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Concluimos el Diplomado “Impactos de la violencia, movilización de víctimas y demandas de justicia en Venezuela”: Un espacio de aprendizaje y reflexión crucial para el país

Estamos muy contentos y queremos compartir que concluimos el diplomado titulado “Impactos de la violencia, movilización de víctimas y demandas de justicia en Venezuela”, realizado en colaboración entre la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Red de Acción e Investigación por la Convivencia Ciudadana (REACIN).

El diplomado se llevó a cabo entre  el 25 de marzo y el 22 de julio, y contó con la participación de 25 personas seleccionadas y becadas al 100% por REACIN, entre más de 70 postulados, todas ellas vinculadas al trabajo con temas de violencia, víctimas, asistencia humanitaria y otras áreas afines.

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El grupo reunido presentaba una diversidad de perfiles, incluyendo profesionales en el campo de la seguridad y atención a víctimas, miembros de organizaciones sociales, periodistas, académicos/as y estudiantes. La variedad de enfoques y experiencias enriqueció ampliamente el desarrollo del programa y fomentó un diálogo interdisciplinario muy valioso.

El diplomado fue cuidadosamente coordinado por Andrea Chacón y Chelina Sepúlveda, quienes se ocuparon de la estructuración y la articulación  de los contenidos académicos y logísticos.

Además, el programa contó con la participación de reconocidos profesores/as y expertos/as en el ámbito, quienes aportaron su sólida experiencia y conocimientos especializados para enriquecer la formación de los participantes. Los/as profesores/as que contribuyeron su experiencia y conocimiento fueron:

– Verónica Zubillaga (Universidad Simón Bolívar – USB)

– Andrea Chacón (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – ITESM)

– Keymer Ávila (Universidad Central de Venezuela – UCV)

– Manuel Llorens (Universidad Católica Andrés Bello – UCAB)

– Francisco Sánchez (Universidad de Florida – UFL)

Asimismo, el diplomado contó con la  participación de seis invitados/as internacionales, expertos/as en diversos campos relacionados, quienes enriquecieron las discusiones con sus perspectivas globales:

– Vivian Khedari (Senior Mental Health Advisor, The New School NY)

– Ana Cepeda (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-ITESM)

– Ignacio Irazuzta (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-ITESM /Universidad del País Vasco-UPV/EHU)

– Gabriel Gatti (Universidad del País Vasco-UPV/EHU)

– Óscar Carbonell (Guernica Centre)

– Mariana Mora (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS)

El diplomado se estructuró en cinco módulos que abordaron temas cruciales en el contexto de la violencia en Venezuela:

Módulo 1. Violencia en Venezuela.

Módulo 2. Seguridad Ciudadana, Políticas, Policía y Violencia Institucional.

Módulo 3. Impactos y Respuestas a la Violencia en las Comunidades.

Módulo 4. Violencia y Subjetividad. La Perspectiva de las Víctimas.

Módulo 5. Búsqueda de verdad, sentidos de justicia y movilización de víctimas en América Latina.

Los módulos introductorios, los dos primeros, pretendían ubicar un contexto y lenguaje común para hablar de las violencias que ocurren en nuestra región y en nuestro país. A partir de ello, se inició el abordaje de los impactos y respuestas a la violencia en las comunidades, llevando la mirada a lo micro, entendiendo cómo se vive, experimenta y significa las violencias desde las comunidades, sus propias dinámicas y las personas vinculadas a ellas.

Por último, se abordaron y cuestionaron conceptos vinculados a la construcción social de las figuras de la víctima y el victimario, cómo estos conceptos se han relacionado a temas de ciudadanía, y de qué manera, a partir de ahí se construye agencia.

Finalmente, en el último módulo se abordaron temas de memoria, entendimiento de los sentidos de justicia, el acompañamiento a personas con experiencia de victimización y todo lo vinculado a búsqueda de verdad y movilización de víctimas.

Uno de los elementos más valorados por los/as participantes fue el tema del abordaje psicoemocional de personas víctimas de la violencia y del propio aprendizaje asociado a la propia gestión emocional y de contención de las personas que trabajamos en esta área.

La experiencia recibió una calificación altamente positiva por parte de los asistentes, quienes destacaron su utilidad y aplicabilidad en su quehacer diario, tanto en el ámbito académico como profesional y activista. El conocimiento adquirido y las reflexiones sostenidas auguran un impacto significativo en la búsqueda de la mejora de la situación en Venezuela.

Asimismo, los debates y reflexiones en torno a la construcción social de las figuras de la víctima y el victimario, tanto como su vinculación con la ciudadanía y la agencia, proporcionaron una visión crítica y profunda que dejó una huella significativa en los asistentes.

En nombre de la organización y los coordinadores, deseamos felicitar a todos los involucrados por el éxito de este diplomado y por su compromiso con la construcción de conocimiento y áreas de acción para la atención a temas vinculados con la violencia y las personas víctimas de ella.

Taller Periodismo, Justicia y Paz

Durante este año, como parte de nuestra vocación por generar colaboraciones y programas formativos que fomenten el análisis crítico y el intercambio de ideas, hemos llevado a cabo el taller “Periodismo, Justicia y Paz” dedicado a periodistas, en dos ediciones y en modalidades diferentes.

La primera edición realizada de manera virtual, contó con el trabajo conjunto de Monitor de Víctimas, Runrunes y Foro Cívico, además de nuestra red. 

Durante un total de seis encuentros, llevados a cabo entre la última semana de febrero y las dos primeras de marzo, los periodistas participaron en sesiones con Cristian Correa, abogado del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); Michael Reed – Hurtado, abogado y periodista de la Universidad de Georgetown y Manuel Llorens, psicólogo clínico e investigador de nuestra red. Todas las sesiones contaron con la moderación de la periodista de investigación Ronna Risquez.

La sexta y última sesión de esta primera entrega del taller, reunió a dos periodistas internacionales de punta que han trabajado en contextos adversos en América Latina. Se trató de José Luis Sanz, corresponsal en Washington del diario El Faro; y Diana Durán, corresponsal en Bogotá de The Washington Post. 

Entre los temas abordados a lo largo de las seis sesiones estuvieron las obligaciones internacionales del Estado en materia de justicia; el rol de la Corte Penal Internacional y la complementariedad positiva; perspectivas sobre verdad, justicia, reparación y justicia restaurativa; formas de registro del sufrimiento, manejo de trauma y sobreexposición a la violencia e inclusión de sectores de la población tradicionalmente estigmatizados.

El taller contó con 30 participantes, tanto periodistas de distintos medios locales, como periodistas de la diáspora venezolana y estudiantes de Comunicación Social.

Meses más tarde, el 31 de mayo, llevamos a cabo una segunda edición del taller, esta vez de manera presencial en las instalaciones del Impact Hub Caracas. 

La convocatoria reunió a los participantes de la primera edición y a otros periodistas interesados. En esta oportunidad, el taller constó de una sesión, que contó con la presencia de Michael Reed-Hurtado, bajo el formato Q&A. 

Esta segunda edición del taller “Periodismo Justicia y Paz”, fue efectuada en alianza con Foro Cívico, y la sesión estuvo moderada por la politóloga y profesora Colette Capriles.

En ambas ediciones, se desarrollaron jornadas de reflexión, en rico intercambio con los periodistas participantes. Estos encuentros forman parte de la aspiración colectiva de estas organizaciones, apoyadas por las alianzas con abogados de reconocida trayectoria internacional, para seguir promoviendo espacios de encuentro, donde se ahonden los asuntos pertinentes y críticos para la  en la búsqueda de justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

Michael Reed

Michael Reed en Contrapunto: Justicia venezolana no ha sancionado a las cadenas de mando por violaciones de DDHH pero de que podría hacerlo, podría

En días recientes publicamos una entrevista a Cristian Correa, abogado del International Center for Transitional Justice (ICTJ), hecha por el medio digital Contrapunto.

Continuando en el marco de la conferencia Asegurando Justicia para Venezuela, que llevamos a cabo en julio del año en curso, esta vez publicamos una entrevista hecha por el mismo medio a Michael Reed-Hurtado.

Reed-Hurtado es un abogado colombo-estadounidense y Profesor de la Universidad de Georgetown. Fue uno de los invitados internacionales con quien compartimos durante las pasadas jornadas de julio.

«La demanda de justicia de la ciudadanía venezolana no la puede satisfacer la Corte Penal Internacional», subraya el abogado colombo-estadounidense, del Centro Guernica para la Justicia Internacional. Afirma que en Venezuela tan solo se inicia el largo y doloroso recorrido hacia el reconocimiento de las víctimas, «que implica confrontar la negación de distintos procesos de victimización y diversas formas de sufrimiento que se han extendido durante décadas»

Pareciera que Michael Reed-Hurtado no solo quiere nadar contra la corriente, sino también caer pesado. Cuando el abogado colombo-estadounidense, del Centro Guernica para la Justicia Internacional y la Universidad de Georgetown, afirma que «la demanda de justicia de la ciudadanía venezolana no la puede satisfacer la Corte Penal Internacional», más de un ceño seguramente se frunce.

Hace alusión no solo a la represión gubernamental contra las protestas en 2014 y 2017 y a los presos políticos, sino también a los operativos policiales contra comunidades empobrecidas. También, a las operaciones contra la insurgencia. «Hay muchas violaciones de derechos humanos que se han cometido en territorio venezolano durante muchísimo tiempo, y el ejercicio de responsabilidad en los sucesivos gobiernos ha sido débil o ausente. Hay un problema histórico de asunción de responsabilidad, hay un problema histórico en el que cuerpos de seguridad cometen crímenes de manera impune. Hay un pasado de represión contrainsurgente que no ha sido objeto de investigación», describe.

La conversación con contrapunto.com transcurre en dos tiempos. El primero, un diálogo por zoom. El segundo, por wasap. Ambos son consecuencia de las reflexiones generadas durante jornadas organizadas por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin).

Las expectativas sobre la CPI están apartadas de la realidad, asevera, y recuerda que el Estatuto de Roma parte de la complementariedad; es decir, que los procesos de justicia «se sigan en el foro doméstico». Por eso gran parte de la tarea es «promover esfuerzos concretos y reales de justicia en los países». Quien ignore este principio «está manipulando de manera intencional o no conoce lo suficiente para entender que el propósito de la CPI es no actuar, sino promover que las cosas se hagan en el foro doméstico».

No hay la menor duda, reitera, «de que se han cometido violaciones graves de derechos humanos en territorio venezolano, no hay la menor duda de que hay compromiso de las autoridades estatales en el planeamiento y ejecución, pero no todo se resuelve a golpe de derecho penal; ni siquiera con una, dos o tres acciones ejemplarizantes que pueda tomar la CPI».

Como abogado, remarca que se saca mucho más provecho al robustecer y promover acciones concretas en el el país que decir que se va a adelantar un caso y sostener la responsabilidad penal de cinco personas. «Esto no quiere decir que el derecho penal no tenga lugar en la respuesta a los problemas que plantea Venezuela», aclara.

El sistema de justicia no ha sancionado a las cadenas de mando por violaciones de derechos humanos. «No lo ha hecho, pero de que podría, podría», recuerda. Todo depende de capacidad técnica y voluntad política.

Mucha retórica y pocos dientes

«El uso del derecho penal internacional (DPI) para enmarcar las denuncias de violaciones manifiestas a los derechos humanos y otras situaciones derivadas del abuso de poder en Venezuela es extendido y se torna problemático. Por un lado, el derecho penal internacional es un poderoso recurso retórico que emociona y parece dar renovado vigor a las voces que claman justicia; por otro lado, es un recurso con pocos dientes y (algo) escandaloso», afirma.

En su opinión el derecho penal internacional «puede ser útil en el contexto venezolano, pero el radiante camino de promesas y expectativas que se ha tendido está repleto de delirios y trampas. El éxito retórico de este paradigma puede conducir a terrenos pantanosos. Por ejemplo: la politización y la instrumentalización de una rama del derecho internacional que carece de un corpus juris consolidado pueden llevar a evoluciones poco útiles (incluyendo su dilución, en la medida en que el ladrido del DPI es mucho más fuerte que su mordida)». También señala que la promesa de una CPI «que produce justicia cuando el sistema nacional protege a los presuntos responsables probablemente se puede aguar, contribuyendo, aún más, a la imagen de un órgano internacional inefectivo que, no ha sabido despegar (o aterrizar) en los contextos latinoamericanos».

Reed aclara que no quiere desanimar a nadie. «No se trata de desalentar a quienes en Venezuela promueven procurar justicia en relación con graves crímenes amparados por el poder, pero sí aterrizar algunas de las aspiraciones que se han extendido sobre la CPI».

Las instancias internacionales, «además de contribuir al reconocimiento de las violaciones y las personas victimizadas, elaboran el rastro de la injusticia y hacen explícito el incumplimiento de los compromisos internacionales por parte de Estados que, como el venezolano, niegan y ocultan las atrocidades y sus responsabilidades». Son «instancias valiosas, pero no reemplazan la (necesaria) acción estatal. Los mecanismos internacionales de protección (por ejemplo, los del sistema interamericano) limitan, controlan, condicionan y complementan la acción estatal, de acuerdo con compromisos soberanos; pero no la sustituyen».

Es decir, que las presiones internacionales «son medios para conseguir cambios en el plano nacional, no son un fin en sí mismo». Por ende, la acción de la CPI «debe maximizarse para fortalecer el proceso de procuración de justicia en Venezuela. La intervención de la CPI no debe ser vista como un fin en sí mismo; además, es un instrumento particularmente selectivo: de hacerse cargo de algunos casos, no escogerá más que un manojo. El resto debe tramitarse en sede nacional».

CPI: Muy específica

Según su análisis, en Venezuela «hay un universo amplio y variado de conductas que exigen la puesta en marcha de mecanismos efectivos de rendición de cuentas» y que no forman parte del examen de la CPI. «Se trata de conductas graves que requieren justicia, pero que no son crímenes de lesa humanidad o no son los crímenes de lesa humanidad sobre los cuales ha decidido enfocarse la Fiscalía. Estas tendrán que ser juzgadas, eventualmente, en sede nacional. Ante la perpetración masiva de conductas, la respuesta al cúmulo de casos no provendrá de un organismo internacional que aplica esta rama del derecho internacional público. Como en todas las otras realidades, la investigación y juzgamiento de esos casos recae sobre las autoridades nacionales».

La intervención de la CPI es muy específica, enfatiza. «La carga preponderante de investigación, juzgamiento y establecimiento de responsabilidades de conductas que acarrean crímenes internacionales recaerá, en todo caso, sobre las autoridades nacionales. Es decir, el proceso de hacer justicia será principalmente nacional. En resumidas cuentas, el proceso ante la CPI es lento, engorroso e incierto, y hay muchos factores (legales, políticos, económicos y de seguridad) que lo condicionan y que seguramente lo empantanarán. En el mejor de los casos, la ruta es farragosa e incierta y extraña para la mayoría de la ciudadanía venezolana. Además, el recorrido será resistido activamente».

Es hora de pensar, sostiene, «cómo se puede conducir este camino para que tenga efectos favorables en la búsqueda de la justicia en Venezuela: la activación de la competencia de la CPI no es un fin en sí mismo, es un medio para promover justicia en el plano nacional».

Una respuesta a las víctimas

¿A qué deben aspirar las personas victimizadas? «Las personas victimizadas deben aspirar a la realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y esas aspiraciones solo se pueden satisfacer mediante un proceso robusto de consecución de justicia. El proceso de reivindicación ya se inició; hay ciudadanas valientes y demandantes que encaran la negación oficial y demandan justicia por la muerte de sus familiares». E incluso en condiciones adversas «su proceso de reclamación es el punto de partida. Ahora, es el turno de la sociedad y del Estado: deben reaccionar. ¿Cómo las van a acoger? ¿Cómo van a reconocer su sufrimiento y cómo van a procesar sus reclamos?».

Con base en su experiencia, Reed-Hurtado asevera que, aunque se habla sobre víctimas, «en Venezuela tan solo se inicia el largo y doloroso recorrido hacia su reconocimiento, que implica confrontar la negación de distintos procesos de victimización y diversas formas de sufrimiento que se han extendido durante décadas. Siguen proliferando los discursos justificativos de la violencia; continúan negándose ciertos hechos; se sigue culpabilizando a ciertas víctimas; y, censurablemente, hay unas víctimas que siguen valiendo más que otras».

Esto indica que «el camino será largo y, poco o nada, se ha reflexionado sobre las implicaciones de tender ese recorrido en torno a una víctima-ideal, un modelo único (abstracto) que nada tiene que ver con el universo real, plural y diverso de las personas que han sido victimizadas en Venezuela».

Es deber del Estado venezolano, insiste, «desplegar el poder público de manera responsable y transparente para hacer justicia, según las pruebas, especialmente en el caso de patrones de perpetración sistemática, como lo ilustran las ejecuciones cometidas por miembros de los cuerpos de seguridad en contra de jóvenes pobres que habitan barrios marginales de diferentes centros urbanos».

Cristian Correa en Contrapunto: En Venezuela tenemos que dar garantías para que cualquier proceso de justicia no sea la justicia de los vencedores

El pasado mes de julio, llevamos a cabo la conferencia Asegurando Justicia en Venezuela, una jornada intensiva de tres días que convocó presencial y virtualmente a académicos, activistas de Derechos Humanos, periodistas y miembros de la sociedad organizada, dentro y fuera del país.
Bajo el objetivo de construir reflexiones entorno la violencia armada y su legado, y la búsqueda de justicia en Venezuela,  estos encuentros también se propusieron vislumbrar las rutas posibles para construir una sociedad más inclusiva y pacífica. 
Margarita López Maya (Universidad Central de Venezuela), Mariela Ramírez (Dale Letra), Geoff Ramsey (WOLA), Temir Porras (Paris School of International Affairs), Marino Alvarado (PROVEA), Luis Cedeño (Paz Activa), Benigno Alarcón (Centro de Estudios Políticos-UCAB), Michael Reed-Hurtado (Georgetown University) y Cristián Correa (International Center for Transitional Justice (ICTJ), fueron solo algunos de los ponentes que participaron en la conferencia.
Cristian Correa, abogado experto en Derechos Humanos del Centro Internacional de Justicia Transicional, fue entrevistado por Vanessa Davies, también ponente de uno de los días de la jornada.
Compartimos con ustedes la entrevista hecha para el medio digital Contrapunto.

Foto por Vanessa Davies

Del derecho penal se espera la capacidad de igualación de poder, porque la violencia refuerza el poder del perpetrador “y uno busca que el derecho penal equipare los poderes. Pero la equiparación del poder no está necesariamente en la sanción, sino en cómo el proceso ayuda a que ese personaje poderoso baje la cabeza, reconozca su responsabilidad, y en qué medida eso es más sanador para la víctima que saber que el perpetrador va a estar 25 años en la cárcel”

Si algo queda claro al escuchar a Cristián Correa, integrante del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), es que no hay fórmulas que funcionen para resolver todos los conflictos del mundo. Tampoco las hay para dar salidas al conflicto de Venezuela. Correa visitó Venezuela y participó en una actividad académica realizada la semana pasada en Caracas y organizada por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, la Universidad Simón Bolívar, WOLA, la Universidad de Tulane y la Universidad de Florida.

“Teóricamente pareciera que fuera necesario” un cambio político para la justicia, porque “son mecanismos que deben gozar de legitimidad amplia”, pero la realidad es que la vía para lograrlo “es comenzar a hacer cambios ahora”, afirma. “En todas las transiciones ha habido acciones y procesos sociales y políticos que se avanzan durante la existencia del régimen anterior, y que son los sientan las bases de los procesos que se pueden hacer después”.

Correa considera que para el contexto venezolano sería importante examinar “la Colombia de 2006”, en la que “hay una ley de justicia y paz, en la que hay presencia de paramilitares, en la que Uribe sigue siendo presidente, pero hay un proceso de reconocimiento de los desplazados y se ven forzados a hablar de reparación. No pueden desmovilizar a los paramilitares sin que haya un examen de responsabilidad penal y sin que haya alguna referencia a algo muy primigenio de reparación de justicia y paz, y luego, de reparación administrativa”.

Lo que se hizo en ese momento en Colombia, relata, fue determinante para lo que se avanzó posteriormente. Por eso “no puede uno exigir al proceso de negociación definir una agenda de la nada. Hay que iniciar acciones que sean ariete contra la resistencia de ambas partes de colocar estos temas en la mesa para forzar a tener que ver este tema, y tener que verlo de una forma propiamente venezolana”.

-¿Hacer qué cosas ahora?

-Reconocimiento de las experiencias de personas que han sufrido. Capacidad de juntar a personas que han sufrido, compartir esos sufrimientos y reconocer la experiencia común. Compartir que yo pude haber sido oprimido por uno, tú pudiste haber sido oprimido por otro, pero nuestra experiencia es común. Hacer procesos humanitarios, que reconocen a personas que han sufrido sin tener que poner el rótulo de si es o no es violación. Pero los números fuerzan a hacerse la pregunta.

-¿Encuentros de víctimas?

-Encuentros de víctimas, organización de víctimas, vínculos entre sociedad civil y víctimas.

-¿Para qué?

-Para generar mecanismos de presión a los actores políticos de que este problema hay que resolverlo de una forma que responda a las necesidades de esas víctimas. ¿Por qué? Si vamos a interrumpir los ciclos de violencia que han plagado al país en 60 años o en toda su historia es a través del reconocimiento de derechos de víctimas; se pueden reconocer esas historias y decir “esto no es simplemente un cambio de gobierno, esto es un cambio de cómo nos miramos y nos reconocemos”, especialmente en un país cruzado por diferencias sociales, por incapacidad de mirarse a los ojos con dignidad.

-¿Sería que las víctimas de todos puedan encontrarse y exigir que el tema esté en la agenda?

-Claro. Y agregaría la necesidad de recomponer ciertas necesidades básicas en lo humanitario, en los servicios de salud, en los servicios de educación, de agua, de electricidad. Es un área que les compete a todos, que todos necesitan y hay un interés común de que eso funcione. Y, también, hacerse cargo de los expulsados, y generar condiciones suficientes para que el retorno sea posible.

-¿Cuáles son las barreras para que las víctimas se encuentren? ¿Cómo se puede trabajar?

-La forma cómo se plantea el ser víctima es muy importante para ver si hay cosas que te unen o te dividen. Creo que la experiencia del sufrimiento común es algo que nos humaniza, que tenemos todos como seres humanos. Yo perdí un hijo, tú perdiste un hijo, y no importa tanto el cómo o el quién. Es esa experiencia. La capacidad de víctimas que tienen acceso a ciertas instancias de poder de hablar en favor de los derechos de las otras víctimas, porque no quiero que a otro le ocurra lo que me pasó a mí, o lo que le pasó a otro, o a mi hijo, o a mi hija. ¿Cómo fortalecer esa empatía común como seres humanos que hemos experimentado la pérdida, y que nos une esa pérdida?

Foto por Vanessa Davies

-¿Se necesitan organizaciones que intenten ese esfuerzo de encuentro?

-Hay una labor importante que está haciendo y que puede hacer con mayor fortaleza la sociedad civil. Hay que pedirles a los actores políticos dar espacio y comprometerse a no utilizar o enfatizar el que estas son tus víctimas y estas son mis víctimas. De la experiencia colombiana la mesa en La Habana es forzada a reconocer la experiencia común de víctimas cuando las víctimas llegan a ella y los confrontan a ambos: a gobierno y a FARC. Usted no diga que hace esto por mí. Que las víctimas confronten a su lado porque no escucha a las víctimas que ese lado ha causado.

-¿Eso le corresponde a la sociedad civil? ¿Tratar de hacer esos vasos comunicantes?

-Y les corresponde a los actores políticos dejar hacer y dar espacio, y comprometerse a no manipular el dolor para traer agua a su molino.

-¿Eso implica que el sistema de justicia actúe, o es otro tipo de reparación?

-Cuando hablamos de justicia distingo entre justicia penal y otras formas de justicia. Procesos como estos requieren examinar no solamente responsabilidades penales, sino responsabilidades políticas, responsabilidades históricas, complicidad de medios de prensa, de colegios de abogados, del pueblo, de fiscalía. Cuando hablamos de responsabilidad penal es como el sistema de salud: la cirugía es una pequeña medida, y para mí la cirugía es el derecho penal. Pero ¿qué pasa con las vacunaciones, las campañas de lavado de manos, la clínica local de primeros auxilios, el enfermero? Después tienes un hospital de base, la especialidades y la cirugía. La justicia es lo mismo. El tribunal penal y el fiscal son la cirugía final, y están todos los procesos de reparación que tienen que ser masivos y que deben ir mucho más allá de responsabilidades penales.

-¿Quién los ejecuta?

-En este momento se pueden empezar a hacer procesos de reconocimiento de verdad y de reencuentro de víctimas previos a establecer mecanismos. Y forzar a las partes que tienen la responsabilidad de ayudar a superar la crisis para establecer mecanismos que sean consensuados, que representen a todos, que tengan la autoridad moral para establecer formas de reconocimiento de responsabilidades, de escuchar a víctimas y que el país las escuche. Y luego de eso podemos empezar a revisar qué condiciones hay para hacer cirugía.

-¿No pondría ese punto como primero?

-Siempre hablamos que el derecho penal es el último recurso, y en estas discusiones es la primera pregunta aunque debe ser la última. El derecho penal nos produce tanta ansiedad, porque es fuerte en sus consecuencias. Pero es un elefante en una cristalería, es tremendamente peligroso. ¿Cómo canalizar el derecho penal para que sea una contribución a la pacificación de los próximos 50 años, y no un instrumento de revancha? La no instrumentalización del derecho penal es central. Hay que pensar que una cosa es investigación, otra cosa es la condena o asignación de responsabilidades y otra cosa es el castigo. Creo que investigar y juzgar es central, pero puede haber miles de formas para aplicar consecuencias.

Por ejemplo, insiste Correa, hay personas que no tuvieron capacidad para decir que no, “y eso hay que considerarlo”. Hay personas “que pueden estar dispuestas a colaborar”. Se pregunta: “¿Qué hacemos con aquellos que colaboran hasta el punto de ser capaces de enfrentar a las víctimas y pedir perdón?”.

Del derecho penal se espera, explica, la capacidad de igualación de poder, porque la violencia refuerza el poder del perpetrador “y uno busca que el derecho penal equipare los poderes. Pero la equiparación del poder no está necesariamente en la sanción, sino en cómo el proceso ayuda a que ese personaje poderoso baje la cabeza, reconozca su responsabilidad, y en qué medida eso es más sanador para la víctima que saber que el perpetrador va a estar 25 años en la cárcel”.

Cita los casos de gran corrupción, y se pregunta: ¿Es más importante el castigo, o lo más importante es que se devuelva el dinero mal habido? Los que entregan información, y que devuelven 60% de lo llevado, eso vale mucho más “que si lo seco en la cárcel”. Por eso “hablamos de una justicia que sea capaz de establecer condicionalidades que ayudan a la sanación”.

Para Correa “las víctimas tienen que estar en la mesa, pero estas son responsabilidades de Estado. ¿Cuándo un Estado está en condiciones de eso? Toma tiempo”. Hace alusión a los casos de Argentina y de Chile. “Las condiciones para hacer justicia en términos equitativos, justos e inclusivos toma tiempo”.

Hoy habría que trabajar “las garantías que tenemos que dar para que cualquier proceso de justicia no sea la justicia de los vencedores, que tengamos la capacidad de examinar lo más grave y desde una perspectiva restaurativa”, que se garantice equilibrio y que no sea venganza. Rememora que en Perú juzgaron a Abimael Guzmán y a Alberto Fujimori. A ambos.

Las madres no se rinden: las mujeres de Orfavideh y su búsqueda de justicia y reparación

Desde Reacin hemos trabajado en este cómic que está basado en una investigación, coordinada por nosotros, en el marco del proyecto “Entradas y salidas a la violencia armada: economías ilícitas, actores armados estatales y no estatales, víctimas y perspectivas de reparación”.

El cómic ha sido realizado en un trabajo conjunto por Francisco Sánchez, Verónica Zubillaga y Manuel Llorens, investigadores de nuestra red, así como por el narrador, ilustrador y comunicador visual Lucas García.

¿Qué hacemos con tanto dolor?

Los relatos aquí presentados de forma visual fueron recogidos y elaborados a partir de un proceso de investigación-acompañamiento-acción con mujeres que perdieron a sus hijos producto de la violencia policial. Lo que aquí se narra y grafica son sus historias y luchas.

Contar con las voces de las propias personas afectadas se hace necesario para restituir el tejido social herido y buscar unos mínimos de compasión en una sociedad que está constantemente asediada por múltiples expresiones de violencia, pérdidas, duelos no elaborados, pero también luchas.

El escritor albanés Ismail Kadaré en un hermoso trabajo sobre la tragedia griega se pregunta por el origen de este género fundacional para el mundo occidental. Kadaré se alienta a imaginar qué pasaría en la mente y contexto de aquellos escritores para escribir de esa manera y sobre esas tribulaciones, y llega a una singular conclusión: los griegos fueron la primera civilización en aceptar la culpa/responsabilidad por la destrucción de toda una civilización, a saber, Troya. La tragedia, para Kadaré, no tiene origen en los cantos o fiestas dionisiacas, sino por el contrario, nace en los rituales creados alrededor de los entierros balcánicos, donde el dolor podía tener un lugar compartido, un lugar común.

Nada más cercano para nosotros que nos vemos diariamente confrontados con la infame pregunta ¿qué hacemos con tanto dolor?

El dolor no es necesariamente un movilizador de acciones. Mucho menos en la ausencia y detrimento de lugares comunes para hacerlo compartido. Esto ha sido bien estudiado por el sociólogo francés Didier Fassin quien, trabajando con víctimas y afectados por diferentes violencias en el mundo, acuña el término anestesia política. El dolor puede anestesiar al cuerpo político, inmovilizarlo, castrarlo, des agenciarlo y hacer que los señalamientos se conviertan en dagas internas, anulando las posibilidades de transformación y acercamientos en contextos donde, sin lugar a dudas, la población comparte problemas comunes.

Por eso creemos que sí, que es necesario conocer en mayor profundidad las diferentes latitudes de nuestros dolores compartidos, de nuestras tragedias, para, como nos invita la antropóloga colombiana Miriam Jimeno, buscar constituir una comunidad emocional y poder acogernos y sanar juntos; es decir, un lugar común emocional. Así como Kadaré, contemplar, imaginar, integrar. Este registro visual de testimonios esperamos se convierta en una herramienta para condolernos con las pérdidas de las madres y familiares. Es un sentido testimonio de las luchas cotidianas para levantar una voz que exclama: existimos y seguimos. Es también una muestra de la batalla de estas mujeres por recuperar la dignidad y los derechos lacerados.

Nos corresponderá entonces imaginar horizontes donde los diferentes dolores puedan tener lugares comunes. Así como hermanos países latinoamericanos que han transitado caminos largos, dolorosos,

buscando y develando verdades y responsabilidades con la esperanza de justicia. Al fin y al cabo, ese es el rol de la política, acercar a los polos antagónicos en una pugna que no pierda el sentido de la dignidad humana. Que el dolor no nos inmovilice y nos reste el sentido de la historia que vivimos y tenemos que poder superar. Así como las valientes mujeres que prestaron testimonio para el cómic, reconocernos como una sociedad herida es clave para reconstruir la comunidad política, así como también formas de reparación y sanación a todo el dolor que la violencia ha provocado.

Descarga el cómic en el siguiente enlace:

Francisco Sánchez en La Vida de Nos: ¿De cuánto se ha perdido Yajaira?

Recientemente, nuestro investigador Francisco Sánchez publicó un trabajo especial para el portal La Vida de Nos, un relato sobre el dolor que viven las familias de la víctimas de la violencia en manos de cuerpos de seguridad del Estado.

Sánchez —en su trabajo como psicólogo con incidencia en las comunidades, y en su necesidad de generar registros— nos habla sobre la elaboración del duelo. Sobre la manera en la que Yajaira, madre de un joven asesinado por la policía mientras estaba en su casa, aborda la pérdida.

El testimonio de Yajaira es, al mismo tiempo, el testimonio de muchas madres que, con el infierno en la memoria, emprenden una búsqueda incasable de justicia.

Ilustraciones por Ivanna Balzán

La mañana del 14 de marzo de 2013 unos policías echaron abajo la puerta de la casa de Yajaira Martínez, persiguieron a su hijo hasta la platabanda de la vivienda y allí le dispararon. Han pasado exactamente ocho años y un mes, un tiempo en el que ella no ha hecho más que concentrarse en tratar de hallar justicia: una búsqueda que la ha llevado a callejones vacíos y sin salida.

Como la de muchas mujeres de los barrios de Venezuela, la vida de Yajaira Martínez se tejía alrededor de temores y preocupaciones: cómo llevar comida a casa, cómo encontrar los productos que escaseaban cada vez más, cómo trabajar y no descuidar a los hijos, cómo mantenerlos alejados del peligro y de que no se metieran en vainas. Pero el 14 marzo de 2013 su cotidianidad se llenó de más que miedos y preocupaciones: se vio envuelta por una neblina, esa que aparece cuando la angustia se apodera de la realidad. 

El comentario de que la policía estaba entrando a las casas “haciendo desastres” era el centro de las conversaciones en el barrio. Esa mañana, la familia se preparaba para un día común: ¿en dónde hacer la cola?, ¿hasta qué lugar del este de Caracas podrían llegar con el dinero en efectivo que tenían para pasajes?, ¿a las personas con qué terminal de número cédula de identidad les tocaba comprar ese día? Yajaira siempre les inculcó a sus hijos que la escuela debía ser su prioridad. Pero a veces les permitía faltar para que la acompañaran a las colas. Mejor cuatro personas que una, decía, porque de ese modo podían hacer hasta dos colas a la vez, y por lo tanto, comprar más productos.

Entonces vino la escena que, como todas las escenas de terror, es entrecortada.

Los policías doblaron y destrozaron la puerta de latón de la entrada. Después, entraron en la casa. Encontraron a Yajaira en la cocina y a Matilde y a Darío, sus hijos, en la sala. Ella de 9 años y él de 18. Los apuntaron con sus bichas. Matilde y Darío corrieron a la platabanda y dos funcionarios los persiguieron. Sonaron sus botas por las escaleras de cemento. Yajaira gritaba en la cocina, pedía auxilio. La mandaron a callar a fuerza de un arma apuntándole al rostro. En la platabanda Darío separó a su hermana: la alejó, empujándola al suelo. La salvó. A él lo tenían apuntado. Intentó lanzarse a un callejón y fue cuando los policías escupieron fuego de sus armas. No hubo palabras. Él cayó al callejón y desde arriba siguieron disparando. La ventana de la cocina da con ese callejón, así que Yajaira escuchó todo. Matilde quedó tendida en la platabanda, ensordecida con el estruendo, solo una ráfaga. Cubrió sus oídos, pero no tapó sus ojos.

La imagen sigue viva.

La recuerda cada 14 de marzo, aunque sus sueños la repiten con arbitrariedad.

La vida perdió sazón, recuerda Yajaira, la vida perdió sazón.

Los cumpleaños dejaron de ser celebraciones y se convirtieron en rituales para recordarse no decaer. Las fotografías ya no son recuerdos de los encuentros familiares, pasaron a ser evidencia recogida, hojas guardadas en una carpeta amarilla manchada con café. El cuarto de Darío se convirtió en un templo de oración en el que mantienen sus cosas intactas: la ropa, el rosario, un par de zapatos, una mesa de noche llena de los pequeños objetos. Todo como buscando evitar lo inevitable: el paso del tiempo. 

Algunas velas encendidas dan color a un pequeño altar al lado de la puerta de entrada. Imágenes y flores como ofrendas. Allí están algunos recortes de prensa, algunas imágenes de él de niño, de chamo, de adolescente. “No más muertes, salvemos la vida”, se lee en una hoja de papel pegada con cinta al pie del altar.

Nos repetimos hasta el cansancio que la muerte es parte de la vida y que solo se necesita tiempo para sanar. Hay muertes que paran la vida, la mutilan y la rompen en pedazos. Y la labor de recomponer estas piezas requiere algo más que tiempo.

Yajaira vive con su familia en la otra Venezuela. No la petrolera. No la de la sabrosura y lo chévere. No la de las playas y la naturaleza espectacular. No la del rojo y el azul en riña perpetua. Tampoco aquella de los recuerdos de opulencia. Ella nació, creció y formó su hogar en Coche, en el suroeste Caracas. Trabajando en casas de familia y ayudando en cocinas de escuelas encontró el sustento. Sus hijos nacieron en una Venezuela donde la materia prima son las balas.

Hablar sobre la muerte es difícil, dice ella, pero más difícil es todo lo que viene después de la muerte. Las patrullas rodeando la cuadra. Los vecinos asomados murmurando sin preguntar qué pasó. El frío de las comisarías y las eternas horas esperando. El dolor del entierro anticipado. El miedo a la profanación de la tumba. Los policías y sus preguntas que entran como cuchillos al corazón:

—Señora, ¿pero usted sabía que su hijo era un malandro?

—Pero él se enfrentó a la comisión, señora, ¿cómo nos dice que no?

—¿No será que usted lo defiende por ser su mamá?

Una muerte nunca es solo una cifra, nunca es solo un cuerpo. Una muerte como la de Darío es una herida pensada. Con una muerte así, la pregunta “¿por qué nos hacen esto?” pareciera no tener respuestas.

—Fue tanto mi dolor —cuenta Yajaria— que tuve que salir de la casa a buscar respuestas. No sabía qué era eso de los derechos humanos, pero aprendí que debo luchar por lo mío; que teníamos derechos y nos los quitaron; que había muchas otras como yo; que a tantas otras mujeres les pasaría esto. Por eso busco la forma de parar tanta muerte.

Decir que la vida cambia después del asesinato de un hijo es poco.Para intentar recomponer su vida, Yajaira comenzó a buscar justicia.

—Recomponer mi vida pasa por restaurar el nombre de mi hijo. No tenían que matarlo. No era malandro. No es verdad.

Así emprendió esta lucha que lleva ocho años. Ocho años que se dicen con una velocidad que niega lo vivido. Tantas visitas al Ministerio Público, a fiscalías, a la Defensoría del Pueblo, a ONG que defienden derechos humanos. Buscando justicia se ha visto en callejones vacíos y sin salida.

No volvió a tener un trabajo fijo. Cada intento de trabajar era interrumpido por un llamado de urgencia: hay que llevar fotocopias a la fiscalía, la ONG pidió una reunión, cambiaron al fiscal de nuevo.

El miedo a que se repitiera otra muerte se apoderó de la familia. Su hijo mayor, que tenía 22 años cuando asesinaron a Darío, se fue del país. La menor, que tenía 9, cumplió 16 viviendo entre la sombra que la policía sembró en casa aquel día de marzo. El marido acompaña todas las locuras que se le ocurren a ella: perseguir la justicia, apoyar a otras víctimas, crearse una cuenta de Twitter.

En esa búsqueda nos conocimos.

Yajaira quería llevar su caso a instancias que pudieran dar alguna respuesta y también llevar su mensaje a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Era 2014. En Venezuela vimos cómo policías con máscaras de calaveras bajaban de los barrios, con cuerpos amontonados como los muertos por una peste.

Yo comenzaba a investigar sobre los familiares de aquellos que eran asesinados por armas de fuego en Venezuela. Mi trabajo como psicólogo me abría las puertas para escuchar las historias de los estragos de la violencia en el país. Sentía la necesidad de registrar estos testimonios de horror, pero también de resistencia de muchas mujeres que se hacían cargo de sus familias luego de los asesinatos.

Nos conocimos en una pequeña protesta. Me acerqué a donde estaba ella con otras mujeres recortando fotos de sus hijos y pegándolas en una cartulina negra. Aquel día conversamos mucho. A partir de entonces comenzamos a vernos. Supe que su vida transcurría entre las oficinas policiales y gubernamentales. Me di cuenta de que Yajaira tenía un conocimiento de las leyes y de todos esos agotadores temas penales que resultaría envidiable a muchos especialistas.

Ella me hablaba de todo, pero evitaba hablar de su familia, al menos de la que le quedaba con vida. Sus días transcurrían mientras esperaba. La espera por otra respuesta negativa de la fiscalía, por otro recurso denegado, por otro reclamo sin eco en las cavernas del Estado venezolano.

Comenzamos un trabajo conjunto: buscamos en muchas comunidades a otras personas que vivieron situaciones similares a la de ella. Nuestros encuentros servían para que ella volviese la mirada hacia atrás, para hablar de su dolor, para conocer a otras víctimas y documentar todo ese presente que vivíamos.

A Matilda, el estruendo de las ráfagas del 14 de marzo no solo le arrebató a su hermano, sino también el tiempo de su madre. No le era fácil verla tan concentrada únicamente en esas diligencias burocráticas. A partir de entonces, Matilda dejó de ser la consentida. Las panquecas en la mesa del domingo en la mañana fueron cambiadas por archivos policiales, recortes de periódicos amarillentos y muchos nombres de jóvenes asesinados. Las conversaciones por teléfono de su madre ya no fueron con sus tías o vecinas. No había quejas por las cosas de antes y, en su lugar, entró el discurso de los derechos humanos. La gente que visitaba la casa también cambió: ahora era común levantarse y ver a periodistas, a activistas o a otras víctimas hablando sobre sus vidas.

Matilda comenzó a tener otros anhelos. No visitar fiscalías, morgues, ni estar en rezos. Al contrario: quería bailar y cantar.

Hace un año, el 14 de marzo de 2020, nos encontramos para visitar la tumba de Darío en el Cementerio General del Sur. Estábamos en los albores de la cuarentena por la pandemia de covid-19; no teníamos idea de lo que estaba por comenzar.  

—El traslado de la tumba hasta un lugar más cercano a la entrada costó mucho, pero da mucha tranquilidad saber que puedes cuidarla —me dijo Yajaira.

Allí estábamos Matilde, su padre, Yajaira y yo.

Matilde acomodaba algunas cosas sobre la tumba del hermano: un papel bond con un “Feliz cumpleaños. Te extrañamos”una velita encendida y una foto de él sonriendo.

Yajaira vestía una franela con el rostro de su hijo estampado, reproducción de una vieja fotografía donde él sale sonriente. La usa en todas las actividades importantes en honor a su hijo. No éramos los únicos ese día en el cementerio. De fondo se escuchaba salsa, olía a sancocho, a empanadas y ron. Era como ver a un colectivo de limpieza y acomodo en varias tumbas.

Se acercaron unos conocidos en una moto. Se abrazaban. Se consolaban. Yajaira dice que las víctimas se reconocen de lejitos y por eso se apoyan. Uno de los hombres gritó: “¡Ponte una salsa ahí que está llegando la tristeza!”. Y tenía razón, todo parecía una triste celebración a la vida en medio de la muerte.

Quise tomar una fotografía a la familia, pero Matilde se negaba. Retratarse en esas circunstancias no le hacía gracia. La madre insistió e insistió hasta que la muchacha accedió. Allí quedó la imagen. No era una fotografía de un acto, de un trabajo, de un encuentro de activistas: era un retrato familiar. Íntimo.

Luego de algunas horas de estar en el cementerio, nos despedimos y cada uno tomó su camino.

Al conversar por teléfono unos días después, Yajaria me pidió la fotografía. Al verla, enmudeció por algunos segundos. Luego suspiró. Estaba sorprendida, incrédula de ver a la mujer que estaba a su lado.

—En la espera por la justicia se me ha pasado la vida —dijo—. Ya no solo la mía, se me pasó también la vida de ella. ¡Mírala cómo ha crecido! ¿De cuánto me he perdido…?

Los nombres de los protagonistas de esta historia han sido cambiados para proteger sus identidades.