Listado de la etiqueta: homicidios

Dicen que están matando gente en Venezuela: análisis, registro, reflexión y denuncia de un país que se empeña en resistir

Un nuevo libro, escrito por nuestros investigadores y bajo el sello de Editorial Dahbar llega al país: Dicen que están matando gente en VenezuelaViolencia Armada y políticas de Seguridad Ciudadana.

Luego de ser lanzado en España semanas atrás, el libro llega a casa, y contiene buena parte del padecimiento que atraviesa Venezuela, la indiferencia ante las heridas que el atropello deja en el camino, la omnipotencia del poder que se exhibe con sorna frente a sus víctimas. La manera en que el Estado no sólo es protagonista en la perpetración de muertes, sino que además se burla de los atropellados.

El libro puede adquirirse en las librerías de España y a través de Amazon. Además puede obtenerse físicamente en Venezuela en las librerías Kalathos, Sopa de Letras, El Buscón, Viscaya o enviando un correo electrónico a [email protected].

A continuación, el registro del foro llevado a cabo en diciembre pasado, en el marco del lanzamiento del libro.

Se trató de una conversación conducida por las periodistas Vanessa Davies de Contrapunto y Ronna Rísquez de Monitor de Víctimas. Y con la participación de Sergio Dahbar, de Editorial Dahbar; Verónica Zubillaga y Manuel Llorens, ambos autores e investigadores de Reacin.

Relatoría

Ronna: ¿de dónde viene el nombre del libro?

Verónica: viene de una conversación con niños con los que conversaba John Souto. Una niña indica “dicen que están matando gente, pero en verdad están matando malandros”. Revela un poco la naturalización de la muerte y la justificación de ciertas matanzas. Es una forma de denuncia hacia la naturalización de la muerte. Toda denuncia implica alzar la voz y reclamar justicia. Es una búsqueda por encontrar un horizonte de convivencia.

Manuel: viene de una intensa discusión. Parte del libro es una producción colectiva integrada por distintos autores con diversas profesiones y miradas distintas. Es un título sugerente: cuando el mundo voltea a ver a Venezuela, es haciéndose esas preguntas. Es una invitación desde la curiosidad.

Vanessa: hay un Estado penal exacerbado, pero no se relaciona con el comportamiento a nivel económico ¿cómo entendemos esto? (Para Verónica).

Sobre la violencia crónica y la ciudadanía híbrida (Para Manuel).

Verónica: ha ocurrido un auge de la violencia policial. Paradójicamente surgen una reforma policial en el 2010 ante la denuncia por las redadas, pero al mismo tiempo, se dan con mucha fuerza los operativos policiales, como el madrugonazo al hampa. A su vez, ocurre el colapso de los precios petroleros. Para el año 2014-2015 ocurre una nueva fase de militarización de la seguridad. Ya es el mismo Estado el que trunca los procesos de reforma. Debe venir otra vez una discusión sobre las reformas de las instituciones de seguridad.

Manuel: hay que ver el impacto que tiene la violencia en el funcionamiento de las comunidades. Es algo sostenido en el tiempo, que genera unas formas de ejercer la ciudadanía. Hay un código de la ley, pero también un código local, informal, que controla. Se instaura una dualidad entre responder mediante la vía formal o no hacerlo. Lo que hemos visto es que la violencia crónica genera: mayor resguardo, relaciones de mayor desconfianza (por ejemplo, una persona que le robaron la casa y en la misma conversación indican que pudo ser un mismo vecino que “lo pichó”), más fragmentación, menor concepción de que ante situaciones violentas existirán instituciones que van a responder, no hay espacios de acuerdos colectivos, etc. Esto hace pensar en opciones alternativas.

Ronna: capítulo 2: ¿cuáles fueron esas señales de resistencia que percibieron en la comunidad? (Para Manuel)

Manuel: ante situaciones adversas hay fuerzas antagónicas que se resisten. Cuando miramos desde el foco de la violencia podemos perder de vista esas formas de resistencia. Personas que activamente hace cosas: vínculos, confianza, logran espacios seguros, negociar salidas. Sería imposible investigar sin estas entradas.

Pensando en nuestra organización, la idea que queremos transmitir se asocia con una forma de resistencia, de que necesitamos articularnos entre muchos para poder salir de la violencia.

Verónica: complementando la idea, es necesario un trabajo en redes y también mirar nuestro pasado.

Vanessa: ¿quién es la víctima? Es el que dice el Estado proteger ¿por qué se llega a esa ruptura? (Para Verónica)

¿Policía y malandro dan igual de miedo? ¿Quién es la autoridad? (Para Manuel)

Verónica: la gran esperanza de la revolución era la deuda de inclusión que viene desde el pasado. Ocurre una etapa redistributiva (por ejemplo, las misiones) y donde el destino de Venezuela se vinculaba a la renta petrolera. A su vez, como país tenemos la importancia de lo militar como proceso. Lo militar se vuelve una manera de entender el mundo, evidenciándose en los discursos y prácticas. Esto, aunado a un momento de crisis, se vincula con el uso de estrategias extremas de manera urgente. De la misma forma, se asocia con la llegada del mundo ilícito. En este sentido, ocurre un fracaso en la respuesta de la deuda que tenemos con los sectores vulnerables. El 21% de las muertes son por la policía y la mayoría de los asesinados son jóvenes varones de estos sectores.

Manuel: ¿quién es la autoridad? En la comunidad las personas se preguntan esto a diario. Se preguntan a qué autoridad acudo. En Los Ruices un vecino se describe como muy activo. Un día fue a un parque con su hijo y vio a un grupo de personas vendiendo drogas, por lo que acudió a la policía. Días después uno de los integrantes va hasta la puerta de su casa y le dice que “le echó paja con la policía”. Esto permite ver que acudir a la institución sólo te deja más vulnerable, por lo que su reacción fue mudarse un tiempo después. En algunos casos incluso le tienen más miedo a la policía que a los delincuentes. Ocurre una desestructuración de lo formal.

Ronna: debajo de la Cota, piden que ante una situación adversa vaya el Coqui ¿cómo es el proceso de justicia?

Manuel: esto se ve con más claridad en el capítulo de Francisco, al hablar sobre las víctimas. No hay una respuesta seria por parte del Estado, así que las víctimas no sólo viven un asesinato injustificado, sino que además tienen poco acceso a la justicia.

Verónica: esto se ha dado también en otros países: Río de Janeiro, Medellín. En la literatura se habla de gobernanzas criminales, donde cumplen soberanías territoriales: no se trata de ser un Estado en sí mismo, sino de cumplir funciones que el Estado debería cumplir.

Preguntas adicionales:

¿?: ¿cómo es en otros estados del país?

José Luis Fernández: mi trabajo es sobre todo desde lo cuantitativo. He visto diferentes perfiles de cómo ha avanzado en distintas zonas. Trato de romper con la visión de que la violencia es única. En Caracas hubo un crecimiento de la violencia, pero luego se dio en la periferia, como es el caso de Valles del Tuy. Se dio un momento de cambio en la violencia. Solía ser urbana, pero pasó a expandirse en otras regiones. Es el caso de Barlovento, donde la violencia por armas de fuego es más fuerte que en Caracas. También en Paria, con los fallecidos tras la migración forzosa. También por armas de fuego debajo del lago de Maracaibo.

Verónica: además, Andrés Antillano y Francisco han realizado un trabajo en la zona de la frontera que complementa los datos cuantitativos. Hacen una mirada microscópica, viendo los aspectos locales.

¿?: rol de las mujeres.

Verónica: han contribuido con los pactos o treguas con grupos armados. Pero esto es posible cuando hay historia de redes institucionales. Las mujeres han asumido el rol de mediar estos pactos en las comunidades. Esto se puede ver de forma más detallada en el capítulo de Francisco, donde se ve el rol de las mujeres en el reclamo de justicia.

Francisco: yo con esto sólo agregaría evitar caer en el romance de la resistencia. Y también entender que cada vez estas luchas son más privadas que públicas y que, más allá de lo que se intente, necesitamos de otras ayudas o de otras instancias.

Ronna: igual el efecto que genera en los niños. También por acá preguntan ¿cuál ha sido el efecto de las zonas de paz?

Verónica: mucha desprotección. Las políticas de mano dura han generado alianzas entre bandas ante una guerra declarada. Las zonas de paz consolidan la autonomía de las bandas territoriales.

Vanessa: lo decía también Bachelet ¿el problema son las siglas del operativo o la política? Es decir, ¿desaparece la FAES y ya o el problema es distinto?

Keymer: no es un problema de siglas. Si sólo vez la OLP, por ejemplo, vez sólo el 15% de las muertes. Dejas por fuera las demás. Este es un problema que se va arrastrando, como si fuesen unas muñecas rusas. Lo que vemos se asocia con una política anterior y lo que hace es transformarse, pero tomando en cuenta lo anterior.

La FAES llega en el 2017 con las protestas. En ese marco es que se anuncia el grupo táctico. Pero fue necesario los grupos anteriores, hay que ver la historia. Ahora, lo que distingue al FAES es la exhibición en las matanzas.

Cuando revisamos los datos por cuerpo policial, la FAES no supera al 30-40% y además allí participan distintos cuerpos. Cuando los vemos todos, nos damos cuenta que los cuerpos de seguridad del Estado son responsables del 70%, por lo que hay que ver la diversidad, también para ejercer la denuncia de cada grupo. Si no toleramos uno, eso también genera impacto y permite trasmitir el mensaje de que tampoco toleraríamos acciones similares por parte de otros cuerpos. La idea es no mostrar o generar tolerancia.

Cierre:

Sergio: personas están muy atrapadas en lo cotidiano y estos temas pueden pasar a un segundo plano.

Verónica: forjar memoria. No es romantizar las iniciativas, pero sí reconocerlas para reconstruir.

Manuel: reconocerlas para permitir el cambio.

Dicen que están matando gente en Venezuela en la FLOC 2020

En el marco de la reciente edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC), organizada por la UCAB, llevamos a cabo la presentación de nuestro libro Dicen que están matando gente en Venezuela.

Se trata de un libro que revisa un espectro amplio de expresiones de violencia que incluyen el impacto de la violencia crónica en distintas comunidades y los efectos que tiene en la convivencia; las reacciones de las madres de hijos asesinados por las fuerzas policiales y sus esfuerzos por hacer justicia. También se enfoca en el deterioro del proceso de reforma policial y retrata y analiza cómo las fuerzas policiales se han constituído en un actor que ejercen una matanza de manera sistemática. Finalmente, hace un registro cuantitativo de las muertes por armas de fuego, permitiendo distinguir las diferencias según las distintas regiones, con énfasis en la evolución de la violencia en la frontera.

El encuentro en la FLOC, de poco más de una hora, contó con la participación de Sergio Dahbar y Manuel Llorens. En esta conversación quedó en evidencia, aún más, que Dicen que están matando gente en Venezuela no es un libro escrito desde desaliento. Surge de un país que se empeña en resistir. Como las madres que se reúnen en el cementerio a celebrar el cumpleaños de sus hijos asesinados para ofrecerse consuelo y los periodistas, abogados e investigadores que luchan por mostrar lo que el poder quiere mantener oculto.

Keymer Ávila en El Diario: ¿Qué pasó en La Vega?

Las recientes intervenciones policiales en La Vega y la Cota 905 han generado múltiples debates. Las balas cruzadas llenan de zozobra y preocupación a estas comunidades y sus alrededores.

Keymer Ávila, investigador de nuestra red, encargado de la línea de investigación sobre violencia institucional, nos ofrece una introducción panorámica a este tema, más allá de la coyuntura, lo anecdótico e incluso de enfoques meramente policiales. ¿Cuáles son los ciclos de violencia que subyacen en estos acontecimientos? ¿Cuáles son los principales actores involucrados? ¿Cuáles son las tramas que se tejen entre éstos? ¿Se puede reducir estos eventos solo a enfrentamientos entre bandas o entre éstas y la policía? Ávila nos da algunas claves que sirven de marco para abordar estos fenómenos, donde podrían luego insertarse algunos análisis más específicos o locales. Todo en un artículo de su autoría publicado en el medio digital El Diario.

Artículo

Lo primero que debemos aclarar es que para hablar de un caso concreto como el de La Vega hay que hacer un trabajo de campo dentro de la propia comunidad, casi que de carácter policial, no es nuestro caso. Hecha esta advertencia intentaremos hacer en la primera parte un acercamiento macro sobre este tipo de fenómenos que parecen hacerse cada vez más recurrentes en los grandes barrios de nuestras ciudades, cada uno con sus lógicas y particularidades propias. En la segunda nos acercaremos a las informaciones que nos han llegado de esa comunidad y a las interrogantes que se plantean sobre el caso concreto.

Ya en otro espacio consideramos tres claves dentro de las cuales pueden insertarse, luego explicaciones más territoriales y locales, incluso coyunturales, pero que tendrán en común estos elementos: el contexto de profunda violencia estructural que padecemos los venezolanos, la estructura de oportunidades ilícitas que el propio sistema ofrece y la violencia institucional que le es funcional a las dos anteriores

En primer lugar tenemos la violencia estructural que excluye a las mayorías del país y las condena a precarias condiciones de vida. A los jóvenes no se les ofrece ningún tipo de oportunidades ni opciones de futuro en el mundo lícito. 

Dentro de este nivel macro, hay que considerar el segundo aspecto: la estructura de las oportunidades ilícitas. Las grandes bandas dotadas con armas de guerra no pueden existir sin el apoyo del mundo lícito, este es uno de los puntos más básicos de las teorías de las subculturas criminales desde los años sesenta del siglo pasado. Determinados sectores del mundo “lícito” tienen una relación funcional con las actividades y existencia de las bandas, esto pasa por otorgarles soportes sociales, institucionales, económicos, políticos, entre otros. Es decir, garantías para operar de manera impune, colaboración de cuerpos policiales y militares, complicidad de fiscales y jueces. 

Es importante resaltar que esto no tiene que ver con ideologías ni programas políticos, es solo un asunto de negocios, de mercados ilícitos comunes. Es así que se van conformando las llamadas gobernanzas criminales, que no es un fenómeno particular nuestro, pueden verse también en varias ciudades en Centroamérica, Brasil, Colombia y México.

Estas alianzas no son estables, en ocasiones estos intereses en común pueden entrar en conflicto generando guerras irregulares entre estos bandos. Esos acuerdos precarios pueden quebrarse por distintas circunstancias, eso parece que fue lo que ocurrió en La Vega y también hace unos meses en Petare.

Finalmente, la tercera arista que completa este círculo vicioso es la violencia institucional. Esta última es uno de los principales instrumentos de manutención y reproducción de la violencia estructural. En determinados momentos de crisis de legitimidad es funcional visibilizar e instrumentalizar a la violencia delictiva como forma de distraer la atención de otros problemas más difíciles de abordar, en ese sentido los delincuentes, o los que cumplen con el estereotipo que los prejuicios de clase y raza establecen sobre lo que supuestamente es un delincuente -joven, racializado y pobre-, sirven como oportunos chivos expiatorios.

Las cifras e indicadores existentes nos demuestran, en primer lugar, que la mayoría de las muertes a manos de los cuerpos de seguridad no son enfrentamientos con grupos delictivos equivalentes, son más la consecuencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal por parte de estos organismos. Los casos de enfrentamientos con grupos delictivos son excepcionales. El problema radica cuando a través de la excepción se busca justificar la actuación rutinaria y la masacre por goteo que se encuentra en marcha contra los sectores carenciados de la sociedad.

El saldo es la muerte de miles de personasla radicalización y mutación de las bandas que se hacen más violentas y con mayores arsenales, junto al empoderamiento cada vez más grande de los aparatos policiales y militares que terminan haciendo su voluntad. ¿Quiénes salen perdiendo? Todos nosotros, los ciudadanos de a pie que terminamos a su merced.

En este contexto general pueden insertarse luego casos particulares con sus propias lógicas territoriales. Ahora abordaremos algunas preguntas que nos han realizado periodistas durante los últimos días sobre lo ocurrido en La Vega:

¿Qué sucedió en La Vega? ¿Por qué hacen ese operativo policial? 

La Vega, geográficamente, es un lugar estratégico de Caracas que conecta con varios puntos y otros sectores claves de la ciudad, por lo que es apetecible para cualquier grupo que quiera tener ventajas tácticas y bélicas. De las conversaciones con vecinos y funcionarios hemos recogido, al menos, dos versiones de lo sucedido. La primera cuenta que el conflicto comienza desde finales del año pasado entre la banda de la Cota 905 y otras más pequeñas de La Vega, donde la primera avanza y toma algunos sectores de este barrio vecino. Recluta a varios jóvenes del lugar, posiblemente inexpertos, y los dota con armas largas, con las cuales comienzan a hacer rondas por el barrio. Estos lejos de ganarse a la comunidad, impusieron toques de queda después de las 5:00 pm, montaron alcabalas, comenzaron a cometer actos delictivos dentro de la misma zona, a cobrar vacunas más allá de los límites tolerables, tanto así que los transportistas en algún momento paralizaron la prestación del servicio, los comercios estaban viéndose ya afectados, etc. Eso va escalando hasta que se meten con funcionarios policiales que viven en los sectores ocupados y allí se rompe cualquier equilibrio y pacto de coexistencia entre ellos. 

Entonces se presentan dos momentos, el primero comienza el 2 de enero, con los enfrentamientos entre bandas, y luego de la banda vencedora con la policía, que fueron los últimos y los más fuertes. Llegando a sus puntos máximos los días viernes, sábado y domingo. La comunidad duró asediada por las balas una semana entera.

La otra versión, más delicada, cuenta que al jefe de la banda de la Cota 905 le robaron una parte de su arsenal y los disidentes se llevaron el botín para La Vega, fue un intento de lo que ellos llaman un “cambio de gobierno”. Luego el jefe traicionado trató de restablecer el orden infringido, y en ese juego la incursión de la policía le terminó siendo funcional a sus propósitos, ya que eliminaron a los alzados, manteniendo este su hegemonía. Sin embargo, hay numerosas denuncias de que muchos de los fallecidos a manos de las policías no tenían nada que ver con estas situaciones.

Se trata de dos versiones encontradas, incluso contradictorias, que coinciden en la presentación de los dos momentos, pero muy especialmente en la precariedad institucional que padecemos y que constatan que los sectores populares son victimizados triplemente. Primero, por la exclusión social y económica; segundo, por las bandas delictivas y, tercero, por el propio Estado. Actualmente en La Vega se ha sustituido el estado de sitio que tenía la banda por el que ha impuesto la PNB, las calles siguen desiertas, y los hombres armados son los que siguen rondando.

¿La incursión policial tiene relación con las protestas de días anteriores por servicios públicos?

Al contrario de lo que suele decirse en el país, se protesta mucho, en especial en los sectores populares. Así lo confirma el seguimiento del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Estas protestas son mayoritariamente por la demanda de servicios públicos básicos, que en Venezuela cada vez son más precarios o inexistentes. Los vecinos confirman que sí hubo protestas en el sector entre la segunda y cuarta semana del mes de diciembre, especialmente por la ausencia de agua y gas, que fueron reprimidas y dispersadas con disparos por la policía en su momento.

Una vez dicho esto es importante recalcar lo siguiente: si bien las manifestaciones en el país son reprimidas, no deben confundirse ambos tipos de violencia institucional. La represión que se hace de manera cotidiana en los barrios en el contexto de operativos de seguridad ciudadana es mucho más brutal, indiscriminada, masiva y letal, que la que se hace en el marco de manifestaciones. No tienen factor de comparación ni pueden equipararse.

Esta distinción no debe dejar de recalcarse, tratar de confundir ambos tipos de represión distorsiona una realidad que no necesita ser distorsionada.

¿Hay pruebas de algunas alianzas entre esas bandas y autoridades policiales y militares?

No tenemos elementos para contestar esta pregunta, no forma parte de nuestro trabajo académico de investigación; esto sería más propio que lo contestaran las autoridades policiales, el Ministerio Público o el Poder Judicial.

Tal como se señala al inicio, lo que podemos hacer son análisis y reflexiones de carácter general que pueden enmarcar este tipo de eventos. Acá es clave la idea de estructura de oportunidades ilícitas ya explicada.

Hay preguntas básicas: ¿Cómo obtienen las armas? ¿Cómo tienen acceso a armas de guerra? ¿Cómo obtienen municiones? ¿Cómo algunas poseen granadas? ¿Quiénes son los responsables de la fabricación, importación, distribución y comercialización de las armas y municiones en el país? ¿Quiénes tienen ese monopolio? ¿Desde cuándo lo tienen?

En síntesis: las grandes bandas no pueden surgir, ni tener poder, sin un mínimo apoyo o al menos tolerancia de policías o militares, fiscales, jueces, así como del poder político y económico del mundo “legal”. Esto no lo decimos nosotros, esto es parte de una de las más clásicas teorías criminológicas de la segunda mitad del siglo pasado.

Hay familias que denuncian que algunas de las víctimas simplemente estaban en la calle y eran trabajadores, ¿cuál es el sentido de matarlos y presentarlos como bandidos? 

Esto se vincula a la tercera arista que comentamos en la introducción, referida a la violencia institucional. En algunas coyunturas puntuales de crisis políticas, económicas o de legitimidad el tema de la seguridad ciudadana puede ser un comodín, algunos casos en particular, sin duda graves y dramáticos pueden servir para encubrir crisis de tipo más estructural y difíciles de abordar.

Es una sustitución de enemigos públicos, dependiendo de las circunstancias el sistema  evalúa a cual escoge y cómo lo procesa. Con ello se legitiman ciertos aparatos armados del Estado a la vez que distraen la atención pública para que no se ocupe de otros asuntos más complicados. Esto sucedió claramente con las OLP, en un año electoral; también ocurrió con la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) durante las protestas de 2017.

Como lo hemos explicado en otras oportunidades, estas políticas no son una mera respuesta a fenómenos delictivos puntuales, estos son solo la excusa a través de la cual se activan un montón de funcionalidades políticas y económicas. En ocasiones, para la maquinaria de muerte estatal los cuerpos sin vida de los pobres son solo un producto que sirve para mostrar eficiencia, capacidades, son un medio para enviar claros mensajes; son también un intento de legitimación a través de la fuerza y, en consecuencia, de reafirmación de su poder.

En la reciente incursión de la fuerza pública en La Vega no son pocas las denuncias de ejecuciones. Cuando hay tantas muertes de un solo lado y ni siquiera heridos del otro es motivo para encender las alarmas, es un indicador de que el uso de la fuerza letal tuvo una finalidad distinta a la preservación de la propia vida, y sugiere un uso excesivo y desproporcionado.

El problema no es que caigan “inocentes” o “culpables”, esa distinción es irrelevante y hasta peligrosa, el punto es que en nuestro país no existe la pena de muerte -pena que está en extinción en el mundo entero-, y en esos casos la pena es producto de un proceso judicial, no es administrada discrecionalmente por la policía en la calles. Cuando eso sucede se le está otorgando un poder ilimitado a los cuerpos armados, mermando todos nuestros derechos como ciudadanos. En esto no se deben hacer excepciones, los derechos son para todos o no son para nadie.

Seminario Experiencias y estrategias de reducción de homicidios en América Latina y El Caribe

Como parte de un proyecto colectivo de investigación  sobre violencia, drogas y armas de fuego, nos es grato invitarle al Seminario  Experiencias y estrategias de reducción de homicidios en América Latina y El Caribe, con la participación de Ignacio Cano y Doriam Borges, investigadores del  Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV), Rio de Janeiro, Brasil.
Leer más