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Verónica Zubillaga en Provea: “El fracaso de la reforma policial condujo a la implantación de una necropolítica”

Nuestra investigadora, Verónica Zubillaga, ofreció en días recientes una entrevista a Provea, a propósito de cumplirse 15 años de la creación de la Conarepol (Comisión Nacional para la reforma policial) que, bajo el objetivo de instaurar un nuevo modelo policial, constituyó un espacio heterogéneo y con incidencia de diversos sectores del país.

Pero esta iniciativa que, en primera instancia, permitió vislumbrar un camino de progreso, terminó por ser un proyecto fallido.

Zubillaga, en el trabajo a continuación, repara en las razones del fracaso de la Conarepol, y en la manera en que ha mutado el contexto desde su creación hasta la actualidad: un país en el que urge la implementación de políticas públicas que permitan efectos sostenidos en materia de seguridad ciudadana.

A 15 años de creada la Comisión Nacional para la Reforma Policial, no solo hay que hablar de su aborto, sino de una terrible regresión e incluso vigorización de la tradición militarista. Para Verónica Zubillaga, profesora de la USB, investigadora social y miembro fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), el mayor desafío actual lo representa la imbricación de las instituciones oficiales con grupos armados para-estatales.

Crear consenso social en materia de seguridad ciudadana y, en consecuencia, generar políticas públicas que se sostengan más allá de los vaivenes partidistas, es un desafío en muchos sentidos mayor que el enfrentado, por ejemplo, en otros asuntos trascendentes como la salud o la educación. Es así porque, al hablar de temas como la delincuencia, los expertos tienen que enfrentar dificultades y resistencias especialmente refractarias, ya sea para persuadir a los políticos y provocar la necesaria voluntad política, como para hacerse comprender en muchos sectores de la población.

Poco importa, por ejemplo, que la criminología ofrezca todas las pruebas de que una política enfocada en la “mano dura” contra el delito haya demostrado ser ineficaz, y que incluso resulte contraproducente al propiciar que las bandas criminales crezcan en tamaño, organización y pertrechos. La noción de que el problema es una guerra y que por tanto solo se puede ganar a cañonazos, siempre estará allí, más aún en países que como Venezuela lastran una tradición militarista, ahora repotenciada. Otro tanto podría decirse del falso dilema que para muchos existe entre un régimen garantista de los derechos humanos y la capacidad de Estado para ofrecernos servicios eficientes de seguridad pública.

Pero puede ocurrir que circunstancialmente algunos factores se conjuguen para crear un clima propicio al avance de la civilidad, la democracia y los derechos humanos. Son oportunidades de oro que hay que cazar al vuelo, y eso fue lo que ocurrió –o pareció ocurrir- hace 15 años cuando prosperó la idea de realizar una reforma profunda del modelo policial vigente y nació la CONAREPOL.

Estas dificultades son bien conocidas por Verónica Zubillaga. Como investigadora o activista, siempre datos en mano, ha figurado entre quienes denuncian la escalada de la violencia en Venezuela, en particular de aquella que se perpetra desde posiciones de fuerza, privilegio e impunidad. Doctora en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, es miembro fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), integró la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, y formó parte de la ola de esperanza y entusiasmo que la CONAREPOL generó en su momento.

Un precedente valioso

Zubillaga, como tantos de los que participaron o siguieron atentamente a la CONAREPOL, rescata más allá de toda duda el valor de una experiencia donde privó la preeminencia de las voces expertas, pero también la inclusión, la pluralidad y la disposición a escuchar todas las opiniones :

“Aquello fue un proceso realmente progresista, donde por primera vez se abordaban con amplitud y seriedad asuntos clave como el uso de la fuerza y el problema que representa una estructura policial históricamente militarizada. Y fue mucho más que una reunión de expertos: se realizó una consulta muy amplia en todo el país. Además se trajeron expertos internacionales de altísimo nivel, incluyendo a alguien tan reconocido como la brasilera Jacqueline Muniz, de un país como Brasil con problemas similares a los nuestros en cuanto a un abuso sistemático de la fuerza policial sobre la población más vulnerable. Todo ello significa un aprendizaje, una referencia y un precedente valioso para, por ejemplo, un posible proceso de justicia transicional en Venezuela. Tal como se propuso la CONAREPOL, la justicia transicional inicia por procesos de consulta muy estructurados y razonados con los distintos tipos de víctimas y en general con todos los involucrados sin excepciones”.

“En un contexto de posiciones aparentemente irreconciliables, la CONAREPOL logró producir grandes consensos. Si algo especialmente valioso tuvo fue su pluralidad. Puso a conversar a responsables del ejecutivo con representantes de la iglesia, del empresariado y, por supuesto, con académicos realmente expertos en el tema. Se instala en el año 2006, veníamos de un proceso muy conflictivo tras el golpe de estado y el paro petrolero, pero con todo llegó un momento de cierta pacificación o apaciguamiento, de rebajamiento de tensiones, que abrió una pequeña ventana. Paralelamente, se produjo una serie de casos criminales que sensibilizaron mucho a la población y generaron presión sobre el gobierno. Hubo tres crímenes muy sonados como lo fue el de los estudiantes del barrio Kennedy, seguidamente el de los hermanos Faddoul y finalmente el secuestro y muerte del empresario Sindoni, todos ellos con el común denominador de la participación de agentes de las fuerzas policiales. Esto escandalizó e hizo pensar que era ineludible un cambio profundo del modelo policial”.

Las razones del fracaso

Que la CONAREPOL fue finalmente un proyecto fallido es algo que hoy todos reconocen. Y pese a lo esperanzador de sus inicios, muy pronto se evidenció la debilidad de sus principios y de su espíritu civilista en un contexto de creciente autoritarismo:

“Hay una confluencia de factores que atentan y finalmente truncan las propuestas de la CONAREPOL. Más allá de la polarización política que todos conocemos, hubo un proceso de fragmentación y luchas internas dentro del Estado. Por una parte había confrontaciones teóricas, ideológicas, estratégicas, entre el sector civil que venía del mundo de las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, y el mundo militar o afín al pensamiento militarista. CONAREPOL nace con Jesse Chacón como ministro de Interior y Justicia; luego es desplazado y llega Pedro Carreño afirmando que es un proyecto de derecha y que se suspende; posteriormente designan a Rodríguez Chacín, con una postura algo más tolerante pero sin muchos efectos prácticos. Solo con Tarek El Aissami, en 2009, se retoma en serio el proyecto después de muchas idas y venidas. Obviamente esa altísima rotación de responsables, por demás típica a todo lo largo de las últimas dos décadas, es un obstáculo enorme para lograr la continuidad que requiere cualquier política pública en materia de seguridad ciudadana”.

“La implantación del nuevo modelo comienza pues en 2010. Pero paralelamente, y prácticamente al mismo tiempo que nacía la PNB, se inaugura la funesta serie de operativos militarizados con el Dispositivo Bicentenario de Seguridad. De esta manera, lo que el gobierno hacía en la dirección progresista en cuanto a derechos humanos con una mano, lo desbarataba con la otra. Además, pronto vendrá la muerte de Hugo Chávez, el colapso de los precios del petróleo y de la industria petrolera, lo que nos dejará con un presidente como Nicolás Maduro, sin presupuesto y sin el carisma de su predecesor. Maduro le da prioridad en su discurso al tema de la seguridad, pero muy pronto vemos que su postura va a contracorriente del espíritu de la CONAREPOL. Directamente declara que a la Policía Nacional Bolivariana lo que le falta es disciplina militar, y consecuentemente coloca a uniformados al mando. Lo mismo hace sistemáticamente con otros civiles responsables de instituciones derivadas de la reforma, incluyendo profesionales y expertos reconocidamente competentes.”.

La muerte como política

“Luego vendrían los trágicamente famosos Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), con sus abusos extremos contra la población, marcando el inicio de lo que hemos terminado por calificar como un proceso de matanza sistemática, o de necropolítica, siguiendo al filósofo camerunés Achille Mbembe. El primer OLP ocurrió en La Cota 905, con un saldo de 14 muertos según los reportes en prensa, y de más de 20 según los propios vecinos que lo sufrieron. Hablamos de funcionarios encapuchados, violando hasta los mínimos parámetros internacionales y nacionales en materia de estado de derecho, invadiendo domicilios y aprovechando para robar sin ningún pudor lo que encontrasen”.

“No es solo, pues, el aborto y fracaso del proceso de reforma, sino una regresión terrible, que inaugura en nuestro país la tragedia de las violaciones masivas de derechos humanos. La dimensión de la masacre se revela, por ejemplo, en el año 2016 cuando la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz informa que hubo 21.752 mil muertes violentas, de las cuales 4.600 fueron a manos de las fuerzas policiales. Una auténtica barbaridad. Basta señalar, como lo hemos hecho tantas veces, que ese mismo año en Brasil, con sus más de 200 millones de habitantes y una policía legendaria por sus excesos, se registraron 4.200 muertes a manos de las autoridades. Este tipo de política no haría más que escalar hasta llegar a la creación de las FAES, muchas de cuyas actuaciones ya los ponen en el terreno de los grupos de exterminio, como los describen los vecinos a quienes hemos entrevistado”.

Un desafío mucho mayor

“Pero eso nos es todo. La situación diagnosticada en el momento de la CONAREPOL se ha complicado peligrosamente. La violencia se dispersó, dejó de ser típicamente urbana y concentrada en nuestras grandes ciudades, y ahora tienes nuevos focos muy fuertes: en la frontera norte costera con el narcotráfico, al sur con la minería, al occidente con una diversidad de grupos armados muy compleja y, para colmo, sin que podamos trabajar en coordinación con el gobierno colombiano”.

“Al mismo tiempo tienes un fenómeno muy preocupante: la creación de vínculos e incluso la imbricación de las instituciones del Estado con colectivos armados de diverso tipo. Esto se puso de relieve, por ejemplo, en el operativo contra Óscar Pérez, donde hubo participación directa de uno de estos grupos codo a codo con las autoridades. Hay colectivos de orientación más política, con larga trayectoria y raíces históricas en las luchas de los años 60, y otros más recientes que son más bien grupos vigilantistas, orientados a lo que ellos llaman la lucha contra el hampa. Sean del tipo que sean, la experiencia de otros países nos dice que desmantelarlos es muy difícil. Las perspectivas no son nada alentadoras, porque una vez que se instalan estos grupos en el seno del Estado, se generan situaciones muy complejas de criminalidad, impunidad y abuso sistemático de derechos humanos”.

¿Cuál sería, entonces, la salida?

“Pienso que en algún momento tendremos que abordar la situación con mucha firmeza y creatividad. Es posible. Allí está, por ejemplo, la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como una instancia independiente de apoyo a la fiscalía, con apoyo internacional, para afrontar una situación similar en cuanto al impacto conjunto de la corrupción, el abuso de derechos humanos y el crimen organizado, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. La nueva reforma, para ser exitosa, exigirá la creación de una nueva arquitectura institucional”.

Francisco Sánchez en La Vida de Nos: ¿De cuánto se ha perdido Yajaira?

Recientemente, nuestro investigador Francisco Sánchez publicó un trabajo especial para el portal La Vida de Nos, un relato sobre el dolor que viven las familias de la víctimas de la violencia en manos de cuerpos de seguridad del Estado.

Sánchez —en su trabajo como psicólogo con incidencia en las comunidades, y en su necesidad de generar registros— nos habla sobre la elaboración del duelo. Sobre la manera en la que Yajaira, madre de un joven asesinado por la policía mientras estaba en su casa, aborda la pérdida.

El testimonio de Yajaira es, al mismo tiempo, el testimonio de muchas madres que, con el infierno en la memoria, emprenden una búsqueda incasable de justicia.

Ilustraciones por Ivanna Balzán

La mañana del 14 de marzo de 2013 unos policías echaron abajo la puerta de la casa de Yajaira Martínez, persiguieron a su hijo hasta la platabanda de la vivienda y allí le dispararon. Han pasado exactamente ocho años y un mes, un tiempo en el que ella no ha hecho más que concentrarse en tratar de hallar justicia: una búsqueda que la ha llevado a callejones vacíos y sin salida.

Como la de muchas mujeres de los barrios de Venezuela, la vida de Yajaira Martínez se tejía alrededor de temores y preocupaciones: cómo llevar comida a casa, cómo encontrar los productos que escaseaban cada vez más, cómo trabajar y no descuidar a los hijos, cómo mantenerlos alejados del peligro y de que no se metieran en vainas. Pero el 14 marzo de 2013 su cotidianidad se llenó de más que miedos y preocupaciones: se vio envuelta por una neblina, esa que aparece cuando la angustia se apodera de la realidad. 

El comentario de que la policía estaba entrando a las casas “haciendo desastres” era el centro de las conversaciones en el barrio. Esa mañana, la familia se preparaba para un día común: ¿en dónde hacer la cola?, ¿hasta qué lugar del este de Caracas podrían llegar con el dinero en efectivo que tenían para pasajes?, ¿a las personas con qué terminal de número cédula de identidad les tocaba comprar ese día? Yajaira siempre les inculcó a sus hijos que la escuela debía ser su prioridad. Pero a veces les permitía faltar para que la acompañaran a las colas. Mejor cuatro personas que una, decía, porque de ese modo podían hacer hasta dos colas a la vez, y por lo tanto, comprar más productos.

Entonces vino la escena que, como todas las escenas de terror, es entrecortada.

Los policías doblaron y destrozaron la puerta de latón de la entrada. Después, entraron en la casa. Encontraron a Yajaira en la cocina y a Matilde y a Darío, sus hijos, en la sala. Ella de 9 años y él de 18. Los apuntaron con sus bichas. Matilde y Darío corrieron a la platabanda y dos funcionarios los persiguieron. Sonaron sus botas por las escaleras de cemento. Yajaira gritaba en la cocina, pedía auxilio. La mandaron a callar a fuerza de un arma apuntándole al rostro. En la platabanda Darío separó a su hermana: la alejó, empujándola al suelo. La salvó. A él lo tenían apuntado. Intentó lanzarse a un callejón y fue cuando los policías escupieron fuego de sus armas. No hubo palabras. Él cayó al callejón y desde arriba siguieron disparando. La ventana de la cocina da con ese callejón, así que Yajaira escuchó todo. Matilde quedó tendida en la platabanda, ensordecida con el estruendo, solo una ráfaga. Cubrió sus oídos, pero no tapó sus ojos.

La imagen sigue viva.

La recuerda cada 14 de marzo, aunque sus sueños la repiten con arbitrariedad.

La vida perdió sazón, recuerda Yajaira, la vida perdió sazón.

Los cumpleaños dejaron de ser celebraciones y se convirtieron en rituales para recordarse no decaer. Las fotografías ya no son recuerdos de los encuentros familiares, pasaron a ser evidencia recogida, hojas guardadas en una carpeta amarilla manchada con café. El cuarto de Darío se convirtió en un templo de oración en el que mantienen sus cosas intactas: la ropa, el rosario, un par de zapatos, una mesa de noche llena de los pequeños objetos. Todo como buscando evitar lo inevitable: el paso del tiempo. 

Algunas velas encendidas dan color a un pequeño altar al lado de la puerta de entrada. Imágenes y flores como ofrendas. Allí están algunos recortes de prensa, algunas imágenes de él de niño, de chamo, de adolescente. “No más muertes, salvemos la vida”, se lee en una hoja de papel pegada con cinta al pie del altar.

Nos repetimos hasta el cansancio que la muerte es parte de la vida y que solo se necesita tiempo para sanar. Hay muertes que paran la vida, la mutilan y la rompen en pedazos. Y la labor de recomponer estas piezas requiere algo más que tiempo.

Yajaira vive con su familia en la otra Venezuela. No la petrolera. No la de la sabrosura y lo chévere. No la de las playas y la naturaleza espectacular. No la del rojo y el azul en riña perpetua. Tampoco aquella de los recuerdos de opulencia. Ella nació, creció y formó su hogar en Coche, en el suroeste Caracas. Trabajando en casas de familia y ayudando en cocinas de escuelas encontró el sustento. Sus hijos nacieron en una Venezuela donde la materia prima son las balas.

Hablar sobre la muerte es difícil, dice ella, pero más difícil es todo lo que viene después de la muerte. Las patrullas rodeando la cuadra. Los vecinos asomados murmurando sin preguntar qué pasó. El frío de las comisarías y las eternas horas esperando. El dolor del entierro anticipado. El miedo a la profanación de la tumba. Los policías y sus preguntas que entran como cuchillos al corazón:

—Señora, ¿pero usted sabía que su hijo era un malandro?

—Pero él se enfrentó a la comisión, señora, ¿cómo nos dice que no?

—¿No será que usted lo defiende por ser su mamá?

Una muerte nunca es solo una cifra, nunca es solo un cuerpo. Una muerte como la de Darío es una herida pensada. Con una muerte así, la pregunta “¿por qué nos hacen esto?” pareciera no tener respuestas.

—Fue tanto mi dolor —cuenta Yajaria— que tuve que salir de la casa a buscar respuestas. No sabía qué era eso de los derechos humanos, pero aprendí que debo luchar por lo mío; que teníamos derechos y nos los quitaron; que había muchas otras como yo; que a tantas otras mujeres les pasaría esto. Por eso busco la forma de parar tanta muerte.

Decir que la vida cambia después del asesinato de un hijo es poco.Para intentar recomponer su vida, Yajaira comenzó a buscar justicia.

—Recomponer mi vida pasa por restaurar el nombre de mi hijo. No tenían que matarlo. No era malandro. No es verdad.

Así emprendió esta lucha que lleva ocho años. Ocho años que se dicen con una velocidad que niega lo vivido. Tantas visitas al Ministerio Público, a fiscalías, a la Defensoría del Pueblo, a ONG que defienden derechos humanos. Buscando justicia se ha visto en callejones vacíos y sin salida.

No volvió a tener un trabajo fijo. Cada intento de trabajar era interrumpido por un llamado de urgencia: hay que llevar fotocopias a la fiscalía, la ONG pidió una reunión, cambiaron al fiscal de nuevo.

El miedo a que se repitiera otra muerte se apoderó de la familia. Su hijo mayor, que tenía 22 años cuando asesinaron a Darío, se fue del país. La menor, que tenía 9, cumplió 16 viviendo entre la sombra que la policía sembró en casa aquel día de marzo. El marido acompaña todas las locuras que se le ocurren a ella: perseguir la justicia, apoyar a otras víctimas, crearse una cuenta de Twitter.

En esa búsqueda nos conocimos.

Yajaira quería llevar su caso a instancias que pudieran dar alguna respuesta y también llevar su mensaje a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Era 2014. En Venezuela vimos cómo policías con máscaras de calaveras bajaban de los barrios, con cuerpos amontonados como los muertos por una peste.

Yo comenzaba a investigar sobre los familiares de aquellos que eran asesinados por armas de fuego en Venezuela. Mi trabajo como psicólogo me abría las puertas para escuchar las historias de los estragos de la violencia en el país. Sentía la necesidad de registrar estos testimonios de horror, pero también de resistencia de muchas mujeres que se hacían cargo de sus familias luego de los asesinatos.

Nos conocimos en una pequeña protesta. Me acerqué a donde estaba ella con otras mujeres recortando fotos de sus hijos y pegándolas en una cartulina negra. Aquel día conversamos mucho. A partir de entonces comenzamos a vernos. Supe que su vida transcurría entre las oficinas policiales y gubernamentales. Me di cuenta de que Yajaira tenía un conocimiento de las leyes y de todos esos agotadores temas penales que resultaría envidiable a muchos especialistas.

Ella me hablaba de todo, pero evitaba hablar de su familia, al menos de la que le quedaba con vida. Sus días transcurrían mientras esperaba. La espera por otra respuesta negativa de la fiscalía, por otro recurso denegado, por otro reclamo sin eco en las cavernas del Estado venezolano.

Comenzamos un trabajo conjunto: buscamos en muchas comunidades a otras personas que vivieron situaciones similares a la de ella. Nuestros encuentros servían para que ella volviese la mirada hacia atrás, para hablar de su dolor, para conocer a otras víctimas y documentar todo ese presente que vivíamos.

A Matilda, el estruendo de las ráfagas del 14 de marzo no solo le arrebató a su hermano, sino también el tiempo de su madre. No le era fácil verla tan concentrada únicamente en esas diligencias burocráticas. A partir de entonces, Matilda dejó de ser la consentida. Las panquecas en la mesa del domingo en la mañana fueron cambiadas por archivos policiales, recortes de periódicos amarillentos y muchos nombres de jóvenes asesinados. Las conversaciones por teléfono de su madre ya no fueron con sus tías o vecinas. No había quejas por las cosas de antes y, en su lugar, entró el discurso de los derechos humanos. La gente que visitaba la casa también cambió: ahora era común levantarse y ver a periodistas, a activistas o a otras víctimas hablando sobre sus vidas.

Matilda comenzó a tener otros anhelos. No visitar fiscalías, morgues, ni estar en rezos. Al contrario: quería bailar y cantar.

Hace un año, el 14 de marzo de 2020, nos encontramos para visitar la tumba de Darío en el Cementerio General del Sur. Estábamos en los albores de la cuarentena por la pandemia de covid-19; no teníamos idea de lo que estaba por comenzar.  

—El traslado de la tumba hasta un lugar más cercano a la entrada costó mucho, pero da mucha tranquilidad saber que puedes cuidarla —me dijo Yajaira.

Allí estábamos Matilde, su padre, Yajaira y yo.

Matilde acomodaba algunas cosas sobre la tumba del hermano: un papel bond con un “Feliz cumpleaños. Te extrañamos”una velita encendida y una foto de él sonriendo.

Yajaira vestía una franela con el rostro de su hijo estampado, reproducción de una vieja fotografía donde él sale sonriente. La usa en todas las actividades importantes en honor a su hijo. No éramos los únicos ese día en el cementerio. De fondo se escuchaba salsa, olía a sancocho, a empanadas y ron. Era como ver a un colectivo de limpieza y acomodo en varias tumbas.

Se acercaron unos conocidos en una moto. Se abrazaban. Se consolaban. Yajaira dice que las víctimas se reconocen de lejitos y por eso se apoyan. Uno de los hombres gritó: “¡Ponte una salsa ahí que está llegando la tristeza!”. Y tenía razón, todo parecía una triste celebración a la vida en medio de la muerte.

Quise tomar una fotografía a la familia, pero Matilde se negaba. Retratarse en esas circunstancias no le hacía gracia. La madre insistió e insistió hasta que la muchacha accedió. Allí quedó la imagen. No era una fotografía de un acto, de un trabajo, de un encuentro de activistas: era un retrato familiar. Íntimo.

Luego de algunas horas de estar en el cementerio, nos despedimos y cada uno tomó su camino.

Al conversar por teléfono unos días después, Yajaria me pidió la fotografía. Al verla, enmudeció por algunos segundos. Luego suspiró. Estaba sorprendida, incrédula de ver a la mujer que estaba a su lado.

—En la espera por la justicia se me ha pasado la vida —dijo—. Ya no solo la mía, se me pasó también la vida de ella. ¡Mírala cómo ha crecido! ¿De cuánto me he perdido…?

Los nombres de los protagonistas de esta historia han sido cambiados para proteger sus identidades.

John Souto y Francisco Sánchez en Runrunes: no hizo falta una guerra para desatar la violencia armada en Venezuela

John Souto Rey y Francisco Sánchez, de nuestro staff de investigadores, dieron esta entrevista al medio digital Runrunes, a propósito del lanzamiento de nuestro libro Dicen que están matando gente en Venezuela.

En la entrevista se repara en cómo el libro fue gestado a partir de la necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva no reduccionista. ¿Qué hay detrás de la tan frecuente afirmación de que Venezuela es un país violento?, ¿qué otras aristas tiene el problema de la violencia?, ¿cómo lo enfrenta la gente?

Desde el libro se observa la violencia como un fenómeno social estructural, que responde a unas dinámicas que se han instalado en nuestra realidad desde hace mucho tiempo. Y justamente el análisis, el registro y la reflexión que confluyen en el libro, están orientados a incentivar el diseño y aplicación de políticas públicas que den solución al problema que nos aqueja.

Por Valeria Pedicini

Cristina estaba lavando cuando policías entraron a su casa y mataron a su hijo; 10 meses después, asesinaron al segundo. Vecinos de Los Ruices que, desgastados por la delincuencia en la zona y la desprotección de las instituciones, hacían guardias para salir a linchar. Rafael, a quién le mataron a su hermano y él mismo fue secuestrado, mató a dos mesoneros que intentaron robarle dinero. Yarelis y Orlanda se unieron para apoyar a otras víctimas de operativos policiales, como ellas.

Todas estas personas tienen algo en común: sus vidas están atravesadas por la violencia que se vive en Venezuela. Un país que era la excepción de Latinoamérica y que actualmente es considerado de los más peligrosos del mundo. Sin guerras, pero con la llegada al poder del chavismo.

“Dicen que están matando gente en Venezuela. Violencia armada y políticas de seguridad ciudadana” de la Editorial Dahbar es el libro de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin) que recoge estas historias para, desde una mirada amplia, profunda y variada, contar la violencia armada que ha marcado el país desde hace años. 

¿Un país violento?

Todos lo dicen y las cifras lo confirman: Venezuela es un país violento. Pero desde Reacin no quisieron quedarse en las expresiones institucionales del fenómeno, sino profundizar en cómo la violencia ha marcado las relaciones, los espacios, la cotidianidad, la individualidad. 

“Quisimos poner la mirada sobre cómo pensar esa violencia desde otros lugares, cómo la viven y la subjetivan las personas que están formando parte de ese círculo. Esa es una aproximación que también nos hace ver no solo la violencia en sí misma, sino nos hace ver otro tipos de expresiones. Por ejemplo: cómo hace la gente para sobreponerse a la violencia”, cuenta Sánchez. 

“Dicen que están matando gente en Venezuela” no es una alegoría a la violencia, sino un texto que busca rescatar la humanidad de las personas que han construido sus vidas en medios violentos. 

Para Sánchez, la perspectiva desde la que se analiza Venezuela como país violento cambia. En donde no hay una sola violencia, sino distintas violencias, heterogéneas pero parte de un mismo lugar. 

John Souto, por su parte, considera que el tema de la violencia permite conjugar muchos aspectos de lo que le sucede a la sociedad venezolana. “Nos permite conjugar el sufrimiento que se genera más individual en cada uno de nosotros y a la vez en lo social. Es un fenómeno social que permite hablar desde lo más privado y lo más íntimo hasta lo más público o lo externo”. 

El libro no se centra en decir que Venezuela es violenta. Permite, a pesar del carácter crudo y desgarrador de la violencia, hacer un análisis más amplio con otros conceptos sociales. “Eso es lo que lo diferencia de otros materiales que se publican sobre violencia, que no solo está centrado en ver lo que la violencia nos define, sino también sus salidas, su comprensión más compleja. Esas grandes diferencias de violencia era tratar de ofrecer una mirada que no fuera simplificada sino una mirada más compleja, que tuviera varias facetas ”, continua Souto.

El psicólogo explica que no quedarse en la simplificación del país violento permite hacer una memoria y registro más justo de lo que sucede en Venezuela. Además de que esa mirada permite romper con los moldes que la polarización ha generado. “Es comprender que no están sucediendo cosas porque dos o tres personas sean malas, sino que hay unas dinámicas que nos han acompañado por mucho tiempo y que no van a retirarse de nuestras vidas al retirar dos o tres personas malas señaladas, como a veces pensamos cuando se piensa en soluciones”.

El lado humano de la violencia

Jóvenes, madres, vecinos, maestros, niños. ¿Cómo viven la violencia y a pesar de ella? ¿Cómo los ha afectado, individual y colectivamente? ¿Cómo resisten y buscan salidas al horror?

Ahí la diferencia y una de las particularidades de “Dicen que están matando gente en Venezuela”: las historias humanas. En cada capítulo, los investigadores cuentan cómo se aproximaron de forma metodológica a la violencia en los distintos grupos y comunidades. Estos registros, documentación y estudio han llevado años de trabajo de los investigadores.

“En la mayoría de los trabajos hay mucho acercamiento etnográfico. Es decir, estamos con la gente”, explica Sánchez. “Hacemos parte de la cotidianidad de las personas, intentamos acceder a cómo se vive el fenómeno desde ahí para poder pensar justamente sus implicaciones o las posibles alternativas”. 

Sánchez, quien trabajó con madres que habían perdido a sus hijos en operativos policiales violentos, cuenta cómo para él también las investigaciones fueron un proceso de transformación individual. 

“Yo soy psicólogo clínico comunitario e inicialmente los primeros acercamientos que tuve en mis primeras experiencias estaba muy vinculado al consultorio”. Una vez que se acercó al fenómeno, las cuatro paredes fueron insuficiente para comprender la realidad en la que se estaba involucrando”. “Todo este trabajo de las mujeres hubiese sido imposible si las mujeres no hubiesen querido que yo estuviese ahí. Fue un trabajo complejo que requiere de mucha elaboración. Relatos muy enriquecedores e impactantes, pero luego de compartir con este grupo de mujeres uno también se empieza a cundir de las fortaleza que ellas tienen. Tienen un fortalecimiento increíble para poder sobrellevar todo estos procesos”, asegura Sánchez.

Souto, quien estuvo por meses en La Vega, San Agustín o Los Valles del Tuy, define la experiencia más importante de toda su carrera como psicólogo e investigador: cambió su mirada del trabajo en comunidad. 

“Apenas llegamos a La Vega ocurrió un evento que fue como lo previo a la instauración de las OLP, la comunidad fue tomada como dos meses entre luchas de dos bandas y cuerpos de seguridad. Fue un momento complicado y después continuamos ahí y los adolescentes nos contaban los daños que hicieron, las personas que fueron eliminadas, los que fueron detenidos injustamente”.

Resistir y buscar salidas a la violencia

Yarelis y Orlanda se organizaron para apoyar a otras víctimas de los operativos extrajudiciales en Venezuela. Sabían de qué se trataba porque cada una perdió a sus hijos de esa forma. “¿Cómo hacen para buscar justicia en medio de todo lo que han vivido?”, se pregunta Sánchez en el libro. 

Esa pregunta lo llevó a enfocar su investigación para contestar esa pregunta. Y descubrió que esa resistencia a vivir en la violencia y a pesar de la violencia se manifestaban en sus rutinas, en sus luchas y sus vivencias familiares. 

“Dicen que están matando gente en Venezuela” no solo se plantea contar las múltiples miradas de la violencia, sus defectos o su destructividad. Sino las soluciones que permitan salir de ese círculo. “Esa fue siempre la finalidad de la Red, del trabajo que hicimos en Reacin. Poder tener un poco de incidencia, poder hacer memorias, poder hacer registros y poder levantar datos para poder pensar políticas públicas”, afirma Sánchez.

Convivir con ellas y su dolor de la pérdida también sirvió para conocer cómo podían resistir. Desde las alianzas, asociaciones. 

En sus años de investigaciones en las comunidades, Souto cuenta cómo la gente no solo sufría la violencia, sino que buscaban vías de salida o para conseguir recursos.

“Esa parte del impacto que tenía la violencia, pero al mismo tiempo no desgarraba totalmente las relaciones sino que también era un esfuerzo por continuar viviendo, cambió mucho mi mirada sobre cómo gestionan estas poblaciones la violencia. 

Estos acercamientos a los grupos de ambos investigadores también permitió conocer la relación de escepticismo que tienen con la justicia. La idea de que todos los cuerpos policiales son delincuentes o mujeres que no denuncian la violencia de los efectivos de seguridad porque no creen que sirva de algo. 

Asimismo, el libro también muestra el camino de búsqueda de reparación por lo que estas personas han sufrido en entornos violentos; así como la ausencia de justicia, reconocimiento o memoria. 

“Es imposible que un grupo de mujeres o un grupo de una comunidad puedan parar el nivel de violencia que desde el Estado se está articulando. Esa es una batalla que siempre se va a perder. Ves como las víctimas quedan entre la espera y la esperanza, y esa es una combinación letal”, reflexiona Sánchez. “Pensar la reparación es una tarea muy compleja pero yo creo que una de las enseñanzas que estas mujeres empezaron a mostrar es que a pesar de ser una tarea compleja es una tarea que hay que hacer”.

Acerca del libro

El libro es una de las iniciativas de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin), fundada hace cuatro años. Si bien el fenómeno de la violencia ha sido una problemática de investigación, también ha sido la oportunidad de profundizar sobre un drama que afecta, de una forma u otra, directa o indirectamente, a los venezolanos. 

De cómo los venezolanos han sido sufrientes y también practicantes de violencia. 

Verónica Zubillaga -doctora en Sociología, profesora e investigadora- y Manuel Llorens -psicólogo, magíster en psicología comunitaria, profesor e investigador- son los editores del libro y los responsables de haber reunido a una serie de investigadores para que el proyecto viera la luz. 

José Luis Fernández-Shaw, John Souto, Keymer Ávila, Andrés Antillano, Chelina Sepúlveda y Francisco Sánchez son los investigadores que, tras años de estudiar de cerca la violencia en Venezuela, reúnen su trabajo, experiencias y análisis en torno a la violencia en este libro. 

Francisco Sánchez cuenta cómo “Dicen que están matando gente en Venezuela” no se concibió como un proyecto consecuencia de las investigaciones en Reacin, sino una expresión de todo el trabajo que han hecho desde la organización desde hace años. “Al tener como conjugación de distintas miradas y de distintas perspectivas, tal vez plantearse hacer un libro digamos que fue un proceso natural. El libro se termina  concretando luego de tener procesos de investigación que estaban echados a andar desde hace dos o tres años”.

Este libro reúne materiales hasta la fecha nunca publicados sobre las políticas represivas del estado venezolano y se propone develar la diversidad de expresiones que ha adquirido la violencia armada en el país en los últimos años. 

Todo desde las herramientas que tienen como investigadores: el registro, el análisis, la reflexión y la denuncia. 

Voces en cuarentena: habitar el miedo

El miedo es nómada. Va y viene. Nos acompaña cual sombra, con la diferencia de que siempre está, con luz o sin ella. 

Nos habita, pero también lo habitamos. Habitarlo nos transforma, cava heridas profundas, nos corroe. La impotencia también hace lo suyo. La impotencia de saber que aquello que lo genera está haciendo mucho daño. 

El testimonio de Juan, un vecino de La Vega con quien conversamos sobre los acontecimientos de extrema violencia policial perpetrados en la comunidad a principios de año, lo confirma. Porque además en sus palabras se halla el miedo de muchos, la impotencia de todos. 

La intervención del Fuerzas de Acción Especial de la Policía -FAES- en La Vega se justificó como una respuesta a la acción de la banda armada liderada por “El Coqui”, quien domina la Cota 905, y pretendía ampliar el territorio controlado. Fue así como el barrio caraqueño se convirtió, en palabras del mismo Juan, en “un campo de guerra”. 

Los vecinos se ocultaban en sus casas, sus muros fueron su resguardo. Muchos no podían llegar. Y es que después de cierta hora, las calles vacías anunciaban más muertes. Una ráfaga de tiros era la música de fondo. 

“Los primeros días yo no pude subir a mi casa, por ejemplo. En esos días en los que hubo plomo trancado, recuerdo llamar a mi papá para ver cómo estaba, y escuchaba los plomazos de fondo, pues”. Este era el miedo de Juan, al teléfono, al saber a su papá desprotegido, lejos de él. Pareciera no haber guarida inmune a su furia. 

Nuestra labor se redimensiona en un país que cada vez más demanda espacios de convivencia. De diálogo, de entendimiento. Después de todo, la mejor manera de combatir la violencia es continuar en el esfuerzo sostenido de encontrarnos en las coincidencias, en lo que padecemos sin ningún distingo.