Voces en Cuarentena con Francisco Coello

En esta primera entrega de Voces en Cuarentena, desde el análisis, conversamos con Francisco Coello, sociólogo y profesor universitario. Compartió con nosotros su mirada sobre la militarización de una crisis absolutamente sanitaria, y sobre lo imperativo que resulta un acuerdo humanitaio en medio de esta coyuntura.

¿Cómo afecta la militarización la vida de los venezolanos en medio de esta crisis sanitaria?

El problema empieza con la militarización en sí misma, eso no es nuevo en para Venezuela. No olvidemos los golpes militares del 92. Y cómo para muchos pareció ser más loable que la posibilidad de catapultar a un sector al poder fuera a través de un intento de golpe, y no por vía de una contienda civil, en un proceso electoral.

Siempre será preocupante que lo militar prive sobre lo civil. La cultura de los militares no se aviene con el mundo civil, donde se discute, se polemiza y donde impera el raciocinio y la argumentación por encima de los hechos de fuerza. Por eso es que en todos los países civilizados, es decir, democráticos, la institución militar está sometida a lo civil, y sus funciones son estrictamente defensivas o de apoyo. Y este es el caso que nos ocupa en Venezuela.

El país no debería estar militarizado debido a la pandemia. Venezuela, en estas circunstancias, debe estar guiada por un equipo de expertos, por personas de organizaciones no gubernamentales que también estén vinculada a temas de salud y ayuda humanitaria, debería estar dirigida por representantes de la Iglesia, por especialistas de las universidades, Cruz Roja, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud… En otras palabras, es un problema de salud, y debe estar en manos de quienes realmente saben manejar la situación. Esto con el respaldo político que deben dar las autoridades. Y con el apoyo logístico que deben brindar las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas deben estar a la orden de los civiles expertos, que desde sus distintas áreas de acción, son capaces de decir qué medidas son las que proceden en estas circunstancias.

La militarización de la sociedad venezolana en medio de esta crisis sanitaria, que implica que al frente del panorama no esté ningún experto de la salud, se traduce en desinformación, más incertidumbre, aumento de contagios….El cuadro de la pandemia empeoraría.

Según gaceta oficial, la cuarentena en el país se mantiene hasta el 13 de abril, prorrogable en caso de ser necesario. De extenderse este periodo, ¿cuál debería ser el papel de los militares y demás cuerpos de seguridad del Estado?

El papel de los militares y de los cuerpos de seguridad está claramente establecido en nuestra constitución. Así que no habría mucho que discutir sobre el tema.

El resguardo de nuestra soberanía territorial, de nuestras fronteras, de nuestros recursos. La protección de los civiles ante la violación de Derechos Humanos…

Y en este caso, como hemos visto en varios países del mundo, su apoyo es esencialmente logístico, para darle soporte, viabilidad y acompañamiento a las decisiones de los expertos en salud que ahora son quienes deben dictar la pauta.

Los militares y demás más cuerpos de seguridad, deben ser capaces de brindar seguridad a la vida y propiedades de los ciudadanos que, en circunstancias como las actuales, se hacen muy vulnerables ante acciones delictivas.

Urge impedir que grupos paramilitares y civiles armados lleven adelante acciones de control social de la población, pues estas son funciones que deben ser realizadas de forma exclusiva por la Fuerzas Armadas y demás cuerpos policiales del Estado venezolano.

Que esto último no se contenga, terminaría por generar una situación alarmante en términos de abuso y violación de Derechos Humanos. Que es lo que hemos podido observar en sectores populares de distintas ciudades del país, donde miembros de colectivos armados imponen toques de queda y horarios de entrada y salida de los habitantes a su comunidad.

No puede ser la pandemia, bajo ninguna circunstancia, un escenario propicio para los abusos policiales, para la violencia civil.

Recientemente tuvimos el caso de las personas ejecutadas en el 23 de enero, a las afueras de su vivienda. Lo condenable aquí es asumir que cualquiera puede tener un arma y acabar con la vida del otro.

Max Weber estableció que uno de los componentes imprescindibles para poder hablar de un Estado moderno, es que este disponga de algo que llamó monopolio de la violencia legítima. Solo los cuerpos de seguridad del estado pueden ejercer la fuerza, pero siempre en el marco de la ley y los derechos humanos.

¿Qué acciones debe tomar el Estado venezolano a fin de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos?

En primer lugar, desmilitarizar a la sociedad venezolana, y que su margen de acción se limite a lo logístico, de apoyo y acompañamiento. Esto con el objetivo de que fluyan mejor las medidas que se deben tomar en medio de la pandemia.

Pareciera demasiado repetitivo decir que son los expertos los que deben estar al frente. Pero es que es la vía correcta. No hay otra. Es un principio sencillo, se llama meritocracia.

Y esto va a permitir garantizar el derecho a la información, que sobre todo en estas circunstancias es vital. Solo a través de la información se podrán tomar las medidas convenientes en función de frenar los efectos de esta crisis sanitaria.

El Estado puede apoyarse en la experticia de los profesionales del sector de la salud, y usar esto como un centro de información efectiva y veraz.

En medio de la crisis política que vive Venezuela, ¿debe imperar un acuerdo humanitario?

Desde luego debería llegarse, cuanto antes, a algún tipo de acuerdo humanitario. Tanto por la situación que estamos viviendo con la pandemia, como situaciones graves de salud, alimentación y seguridad, que diversas organizaciones no gubernamentales han venido alertando desde hace tiempo. Lo que complica todavía más el cuadro del país.

Debería haber un directorio neutral o un pacto, de manera que el tema humanitario sea tratado con prioridad por todos los sectores de la sociedad venezolana.

Todo esto tomando muy en cuenta la opinión de los gremios profesionales y de las distintas organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país, que desde sus ámbitos, tienen conocimientos pertinentes de los cuales el Estado debería valerse.