Voces en Cuarentena con Verónica Zubillaga

En días recientes y dentro del contexto de la cuarentena social en la que está inmerso el país, en una de las mas populosas barriadas de la capital se desarrolló un fuerte enfrentamiento armado entre dos bandas por el control de la zona, posteriormente se realizó un intenso operativo policial en la zona. Presentamos esta entrega de Voces en Cuarentena, desde el análisis, con Verónica Zubillaga, fundadora de REACIN, y con amplía experticia en el tema para conocer las implicaciones de este hecho en el marco de la cuarentena por el Covid-19

¿El liderazgo de  Wileixis es resultado de la política de “zonas de paz” promovida por el gobierno?

El liderazgo que se le adjudica a Wilexis en Petare, no es sólo un fenómeno caraqueño o venezolano, es más bien latino-americano. Es lo que la literatura en Ciencias Sociales se llama “Gobernanzas Criminales” y tiene como escena común distintas ciudades de países como Brasil, México, El Salvador, Colombia¹.  

La noción de “gobernanza criminal”² refiere el poder real y armado de los grupos criminales en territorios. Implica la regulación por parte de estos grupos de aspectos de la vida política, social y económica de la gente dentro de los espacios bajo su dominio³.

¿Y cómo se expresan estas gobernanzas en tiempos de Covid-19?

Podemos ver en la actualidad, en el contexto de la pandemia, cómo los distintos grupos criminales están respondiendo en sus territorios al distanciamiento social impuesto por los gobiernos frente al Covid-19: en El Salvador, las maras están vigilando y amenazando con bates, a la gente en sus comunidades para resguardar el distanciamiento social por miedo de que un brote de Covid- 19 atraiga la atención de la policía⁴. Pero en la ciudad de Chihuahua, México, los grupos denominados “Cartel de Juárez” y ¨Cartel de Sinaloa” tuvieron un enfrentamiento el 3 de abril pasado, en el que dejaron un saldo de 19 muertos. Algunas hipótesis apuntan a un incremento de la competencia de estos grupos por el descenso de la oferta y demanda de cocaína en tiempos de la reclusión originada por la cuarentena⁵. Lo que es evidente es que los diferentes grupos armados en la región muestran ese poder real y armado que mencionaba antes.

Así, por ejemplo, el poder de estos grupos se hace cada vez más evidente en episodios armados que sacuden las ciudades. En Venezuela no habíamos tenido grandes grupos organizados como los de Rio de Janeiro, Medellín o San Salvador. Pero las políticas de mano dura, como el DIBISE, Madrugonazo al hampa, o plan Patria Segura, que encarcelaron masivamente a hombres jóvenes y pobres, favorecieron que las bandas se aliaran para enfrentar a las fuerzas policiales. El paso por la prisión produjo una organización criminal mucho más sofisticada, con jerarquías claras. Este modo de organización está en fluida comunicación con el barrio, y las bandas barriales se reestructuraron en consecuencia. Y por supuesto, frente a la exclusión y la carencia de oportunidades legales, las economías ilícitas serán entonces las vías de inclusión económica de los varones pobres de sectores populares.

Y ahora retomo la pregunta sobre las zonas de paz y el Wilexis. Las zonas de paz, forma parte de esta serie de políticas que permitieron la consolidación y aglutinamiento de las bandas barriales, que antes estaban fragmentadas.  Si la mano dura es el garrote, la zona de paz, fue la zanahoria para tratar de aplacar la creciente organización y alianza de las bandas, así como el hecho de que comenzaron a dedicarse a crímenes más organizados como el secuestro. Las zonas de paz fue una iniciativa, intermitente, muy mal llevada y que trajo el efecto contrario, es decir, permitió que las bandas criminales se afianzaran en sus espacios y conformaran estas soberanías territoriales.  

¿Qué se puede decir de estos enfrentamientos en tiempos de cuarentena?

Estos poderes armados locales, como el del Wilexis, son móviles y pueden estar en disputa permanente. Es decir, puede surgir otras bandas que disputan el territorio; o la gran banda puede tener disputas internas y separarse en facciones entre quienes se inician guerras, como pasó en Rio de Janeiro con el Comando Vermelho. O, como decía para el caso de Chihuahua, donde se tiene la presencia débil del Estado, o los agentes del orden colaboran con los grupos criminales, en un contexto excepcional como el de la pandemia, se han desatado las confrontación armadas entre los carteles por la reducción coyuntural de los mercados ilícitos.

En un contexto militarizado como el nuestro, las fuerzas del orden intermitentemente hacen irrupciones armadas masivas. Es el caso de Petare, donde producto de la intervención policial del 8 de mayo murieron al menos 12 personas, y los líderes criminales escaparon pues generalmente tienen vínculos con policías corruptos quienes les alertan.   

Pareciera que la comunidad de José Félix Ribas prefiere a Wileixis que a los grupos policiales del Estado. ¿Esto tiene que ver con las denuncias hechas por Reacin y otras organizaciones de DDHH sobre su comportamiento violento e inconstitucional?

Las comunidades se hallan acorraladas entre estos poderes armados despóticos. La cara del Estado que conocen es la cara brutal, armada y militar, así que no hay mucha más opción que solidarizarse con el poder armado local del grupo criminal, quien para ganarse la lealtad vecinal y poderse proteger de las fuerzas del orden, otorgan ciertos beneficios a los vecinos al mismo tiempo que los someten a la arbitrariedad armada de su poderío local.  

Lo que quiero apuntar es que estas políticas (las de mano dura) en Venezuela, pero también en otros países como El Salvador, Guatemala, Brasil, han contribuido a la reorganización de las bandas barriales en grupos criminales organizados. El efecto no esperado de estas políticas, junto al hecho de la histórica escasa presencia del Estado social en estas comunidades, es que estos grupos se convierten en actores políticos informales de peso por el poder territorial y armado que han adquirido. Y precisamente, el Estado, en períodos de legitimidad contestada y alta inestabilidad política, se ve obligado a negociar frente a estos grupos consolidados. Este es por ejemplo, el caso con los grupos criminales en La Cota 905⁶. Pero es también el caso, en Brasil, donde el propio Ministro de Salud de entonces, Luiz Mandetta, decía en abril que estaban buscando establecer diálogos con los grupos criminales organizados para hacer respetar la cuarentena y evitar una mayor contagio del Covid19 en las comunidades. Estas declaraciones, digamos, insólitas en un ministro, implican un reconocimiento a los grupos criminales como actores de peso en sus comunidades⁷.

Entonces, ¿no siempre el Estado está en guerra con estos grupos, a pesar de lo que se dice?

Podemos constatar entonces que entre estos actores armados ahora cohesionados, y el Estado, se forjan una diversidad de relaciones que van desde la persecución hasta los pactos, de los pactos hasta las declaraciones de guerra y de nuevo a los pactos, como por ejemplo, ha sido la trayectoria de relaciones entre el Estado y la federación de bandas criminales de La Cota 905. Por supuesto, aclaremos que hablamos de un Estado que no es un conjunto unitario y coherente de instituciones⁸, sino, como el Estado bolivariano actual, grupos de instituciones, agencias y agendas, en diferentes niveles, que se hallan fragmentados, o incluso en disputa. Es lo que coconfirmamos, por ejemplo, en los enfrentamientos entre diferentes cuerpos policiales, específicamente el CICPC y el FAES, que tuvieron un enfrentamiento violento en medio de la autopista de Prados del Este, deteniendo el tránsito a mitad de un día laboral.

Quiero apuntar dos procesos: por un lado, las políticas de Mano Dura facilitaron la cohesión de los grupos criminales y el incremento de su poderío armado gracias a la colaboración con agentes corruptos de las fuerzas militares y policiales quienes facilitaron armas pesadas y municiones. Y, por otro lado, tienes un Estado fragmentado y a su interior fuerzas policiales y militares en disputa, la ciudad comienza a ser el escenario de lo que se ha llamado en las Ciencias Sociales, guerras criminales, como por ejemplo, el evento de enfrenamientos masivos por seis días consecutivos en Petare y la posterior intervención letal de la policía.

Volviendo al Wilexis, se ha dicho que puede implicarse en la política…

Con respecto a la asociación de la figura del Wilexis con la política, como se ha especulado mucho, estos grupos no tienen, por decirlo de alguna manera, “ambiciones políticas”.

Sin embargo, hay que mirarlo en dos planos, el local o comunitario, y el más amplio, con respecto al Estado. En el plano comunitario, al ser actores de peso en sus territorios, despliegan políticas locales para tener el apoyo vecinal buscando protegerse de la policía o las bandas enemigas. También, dentro de la cartera de rubros de las economías ilícitas en las que se hallan implicados, pueden ofrecer servicios a las comunidades, como venta de comida, acceso a servicios de comunicación; es el caso en algunas comunidades en Caracas, y también, es el caso de grupos armados paraestatales en Rio de Janeiro, conocidos como las Milicias, que controlan el servicio del gas y la televisión por cable en sus comunidades.

En el plano de la relación con el Estado, se trata más de lo que se llama en la literatura como “políticas criminales”⁹ que refiere, las interacciones entre Estados y los grupos criminales, estas últimos motivados más por la acumulación de riqueza y poder informal. En este sentido, rara vez tienen ambiciones políticas formales relacionadas con cargos o el propio Estado; sin embargo, cada vez más se involucran en las dinámicas de la vida política urbana por la acumulación de la capacidad armada y de violencia, como hemos constatado en los hechos de Petare. Precisamente en esta línea, diferentes autores proponen una tipología de la diversidad de las relaciones entre el Estado y estos grupos de crimen organizado que se extienden desde la tolerancia cero y la eliminación, como planteaba la OLP, o las formas de actuación de los agentes del FAES, hasta los intentos de transformación e integración en la vida política y social, como los programas de Desarme, Desmobilización e Inserción (DDR). Este último, es un modelo que viene de contextos de conflictos armados de índole político, como las guerrillas o paramilitares, pero que ha migrado para el ámbito de la violencia urbana en América Latina en ciudades de Brasil y Haití.

Por la prevalencia de las políticas estatales que ha optado el gobierno bolivariano, estaremos presenciando probablemente más guerras de este tipo que tendrán como escenario la ciudad, viéndonos afectados todos. Si bien, esta situación es común en Latinoamérica, aquí todavía nos sentimos más vulnerables pues muchas personas de nuestras redes sociales han emigrado, y nos sentimos cada vez más aislados, con menos recursos para resistir a los poderes armados despóticos. Adicionalmente, nuestra vida urbana es mucho más restringida y atribulada que las de otras ciudades latinoamericanas con estos mismos problemas de violencia, por el colapso de los servicios y la reducción enorme de opciones culturales urbanas, que finalmente es la gran riqueza de la ciudad.

Nos queda resistir, juntándonos, para no habituarnos a esta tiranía de la violencia armada; asociándonos para recuperar nuestros espacios urbanos, derechos y nuestra ciudadanía, y para proponer alternativas y formas de resistencia a la hegemonía militar y armada. Así, cuando llegue el momento de contar con autoridades democráticas, dispuestas a implementar políticas de prevención y contención de la violencia que implique las políticas sociales necesarias para la recuperación de nuestros derechos, tanto como las reformas institucionales necesarias (de la policía, del sistema de justicia y de las prisiones), los grupos y asociaciones de la sociedad organizada tendremos ya un camino recorrido y podremos expandirnos de manera más expedita para forjar una sociedad culturalmente diversa y en ebullición cultural y no armada.

1 Moncada Eduardo y Gabriel, Franco. (2020). “The Implications of Covid-19 for Crime, States and Criminal Governance in Latin America”. Consultado en: http://ilas.columbia.edu/the-implications-of-covid-19-for-crime-states-and-criminal-governance-in-latin-america/

2 Arias, Enrique Desmond. 2019. Social Responses to Criminal Governance in Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Kingston, and Medellín. Latin American Research Review 54(1), pp. 165–180. DOI: https://doi.org/10.25222/larr.375

3 Moncada Eduardo y Gabriel, Franco. (2020). “The Implications of Covid-19 for Crime, States and Criminal Governance in Latin America”. Consultado en: http://ilas.columbia.edu/the-implications-of-covid-19-for-crime-states-and-criminal-governance-in-latin-america/

4 https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-04-07/el-salvador-coronavirus-homicides-bukele

5 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52350436

6 https://cronica.uno/cota-905-creen-acuerdos-paz-delincuentes-gobierno-disfraz/

7 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52350436

8 Migdal, Joel. (2008). “Estudiar el Estado”. Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 8. GERI-UAM

9 Barnes, Nicolas. (2017). Criminal Politics: An Integrated Approach to the Study of Organized Crime, Politics, and Violence. Perspectives on Politics, 15 (4): 967-987