En Venezuela, las víctimas no-fatales de la violencia armada son invisibles frente a la mirada y acciones del Estado. Este, por un lado, no asume las responsabilidades pertinentes hacia las personas que fueron afectadas por la ausencia de políticas de control de armas y municiones; y por el otro, no protege a las víctimas luego de que la bala hizo estragos en los cuerpos de las personas.

La invisibilidad llega a al punto en que ni siquiera existe una estadística sanitaria oficial que muestre un panorama sobre los heridos de bala en el país y sus contextos. Como se señaló en un texto previo publicado para este portal, esto es definitorio, ya que constituye la diferencia entre “existir” o no frente al Estado.

Las vulnerabilidades y carencias exacerbadas.

Las balas no solamente se llevan por delante los cuerpos, sino también las metas y sueños de aquellos a los que hiere, marcando las trayectorias de vida de las personas. Esto ocurre con mayor intensidad cuando la bala genera algún tipo de discapacidad, para lo cual las personas deben reconstruirse como tal, aprender a manejar un cuerpo nuevo en entornos que pueden ser bastante hostiles, especialmente en lo urbano.

A esto debemos sumarle la crisis socioeconómica y de infraestructura que se vive en el país. Imagine entonces, pasar de la noche a la mañana a un nuevo cuerpo en un contexto en donde los servicios sanitarios y de rehabilitación están bastante limitados, o en donde la calidad ha disminuido. En donde el acceso a los insumos médicos —como sondas, cojines y anti escaras— y a las medicinas es limitado, y debe ser financiado por la persona. Un contexto en el que el acceso a las ayudas técnicas desde las instituciones del Estado —como sillas de ruedas, muletas y andaderas— implica largas listas de espera que pueden llevar años. En una ciudad hostil para las personas con discapacidad; con un transporte público que limita el acceso día con día —metro sin escaleras eléctricas, ascensores sin funcionar, etc.— entre otras muchas cosas. Las líneas de este texto se me podrían acabar escribiendo todas las dificultades y obstáculos a los que quedan expuestas las personas con discapacidad en el país.

Aunque en Venezuela se cuenta con una “Ley para las personas con discapacidad” desde 2006, y se espera una reforma de esta para el año 2021, la protección desde el Estado que allí se contempla, en términos de políticas sociales y de inclusión, es prácticamente inexistente. En el trabajo de campo realizado entre 2018 y 2019 en Caracas, pude ser testigo de cómo las personas heridas por balas y con algún tipo de discapacidad difícilmente logran abrirse espacio en el mercado laboral formal, llegando a depender de la informalidad y sus importantes condiciones precarias de inestabilidad y la vulnerabilidad frente amenazas en la calle y las limitaciones para la movilidad en la ciudad. O bien, a depender de grupos de apoyo y familiares para su sustento y la adquisición de medicinas, insumos, ayudas técnicas, etc.

Algunas de las personas con discapacidad que conocí durante mi trabajo de investigación reciben una especie de pensión de la llamada “Misión José Gregorio Hernández”, focalizada en personas con discapacidad con bajos recursos y localizadas en sectores no urbanos del país (MPPEFCE, 2021). Esta es pagada a través de la plataforma Patria, previa aprobación del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONAPDIS). Para mayo de 2021, este monto es de Bs. 1.080.000 mensuales, lo cual se traduce en $USD 0,37 teniendo como referencia el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), el día 17 de mayo de 2021.

Esta breve descripción del panorama la he hecho con la idea de dimensionar los niveles de precariedad, carencia y vulnerabilidad a los que esta población está expuesta, en medio de la desidia e invisibilización de las que son víctimas desde el Estado.

Los no “contados”

Como se mencionó anteriormente, en Venezuela no existen registros oficiales publicados sobre los heridos por bala; solamente existe el registro administrativo hospitalario, pero que no es sistematizado para la construcción de una estadística que haga visibles a estas víctimas de la violencia.

Por tal razón, dentro del trabajo de investigación que realicé, desarrollé una arista cuantitativa con la idea de construir estadísticas parciales sobre esta situación, como un haz de luz en medio de la desinformación y la invisibilización. Esta tarea la realicé sistematizando los registros administrativos de dos importantes hospitales de la ciudad de Caracas en el año 2019. Allí, logré registrar información de heridos por bala, armas blancas y agresión fundamentalmente, entre los años 2017 y 2019.

Asimismo, pude obtener información del ingreso de personas heridas por bala con algún tipo de discapacidad (temporal o permanente) en un centro de rehabilitación de Caracas, entre 2016 y 2018.

En el caso de los registros hospitalarios, aunque los datos para los años 2017 y 2019 fueron parciales, se logró registrar 6.132 casos, de los cuales 41% fueron por herida de bala, 30% por agresión y 29% por armas blancas. Y, en el centro de rehabilitación, entre 2016 y 2019 se registró el ingreso de 219 personas heridas por balas.

Los heridos, en ambos registros, eran hombres (92% para el centro de rehabilitación y 86% en los hospitales) con edades comprendidas entre los 15 y 34, siguiendo las mismas tendencias que pueden encontrarse para el caso de los homicidios.

Por otro lado, es importante mencionar que las mujeres son las principales víctimas de heridas por arma blanca, con una tendencia que inicia a los 10 años. Además, las agresiones empiezan a superar en frecuencia a las balas y armas blancas a partir de los 40 años, siendo la forma de violencia principal utilizada hacia las personas de la tercera edad.

Para la localización geográfica de la ocurrencia de heridos por bala, se logró calcular una tasa (por cada 100.000 habitantes) a nivel parroquial; allí se posiciona en el primer  

lugar de ocurrencia El Junquito (51,3), seguido por Catedral (44.3), La Vega (32), Macarao (27,1) y Antímano (21,8), para completar el ranking de las cinco parroquias con mayor incidencia.

Además, se identificó que en estos dos hospitales, no sólo trataban de emergencia a personas que residían en Caracas, sino también de estados aledaños como Miranda y Vargas, y estados con mayor lejanía como Zulia, Táchira, Trujillo, Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Guárico, Bolívar, Monagas y Sucre.

Luego de este brevísimo recorrido por la situación de las personas lesionadas por balas y al dimensionar las magnitudes de ocurrencia del fenómeno, solamente queda pensar en los niveles de precariedad y vulnerabilidad a los que el Estado venezolano expone a estas personas a través de la negación e invisibilidad de la problemática de las víctimas no-fatales de las armas de fuego. El Estado está ausente y deslindándose de las responsabilidades que, por ley, debe asumir.

Todo este panorama convierte a estas víctimas invisibles en no-ciudadanos, por lo que se hace urgente la generación de sistemas estadísticos nacionales para el registro de víctimas fatales y no fatales de la violencia y políticas públicas que, por un lado, atiendan a las personas lesionadas por balas para su inclusión en la vida social como sujetos de derecho, y por el otro, limiten y controlen la presencia de armas y municiones en las calles.