realizado periodistas durante los últimos días sobre lo ocurrido en La Vega:

¿Qué sucedió en La Vega? ¿Por qué hacen ese operativo policial? 

La Vega, geográficamente, es un lugar estratégico de Caracas que conecta con varios puntos y otros sectores claves de la ciudad, por lo que es apetecible para cualquier grupo que quiera tener ventajas tácticas y bélicas. De las conversaciones con vecinos y funcionarios hemos recogido, al menos, dos versiones de lo sucedido. La primera cuenta que el conflicto comienza desde finales del año pasado entre la banda de la Cota 905 y otras más pequeñas de La Vega, donde la primera avanza y toma algunos sectores de este barrio vecino. Recluta a varios jóvenes del lugar, posiblemente inexpertos, y los dota con armas largas, con las cuales comienzan a hacer rondas por el barrio. Estos lejos de ganarse a la comunidad, impusieron toques de queda después de las 5:00 pm, montaron alcabalas, comenzaron a cometer actos delictivos dentro de la misma zona, a cobrar vacunas más allá de los límites tolerables, tanto así que los transportistas en algún momento paralizaron la prestación del servicio, los comercios estaban viéndose ya afectados, etc. Eso va escalando hasta que se meten con funcionarios policiales que viven en los sectores ocupados y allí se rompe cualquier equilibrio y pacto de coexistencia entre ellos. 

Entonces se presentan dos momentos, el primero comienza el 2 de enero, con los enfrentamientos entre bandas, y luego de la banda vencedora con la policía, que fueron los últimos y los más fuertes. Llegando a sus puntos máximos los días viernes, sábado y domingo. La comunidad duró asediada por las balas una semana entera.

La otra versión, más delicada, cuenta que al jefe de la banda de la Cota 905 le robaron una parte de su arsenal y los disidentes se llevaron el botín para La Vega, fue un intento de lo que ellos llaman un “cambio de gobierno”. Luego el jefe traicionado trató de restablecer el orden infringido, y en ese juego la incursión de la policía le terminó siendo funcional a sus propósitos, ya que eliminaron a los alzados, manteniendo este su hegemonía. Sin embargo, hay numerosas denuncias de que muchos de los fallecidos a manos de las policías no tenían nada que ver con estas situaciones.

Se trata de dos versiones encontradas, incluso contradictorias, que coinciden en la presentación de los dos momentos, pero muy especialmente en la precariedad institucional que padecemos y que constatan que los sectores populares son victimizados triplemente. Primero, por la exclusión social y económica; segundo, por las bandas delictivas y, tercero, por el propio Estado. Actualmente en La Vega se ha sustituido el estado de sitio que tenía la banda por el que ha impuesto la PNB, las calles siguen desiertas, y los hombres armados son los que siguen rondando.

¿La incursión policial tiene relación con las protestas de días anteriores por servicios públicos?

Al contrario de lo que suele decirse en el país, se protesta mucho, en especial en los sectores populares. Así lo confirma el seguimiento del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Estas protestas son mayoritariamente por la demanda de servicios públicos básicos, que en Venezuela cada vez son más precarios o inexistentes. Los vecinos confirman que sí hubo protestas en el sector entre la segunda y cuarta semana del mes de diciembre, especialmente por la ausencia de agua y gas, que fueron reprimidas y dispersadas con disparos por la policía en su momento.

Una vez dicho esto es importante recalcar lo siguiente: si bien las manifestaciones en el país son reprimidas, no deben confundirse ambos tipos de violencia institucional. La represión que se hace de manera cotidiana en los barrios en el contexto de operativos de seguridad ciudadana es mucho más brutal, indiscriminada, masiva y letal, que la que se hace en el marco de manifestaciones. No tienen factor de comparación ni pueden equipararse.

Esta distinción no debe dejar de recalcarse, tratar de confundir ambos tipos de represión distorsiona una realidad que no necesita ser distorsionada.

¿Hay pruebas de algunas alianzas entre esas bandas y autoridades policiales y militares?

No tenemos elementos para contestar esta pregunta, no forma parte de nuestro trabajo académico de investigación; esto sería más propio que lo contestaran las autoridades policiales, el Ministerio Público o el Poder Judicial.

Tal como se señala al inicio, lo que podemos hacer son análisis y reflexiones de carácter general que pueden enmarcar este tipo de eventos. Acá es clave la idea de estructura de oportunidades ilícitas ya explicada.

Hay preguntas básicas: ¿Cómo obtienen las armas? ¿Cómo tienen acceso a armas de guerra? ¿Cómo obtienen municiones? ¿Cómo algunas poseen granadas? ¿Quiénes son los responsables de la fabricación, importación, distribución y comercialización de las armas y municiones en el país? ¿Quiénes tienen ese monopolio? ¿Desde cuándo lo tienen?

En síntesis: las grandes bandas no pueden surgir, ni tener poder, sin un mínimo apoyo o al menos tolerancia de policías o militares, fiscales, jueces, así como del poder político y económico del mundo “legal”. Esto no lo decimos nosotros, esto es parte de una de las más clásicas teorías criminológicas de la segunda mitad del siglo pasado.

Hay familias que denuncian que algunas de las víctimas simplemente estaban en la calle y eran trabajadores, ¿cuál es el sentido de matarlos y presentarlos como bandidos? 

Esto se vincula a la tercera arista que comentamos en la introducción, referida a la violencia institucional. En algunas coyunturas puntuales de crisis políticas, económicas o de legitimidad el tema de la seguridad ciudadana puede ser un comodín, algunos casos en particular, sin duda graves y dramáticos pueden servir para encubrir crisis de tipo más estructural y difíciles de abordar.

Es una sustitución de enemigos públicos, dependiendo de las circunstancias el sistema  evalúa a cual escoge y cómo lo procesa. Con ello se legitiman ciertos aparatos armados del Estado a la vez que distraen la atención pública para que no se ocupe de otros asuntos más complicados. Esto sucedió claramente con las OLP, en un año electoral; también ocurrió con la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) durante las protestas de 2017.

Como lo hemos explicado en otras oportunidades, estas políticas no son una mera respuesta a fenómenos delictivos puntuales, estos son solo la excusa a través de la cual se activan un montón de funcionalidades políticas y económicas. En ocasiones, para la maquinaria de muerte estatal los cuerpos sin vida de los pobres son solo un producto que sirve para mostrar eficiencia, capacidades, son un medio para enviar claros mensajes; son también un intento de legitimación a través de la fuerza y, en consecuencia, de reafirmación de su poder.

En la reciente incursión de la fuerza pública en La Vega no son pocas las denuncias de ejecuciones. Cuando hay tantas muertes de un solo lado y ni siquiera heridos del otro es motivo para encender las alarmas, es un indicador de que el uso de la fuerza letal tuvo una finalidad distinta a la preservación de la propia vida, y sugiere un uso excesivo y desproporcionado.

El problema no es que caigan “inocentes” o “culpables”, esa distinción es irrelevante y hasta peligrosa, el punto es que en nuestro país no existe la pena de muerte -pena que está en extinción en el mundo entero-, y en esos casos la pena es producto de un proceso judicial, no es administrada discrecionalmente por la policía en la calles. Cuando eso sucede se le está otorgando un poder ilimitado a los cuerpos armados, mermando todos nuestros derechos como ciudadanos. En esto no se deben hacer excepciones, los derechos son para todos o no son para nadie.